La responsabilidad de los funcionarios públicos constituye junto con el acceso a la información y el acceso a las cuentas públicas, uno de los pilares fundamentales de la rendición de cuentas. Es por ello que resulta relevante considerar el resultado que dio a conocer, la semana pasada, la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La dependencia señaló que en lo que va de la actual administración, se han impuesto sanciones equivalentes a 864.5 millones de pesos a servidores que por acción u omisión han afectado al erario público (http://bit.ly/15tXTWu). Es así que en los últimos siete meses se inhabilitaron a 909 funcionarios, se suspendieron a 1,391 y se aplicaron amonestaciones a 1,953 y, sin embargo, la percepción sobre el aumento de la corrupción y la impunidad de la que gozan los responsables de los grandes desfalcos al erario continúa en aumento.

La creación de un sistema general de responsabilidades —que vaya más allá de la sanción— ha sido una de las propuestas de la Red por la Rendición de Cuentas. El enfoque ha sido el de una política pública que genere una mejora institucional. En los trabajos de la red se han detectado ausencias importantes que impiden que este sistema sea posible. En este sentido, es necesario no solamente ofrecer mayor certidumbre a los servidores públicos al tipificar conductas que permitan conocer de antemano las consecuencias de ciertas acciones sino también precisar conductas y acotar términos que actualmente ocasionan que el engranaje institucional sea ineficiente.

Asimismo, se ha señalado la necesidad de especificar con mayor claridad las atribuciones de cada funcionario para así poder distinguir las normas de obligación de las de sanción. Se ha detectado que la regulación vigente en materia de responsabilidad no sólo es desafortunada sino disfuncional. Por lo mismo, resulta imperativo distinguir entre responsabilidad institucional y responsabilidad personal para trabajar en los incentivos que permitan un mejor desempeño de los funcionarios.

De esta manera, habríamos de transitar de un sistema punitivo a uno que facilite el cumplimiento de los deberes del funcionario. Las sanciones administrativas, tan publicitadas en medios por las entidades responsables, deben ser el último recurso.

La Red por la Rendición de Cuentas recomienda el texto “Rendición de Cuentas y responsabilidad por actividad discrecional y por omisión” de José Roldán Xopa que forma parte de la Colección Cuadernos de la Red y que se presentará la tercera semana de agosto de este año.