Política nacional

Ejecutivo

a) Muere Secretario de Gobernación en accidente aéreo:

El Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora y otros 7 colaboradores suyos, fallecieron este viernes al desplomarse el helicóptero en el que viajaban. Las primeras indagaciones señalan que el piloto del helicóptero, no perdió el control de la aeronave y ésta tampoco presentó fallas mecánicas. Hasta el momento y a pesar de ser el segundo Secretario de Gobernación calderonista en perecer en un accidente aéreo, la hipótesis predominante es la del desplome causado por la poca visibilidad derivada por el mal clima. (El Universal, Reforma).

b) Citan a ex subsecretario de la SCT para aclarar ilícitos en su gestión:

La Secretaría de la Función Pública (SFP) citó a comparecer, el primero de diciembre, a Jorge Álvarez Hot, ex subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por incurrir en presuntas irregulares de carácter administrativo. En un edicto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la semana pasada la SFP refirió que de acuerdo con una denuncia presentada por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SCT, se inició un procedimiento de responsabilidades administrativas en contra del ex funcionario por incurrir en omisiones que implicaron el ejercicio indebido de su cargo, según el expediente 15/2011 (La Jornada).

c) Crecen denuncias en Función Pública:

La Secretaría de la Función Pública (SFP) registró entre septiembre de 2010 y julio de 2011, mil 181 quejas y denuncias por presuntos actos irregulares de servidores adscritos a su nómina. Esa cifra es mayor en comparación con las 735 que se recibieron en el mismo periodo de 2009-2010. De acuerdo con su más reciente informe de actividades, la dependencia encabezada por Salvador Vega Casillas inició en ese periodo 42 procedimientos de responsabilidad administrativa, más 32 que se encontraban en trámite, 51 por ciento de los cuales no han sido desahogados. Además, la SFP resolvió 936 quejas y denuncias, cantidad que representa 79 por ciento de los expedientes (Reforma).

d) Salen caras auditorías:

Las auditorías realizadas en diversas dependencias costaron 4 mil 102 millones de pesos, y sin embargo, sólo 15.5 por ciento arrojaron sanciones a funcionarios. Del total de las sanciones, las aplicadas como resultado de las auditorías por quejas o denuncias de ciudadanos, registraron una caída en términos porcentuales, debido a que en 2007 llegaban a 54.7 por ciento del total de servidores públicos castigados, y en 2010 se ubican en 34.4 por ciento. De acuerdo con el quinto Informe de Labores de la Secretaría de la Función Pública, desde 2008 la mayoría de las sanciones administrativas (56.4 por ciento en 2008 a 48 por ciento en 2010) se deben a problemas ocasionados por falta de cumplimiento en el envío de la declaración patrimonial por parte de servidores públicos (Reforma).

e) Coahuila: halla SHCP nuevas anomalías:

La Secretaría de Hacienda detectó tres créditos bancarios adicionales del gobierno de Coahuila que pretendieron registrarse ante la dependencia con documentación falsa. Información de Hacienda revela que los pasivos son del orden de 3 mil millones de pesos, los cuales fueron contratados con Banorte. Esos créditos irregulares formarán parte de una nueva denuncia que interpondrá la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) ante la Procuraduría General de la República (PGR) en las siguientes semanas. Con los pasivos irregulares, son ya ocho créditos con documentos apócrifos que pretendieron registrarse ante Hacienda y suman más de 8 mil millones de pesos (El Universal).

f) Presentan denuncia penal en contra del subdirector de la CONAVI:

La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR), denuncia penal por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones, en perjuicio de dos mil familias, usuarias del programa “Ésta es tu casa” y contra de Miguel David Hernández Contreras, subdirector General de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y del representante legal de Construcciones y Edificaciones (ANDHA), Arnoldo Trinidad Barba Orozco. Además, la SFP destituyó a Hernández Contreras, le aplicó multa de 23 millones de pesos y lo inhabilitó, junto con la empresa Andha, por 15 años, para trabajar para el gobierno, por diversas omisiones en la aplicación de más de 11 millones 590 mil pesos, en 725 acciones de subsidio de los fondos federales del Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda “Ésta es tu casa” (El Sol de México).

 

Legislativo

a) PRD plantea regular deudas de los estados:

La fracción del PRD en el Senado presentó una iniciativa para transparentar los mecanismos encaminados a controlar y regular las deudas de los estados. El senador Arturo Herviz dijo que es urgente tomar medidas al respecto, ya que el endeudamiento, no sólo de Coahuila, sino de la mayoría de las entidades federativas y municipios puede poner en riesgo las finanzas públicas locales. El legislador hizo notar que el problema no es sólo que el estado de Coahuila es investigado por autoridades hacendarias y judiciales por la deuda millonaria que contrató por más de 31 mil millones de pesos, sino que hay otras entidades que tienen problemas para hacer frente a su endeudamiento (La Jornada).

b) Solicitan juicio político por el caso Coahuila:

Por conducto de los diputados Estela Damián Peralta, del PRD, y Jaime Cárdenas, del Partido del Trabajo, ingresó a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra del ex gobernador de Coahuila y actual dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, por los presuntos malos manejos financieros ocurridos durante su gestión en la entidad. Promovido por ciudadanos agrupados en la Asociación Civil Claridad y Participación, entre ellos el ex legislador Jesús González Schmal y el empresario Alejandro Gurza, la petición de juicio político se sustenta en que presumiblemente la mala gestión de Moreira generará pérdidas a la Federación, esto en virtud de que 80 por ciento del presupuesto de esa entidad proviene de las participaciones federales (La Jornada).

c) Señala ASF rezago en metas sociales:

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó sobre los pendientes en materia de salud, educación y combate a la pobreza que enfrenta el Gobierno del Presidente Felipe Calderón en la recta final de su sexenio. En un análisis entregado a la Cámara de Diputados, la ASF señala que hay deficiencias en la calidad de los servicios de salud y en la entrega de medicamentos, que en todos los niveles educativos no se ha alcanzado la cobertura total y que la pobreza aumentó por falta de oportunidades de empleo y de mayor ingreso. En el documento “Consideraciones en torno al V Informe de Gobierno”, la ASF hace un extenso comparativo entre los avances reportados y las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND), así como los resultados de las auditorías a la Cuenta Pública de 2009 (Reforma).

d) El PAN busca reintegrar la reelección:

El pleno del Senado dio entrada a la minuta de la Cámara de Diputados sobre la reforma política. En relación con ello, el panista José González Morfín sostuvo que buscarán reintegrar los temas que fueron eliminados en San Lázaro, como la reelección de legisladores. Sin embargo, en su reunión plenaria la mayoría de los diputados del PRI se pronunciaron por allanarse a los cambios que hizo la colegisladora a la minuta  que envió el Senado. Es preferible sacar una parte que nada, expuso el legislador Francisco Labastida. Pedro Joaquín Coldwell dijo que de no ser así la reforma quedará congelada pese a que tiene aspectos relevantes que se deben rescatar (La Jornada).

e) Gasta más SSP… sin resultados:

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) refutó los logros reportados en materia de seguridad pública en el Quinto Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón. En un análisis enviado a la Comisión de Vigilancia, el órgano de fiscalización de San Lázaro afirma que el aumento en el presupuesto para ese rubro no se ha traducido en una disminución de delitos en el País. El organismo documentó que de 2006 a 2009 no se redujo el número de ilícitos a nivel nacional, ya que la tasa de crecimiento anual fue de 7.4 por ciento al pasar de 10 mil 735 a 13 mil 287 delitos por cada 100 mil habitantes. La ASF señala que, en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, planteó disminuir al menos 10 por ciento el número de delitos federales cometidos por cada 100 mil habitantes, meta que hasta ahora no se ha alcanzado (Reforma).

f) Buscan que Senado nombre a consejeros:

La bancada del PAN en el Senado propondrá una reforma para que la Cámara alta pueda nombrar a los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) cuando los diputados federales sean incapaces de hacerlo. En medio de la polémica que ha generado la falta de acuerdos en San Lázaro, que ha dejado como resultado un IFE “mocho”, los panistas proponen cambios a la Constitución para que el Senado pueda intervenir y garantizar la operación de un órgano electoral completo. En la iniciativa se establece que si los diputados no han realizado los nombramientos en los plazos que marca la Constitución, la facultad pasará a los senadores, quienes tendrá un plazo no mayor a 30 días para realizar la elección de consejeros, que deberá ser aprobada por las dos terceras partes de sus miembros presentes (Reforma).

g) Logran diputados acuerdo inicial para aplicar el Presupuesto 2012:

La Cámara de Diputados modificó sustancialmente el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2012, que envió el pasado 8 de septiembre el presidente Felipe Calderón, el cual contenía recortes al gasto social, infraestructura, educación y campo. Por primera vez en los últimos años, todas las fuerzas políticas representadas en San Lázaro llegaron a acuerdos en el reparto del gasto aunque se hicieron ajustes y se buscan nuevas definiciones finales para esta semana. (La Jornada, Reforma, El Universal).

 

Judicial

a) Bajo la lupa, cuentas bancarias de jueces de Distrito:

El Consejo de la Judicatura Federal firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a través del cual se estableció  un procedimiento eficiente para la petición y entrega de información y documentación relacionada con las cuentas bancarias, contratos de inversiones y operaciones financieras de los jueces de Distrito y magistrados de Circuito, en su carácter de clientes y usuarios de las instituciones de crédito. La medida, que también abarca a los servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales y administrativos del propio CJF tiene la finalidad de que la CNBV agilice el proceso de atención de los requerimientos de información que se le hagan en este rubro, con pleno respeto al secreto bancario (El Sol de México).

b) Procesan a empleados de la PGR por fraude al FOVISSSTE:

La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene bajo proceso a 42 de sus funcionarios por defraudar al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), informaron fuentes de la dependencia. A la fecha, 32 de los servidores públicos habían solicitado amparos para evitar su aprehensión. Sin embargo, a 14 ya se les ha determinado formal prisión al determinarse su culpabilidad por el delito de fraude. De acuerdo con funcionarios de la dependencia, y pese a la intervención de los sindicatos, el proceso continúa contra los inculpados que alteraron sus prestaciones para obtener un mayor crédito hipotecario para la adquisición de una vivienda (Excélsior).

 

Organismos Autónomos

a) La SFP, omisa en casos de acceso a la información y transparencia:

La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sido ineludiblemente omisa en materia de transparencia y acceso a la información, ya que de 77 denuncias que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ha interpuesto –de 2004 a la fecha– contra funcionarios que han negado información gubernamental, en 47 casos cerró las investigaciones por falta de elementos, 21 asuntos siguen en investigación y sólo nueve concluyeron con sanción. Aun cuando se solicitó a la SFP información sobre el tema, omitió dar respuesta. El área de comunicación social se limitó a señalar que se buscarían los datos y que el 3 de noviembre pasado el titular de la dependencia, Salvador Vega, ya había hecho declaraciones respecto de las sanciones (La Jornada).

b) IFAI: sigue en trámite la averiguación de la PGR contra López Obrador:

Sigue en trámite la averiguación iniciada por la Procuraduría General de la República (PGR) contra Andrés Manuel López Obrador por el presunto delito de abuso de autoridad, reveló el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). En sesión pública, el pleno del IFAI decidió postergar la resolución del proyecto a cargo de la comisionada María Marván, quien inicialmente propuso revocar la clasificación que la PGR impuso a ese dato solicitado por un ciudadano –estado que guarda la investigación referida–, aunque confirmaba la confidencialidad de la indagatoria (La Jornada).

c) Ordena IFAI entregar datos sobre venta de Teléfonos de México:

Por unanimidad, el pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ordenó  a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) entregar todos los datos relacionados con la venta de la empresa Teléfonos de México a un particular, realizada en 1990. La presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard precisó que, “conforme a la información disponible, Teléfonos de México S.A. de C.V. no fue enajenada a una persona física o moral, sino que el gobierno federal decidió reducir su participación accionaria, en esa empresa. Al resolver el recurso de revisión presentado por un particular, el pleno del IFAI resolvió que, en caso de no localizar dicha información, la SCT deberá declarar formalmente su inexistencia, conforme lo estipula la Ley Federal de Transparencia (El Sol de México).

d) Justifica Valdés el traslado de recursos a gastos de consejeros:

Ante las críticas por la decisión de ampliar en 150 mil pesos mensuales el gasto de los consejeros, el presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, sostuvo que no hay ningún aumento presupuestal, solamente se ha reconducido, se han llevado recursos que no se aplicaron por la ausencia de tres consejeros a las oficinas de los que están en funciones, para que realicen adecuadamente su trabajo. Por otra parte, matizó su descalificación al proceso de selección interna del candidato presidencial del PRD y su postura sobre la validez de las encuestas aplicadas, ante las críticas del dirigente perredista Jesús Zambrano (La Jornada).

e) Exigen informes de sanciones al INM:

El Instituto Nacional de Migración (INM) deberá entregar información relacionada con las sanciones que se hubieran impuesto a sus servidores públicos por violaciones a los derechos humanos desde el año 2000 a la fecha. De acuerdo con una solicitud de información, el instituto dijo no contar con dicha información e incluso señaló que estaba fuera de sus facultades, pues afirmó que era la Secretaría de la Función Pública (SFP) la que debía contar con ello. En las indagatorias del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) sí encontró quejas en contra de servidores públicos de Migración ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por lo que el INM no puede negar la existencia de dicha documentación (El Universal).

f) Lagunas en la ley de datos local:

A partir del 1 de enero de 2012, todas las empresas mexicanas estarán obligadas a garantizar, de manera absoluta la protección de datos personales de sus clientes y empleados. Sin embargo, en la legislación aún quedan zonas grises, sobre todo, para las compañías de tecnología. Mientras las firmas que operan en el país deberán ajustarse a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), garantizando a las personas los derechos conocidos como ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) en referencia a la manera en cómo la empresa usa sus datos, empresas como Google, Facebook y Twitter podrían contar con argumentos para no acatar la ley (Excélsior).

g) Piden a universidades mayor transparencia:

Angel Trinidad Zaldívar, comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) afirmó que las universidades públicas no pueden omitir las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas que tienen con la sociedad, sólo por el hecho de tener autonomía constitucional. De 42 instituciones de educación superior autónomas, 14 de ellas (33.3 por ciento) no consdiera el principio de máxima publicidad en su normatividad ni incluye como obligación de transparencia el contrato colectivo de trabajo, reveló el comisionado. (El Universal).

 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Universidades y Empresas

a) Permea opacidad programas sociales:

La organización  Gestión Social y Cooperación (GESOC) dieron a conocer el Índice Naciona de Desempeño de Programas Federales (INDEP 2011), en el cual se señala que 70 programas sociales federales, 53% del total que existen, se encuentran en la opacidad y, por tanto, se desconoce la utilidad social de los 84 mil millones de pesos que se les destina. Junto con esa, que llamó la “caja negra” del gasto social, GESOC detectó que se entregan más de 46 mil millones de pesos a 35 programas cuyo bajo nivel en cobertura o “alta dispersión” implica que no podrían resolver el problema público que les dio origen. Ambos casos —en total 105 programas— representan 130 mil millones de pesos que en realidad no sirven para el objetivo de reducir la pobreza o se desconoce si han logrado algo (El Universal, Reforma, Proceso).

b) Resisten jueces rendir cuentas:

Los jueces son uno de los principales grupos renuentes del nuevo sistema acusatorio, ya que no están acostumbrados a rendir cuentas, señalo Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). El actual sistema es oscuro y pavoroso, por lo que los impartidores de justicia son los que determinan si alguien es culpable o inocente sin dar explicaciones, dijo el experto. “Hoy cambian las cosas, el juez tendrá que explicar que un inocente va a prisión o por qué un culpable queda libre, cuando un juez haga eso, y todo mundo vea cómo está actuando va a quedar en evidencia. Los jueces han sido uno de los grupos más renuentes a la reforma”, afirmó el titular del INACIPE (Reforma).

c) Suben afiliados, no hospitales- Fundar:

La cobertura universal en salud no es sinónimo de acceso pleno a servicios médicos, pues éstos se brindan en medio de múltiples carencias, aseguró el Centro de Análisis Fundar. Briseida Lavielle, investigadora de Fundar, destacó que la afiliación masiva de millones de mexicanos al Seguro Popular no ha elevado la calidad de los servicios ni la infraestructura con los que se otorgan. “El Gobierno federal, en el proyecto de Presupuesto para 2012, espera que se alcance la cobertura universal en salud al afiliar a 52.3 millones de mexicanos, pero llamamos la atención porque además de afiliar en el papel, hay que cuidar los problemas de opacidad, de rendición de cuentas, de falta de infraestructura (Reforma).

d) Piden “lupa” en estados:

Organizaciones civiles urgieron a los diputados a establecer candados en el presupuesto para que los estados gasten sus recursos con transparencia. En conferencia de prensa, el coordinador de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar, Diego de la Mora, advirtió a los diputados que el incremento de recursos presupuestales no garantiza que se usen con efectividad, por lo que hay que supervisarlos. Fundar y otras organizaciones pidieron al Legislativo revertir la reducción presupuestal que planteó el Ejecutivo para 2012, que bajó 64 por ciento los recursos de los programas de salud reproductiva y equidad y género y 21 por ciento los del combate a la mortalidad materna (Reforma).

e) Gasta Gobierno sin resultados:

En 10 años, el gasto corriente del sector público aumentó 75.7 por ciento en términos reales, sin que que esto detonara un mayor crecimiento económico o una mayor competitividad para el País, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Hacienda y opinión de especialistas. Y es que según algunos expertos, México no podrá mejorar su desarrollo y desempeño económico si los recursos públicos se siguen canalizando -como hasta ahora- al gasto corriente. Desafortunadamente, pese a que el Gobierno federal recibió la década pasada ingresos excedentes récords provenientes del petróleo, y pese a haber quitado más recursos (vía impuestos) al sector productivo privado, no se pudo elevar la tasa de crecimiento económico del País, coincidieron especialistas del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey (Reforma).

f) Recaudan poco e hipotecan ISN:

Las entidades federativas del País están dejando escapar de sus arcas públicas unos 10 mil millones de pesos al año, debido a la falta de una recaudación eficiente del Impuesto Sobre Nómina (ISN), pero además lo poco que reciben lo han ofrecido como garantía para contratar más deuda. De acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Oaxaca, Michoacán, Baja California Sur, Nayarit, Tamaulipas, Coahuila y Chiapas tienen actualmente empeñados sus magros ingresos por ISN. Por ejemplo, Oaxaca apenas alcanza una recaudación del 16.6 por ciento de la que debería obtener; Michoacán, 37.07 por ciento, y Nayarit, 35.7 por ciento, entre otras (Reforma).

g) Revisará la UNAM las fallas del nuevo edificio del Senado:

Ante la inconformidad de los legisladores y las sospechas de malos manejos, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República acordó que sea el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el que se encargue del proceso de entrega-recepción del nuevo edificio legislativo –el cual no ha sido entregado oficialmente–, para que constate las condiciones de la construcción y equipamiento del mismo y, con base en ello, se lleve a cabo una auditoría. El coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal Ávila, advirtió que en los ocho meses que llevan trabajando en el nuevo recinto las fallas e irregularidades son constantes, aunado a las inconsistencias que mantiene el inmueble, por lo que se requiere de inmediato tomar cartas en el asunto, pues hay desconfianza en Banobras (La Jornada).

 

Partidos políticos

a) Exigen panistas cárcel para Moreira:

Aspirantes presidenciales y legisladores del PAN demandaron que el dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira, se ponga a disposición de las autoridades para aclarar lo relacionado con la deuda adquirida presuntamente de manera ilegal cuando gobernaba Coahuila. Incluso acusaron al priista de delincuente y criminal, y exigieron que se le castigue con cárcel. “Lo que se requiere ya es que se ponga a disposición de las autoridades Humberto Moreira para que se deslinde claramente lo que pasó y para que se sancione en caso de encontrarse culpable, que todo indica que por ahí va la investigación y las pruebas”, dijo en Zacapu Santiago Creel (Reforma).

c) Pide FSTSE renuncia de Moreira:

El priista Joel Ayala, presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), pidió al dirigente nacional de su partido, Humberto Moreira, abandonar el cargo para aclarar la mega-deuda que dejó en Coahuila. “Él tiene que ser responsable. Fuimos partícipes, como central, FSTSE, en un apoyo contundente. Logramos inclusive la unidad, candidato único, y él, Humberto Moreira Valdés, tiene que enfrentar, en razón de una posición ética y responsable, en lo que se ha presentado con documentación, y lo tiene que hacer en una separación para enfrentar los problemas (Reforma).

 

Política local

Estados y municipios:

a) Prevé  SUBSEMUN suspender a 41 alcaldías:

Ante el incumplimiento de los requisitos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios (Subsemun), el Gobierno federal analiza la posibilidad de suspender la tercera ministración de los recursos anticrimen a 41 alcaldías. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) anunció que la suspensión ya fue emitida para los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl, Nicolás Romero y Naucalpan de Juárez. De un total de 220 ayuntamientos, detalló, 175 sí cumplieron con entregar documentación comprobatoria a tiempo, por lo cual ya se autorizó la entrega de recursos que en su conjunto suman mil 18 millones de pesos. (Reforma).

b) Grupo armado incendia periódico veracruzano “El Buen Tono”:

En los primeros minutos de este domingo un grupo de al menos 15 hombres armados irrumpió  e incendió las instalaciones del periódico El Buen Tono, que se edita en la ciudad de Córdoba. Los delincuentes quemaron la sala de redacción, oficinas ejecutivas y el área de recepción, confirmaron directivos del rotativo, que este fin de semana cumplió un mes en circulación. Debido a los daños en las instalaciones, los ejemplares del periódico no se pudieron imprimir. Hassan Aldama Assam, director editorial del mismo, no quiso especular sobre los motivos del atentado o los posibles autores intelectuales, pero confirmó que fueron sujetos armados los que arribaron al edificio, ubicado en la prolongación de avenida Uno de dicha ciudad, golpearon a uno de los choferes de la empresa e ingresaron para rociar gasolina en el inmueble (La Jornada).

c) Bahía de Banderas, Nayarit, se niega a pagar deudas:

El alcalde panista Rafael Cervantes Padilla advirtió que no pagará la deuda que dejó su antecesor, el priísta Héctor Paniagua Salazar. Cervantes explicó que no existen condiciones para pagar el pasivo, de casi 400 millones de pesos, pues ello implicaría dejar de hacer obras en el municipio, y no estoy dispuesto a ello. El edil ya pidió un préstamo de 50 millones de pesos y aseguró que lo liquidará en junio (La Jornada).

d) Transparencia municipal será bajo mismo esquema en Tabasco:

La Consejera Presidenta del ITAIP, Felícitas del Carmen Suárez Castro, dio a conocer que el próximo año darán a conocer a todos los municipios una página que ha sido creado por este instituto con la finalidad de que todos los municipios puedan estar de manera uniforme con sus páginas de transparencias; aunque también señaló que será opcional, pues algunos municipios cuentan con páginas especializadas que tienen buena información, sin embargo, se les presentará a todos para que se tengan una misma forma de informar, como pasa a nivel federal con la página de IFAI (El Heraldo de Tabasco).

e) Golpea ‘moreirazo’ a los municipios:

La falta de transparencia del Gobierno en la aplicación de los recursos federales en el programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), provocó que a Monclova le cancelaran 30 millones de pesos. El director de Obras Públicas Municipal, Andrés Sáenz, informó que no recibirán el monto de 30 millones de pesos que habían programado para obras de agua y drenaje en la ciudad. “El recurso estaba programado para el presente año y nosotros comenzamos a hacer una parte, confiando en que llegaría el dinero, pero ya nos dijeron que quedamos fuera del programa”, dijo (Reforma).

f) Ofende opacidad a coahuilenses:

El Consejo Empresarial de la Laguna (CLIP) se pronunció contra el Gobierno de Coahuila por la falta de transparencia en el manejo de recursos. Mediante un desplegado, los integrantes de 18 cámaras y organismos empresariales se dirigieron al Gobernador Jorge Torres y a los diputados de Coahuila para exigir la rendición de cuentas. “Resultó ofensivo para todos los ciudadanos de este Estado que al día de hoy, no haya dado cabal cumplimiento al compromiso por usted adquirido de manejar con claridad y transparencia el origen y destino de cada una de las acciones que se realizaron y que dieron como resultado final una deuda estatal sin precedente histórico en la vida de todos nosotros”, indican (Reforma).

g) IMIPE pone en marcha plataforma para gobierno transparente:

El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) puso en marcha la Plataforma para un Gobierno Transparente, Competitivo e Innovador, a través de la cual se busca homologar la información de todas las entidades públicas, de manera tal que se genere más certeza de las evaluaciones que practican, pero además que genere mejor mecanismo para la sociedad, a través de páginas entendibles, de más comunicación, donde se concentra la información pública de oficio. Fue la consejera presidenta del IMIPE, Mirna Zavala Zúñiga, quien estuvo acompañada por el consejero Salvador Guzmán Zapata, quien hizo un exhorto a la sociedad para que pueda empoderarse del derecho al acceso de información y se le permita tener mejor acceso a conocer y saber cuáles son las acciones de gobierno (La Unión de Morelos).

h) Libre, ex edil de Tampico acusado de desvío de recursos:

Después de permanecer más de dos semanas recluido en el penal de Ciudad Mante, el ex alcalde de Tampico, Óscar Pérez Inguanzo, recuperó su libertad tras depositar más de ocho millones de pesos de fianza, impuesta por el juez primero penal de Ciudad Madero, Juan Artemio Haro. Pérez Iguanzo fue detenido el 17 de octubre por las autoridades estadounidenses y entregado a sus homólogas de Tamaulipas debido a una denuncia en su contra interpuesta por la Auditoría Superior del Estado, por desvío de recursos públicos federales y uso indebido de funciones en perjuicio del ayuntamiento de Tampico, que documentó una deuda en su gestión (2008-2010) de 200 millones de pesos (La Jornada).

 

Distrito Federal:

a) Incumplen en GDF gastos y programas:

Secretarías y organismos del GDF han incumplido con la ejecución de las asignaciones presupuestales para programas específicos que les fueron otorgadas en el Decreto de Egresos de 2011. Alrededor de 761 millones de pesos -de un total de 806 millones 604 mil- no han sido ejercidos por 10 Secretarías y tres entidades: Turismo, Medio Ambiente, Transportes, Desarrollo Rural, Gobierno, Salud, Protección Civil, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Obras, así como el Fondo Mixto para el Turismo, Servicios de Salud y el DIF (Reforma).

b) Faltistas frenan labor legislativa en la Asamblea:

Por enésima ocasión, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) canceló  sus trabajos ante la ausencia de la mayoría de los diputados en el recinto legislativo, por lo que apenas se atendieron 33 de los 90 puntos que se tenían agendados en la orden del día. De hecho, este periodo de actividades del último año de labores de los legisladores capitalinos se ha convertido en práctica recurrente dar por terminadas las sesiones en punto de las 17 horas o cuando se discute en tribuna un punto polémico que no conviene a alguno de los grupos parlamentarios representados en la ALDF (La Jornada).

c) Van contra 73 obras del amparo “milusos”:

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) dio a conocer que se encuentran en proceso de investigación para revocar permisos o iniciar desistimientos de construcción en 60 por ciento de los casos (73 obras) que cuentan con “amparo milusos” de cooperativa Ciber México. En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Felipe Leal, señaló que sólo 40 por ciento de casos con este amparo se llegó a realizar alguna obra. Según el Secretario, de 121 casos que tienen registrados de uso de este documento, que protege a Ciber México en contra de los 16 programas delegacionales de 1997, sólo en 48 hubo construcción (Reforma).

d) Piden a ALDF transparentar sus premios:

El Instituto de Transparencia del DF (InfoDF) ordenó a la Asamblea Legislativa del DF entregar la información detallada de los estímulos que entrega a sus servidores públicos por concepto de estímulos de productividad. En el pleno del InfoDF se pidió a los diputados ser congruentes con su discurso de que la transparencia en la Ciudad es de vanguardia. El llamado lo hizo particularmente el comisionado Salvador Guerrero, durante su intervención en la discusión de un recurso de inconformidad que interpuso un particular porque la ALDF no le entregó completa la información sobre los acuerdos y la relación de los servidores públicos beneficiados con el Pago de Estímulo a la Productividad en 2010 y 2011 (Reforma).

e) Acuerdan mecanismos para transparentar recursos:

El Gobierno capitalino y el InfoDF buscarán mecanismos para que cada ente obligado de la ciudad presente en 2012 presupuestos ciudadanos, a fin de que todas las personas sin ser especialistas, identifiquen con claridad en qué, cómo y quién ejerce el gasto público. También pactaron con organismos de la sociedad civil que la información de oficio que exigen las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF) se exponga en los portales ciudadanos con un lenguaje digerible. De esa forma se podrá hacer un seguimiento puntual de las acciones del Gobierno del Distrito Federal (GDF) (Notimex).

 

Política internacional

a) Critica OEA falta de transparencia de partidos en Guatemala:

La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) criticó en Guatemala la poca transparencia sobre el origen del financiamiento que reciben los partidos políticos, e instó a aprobar reformas electorales que conduzcan a erradicar esas debilidades. Existe preocupación por la falta de transparencia en cuanto al origen de los fondos de campaña, admitió el jefe de la misión, José Octavio Bordón, en conferencia de prensa, un día después de que el general Otto Pérez Molina logró la presidencia en la segunda vuelta electoral (La Jornada).

b) Juez español sospecha del uso de fondos públicos por parte de realeza:

El magistrado sospecha que el nuero del Rey y su socio, Diego Torres crearon varias sociedades para desviar los “fondos públicos y privados” que recibía el Instituto Nóos, dedicado al mecenazgo deportivo y del cual ambos fueron presidentes. Los fiscales están analizando documentación incautada en varias empresas relacionadas con el Instituto Nóos y prevén realizar interrogatorios de posibles implicados. (Agencia EFE, BBC).

c) Crean organismo para regular y fiscalizar las universidades en Chile:

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, firmó un proyecto para la creación de la Superintendencia de Educación Superior encaminada a regular y fiscalizar las universidades, una de las demandas del movimiento estudiantil que desde hace seis meses reclama una educación pública y gratuita de calidad. En la ceremonia, efectuada en el palacio de La Moneda, también estuvo presente el ministro de Educación, Felipe Bulnes, quien explicó que las universidades son corporaciones sin fines de lucro. Puntualizó que las instituciones, ya sean públicas o privadas, no pueden obtener utilidades (La Jornada).

d) Ciao Berlusconi:

El ex-comisario europeo Mario Monti fue elegido por el presidente de la República de Italia, Giorgio Napolitano, para formar un nuevo Gobierno técnico que conduzca el país tras la dimisión de Silvio Berlusconi. El expresidente está imputado en tres juicios y se le investiga en otros dos más. Hasta ahora, Berlusconi ha podido escabullirse, alargando los tiempos de la justicia italiana, gracias a varias leyes confeccionadas a la medida de sus líos. Sin embargo, existen órganos de garantía por encima del Parlamento. El Tribunal Constitucional consideró ilegal la ley Alfano —que suspendía los juicios a los cuatros cargos más altos del Estado—, y un referéndum con mucha participación tumbó la norma del “legítimo impedimento” (que establecía algo así como: “No puedo acudir al banquillo porque estoy muy ocupado gobernando el país”). Pese a ello, Berlusconi podría seguir esquivando los tribunales si justifica su ausencia con compromisos políticos como, por ejemplo, una sesión en el Congreso. (El País).