La primera quincena del año arrancó con una buena noticia: la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información fue votada y aprobada por 17 Congresos estatales por lo que se convirtió en una realidad. Los Congresos que la aprobaron fueron, por orden de votación: Estado de México, San Luis Potosí, Puebla, Baja California Sur, Coahuila, Nayarit, Colima, Campeche, Quintana Roo, Jalisco, Tamaulipas, Querétaro, Tabasco, Baja California, Zacatecas, Aguascalientes y Chiapas. La mayoría de ellos lo hicieron por unanimidad.

A partir de ahora prevalece el enorme reto de aterrizar esta reforma en las leyes generales, en particular la Ley General de Acceso a la Información y la Ley General de Archivos. Cada una de estas leyes merece un amplio debate que permita incorporar los mejores estándares para su operatividad siempre bajo la perspectiva de garantía de derechos fundamentales.

Idealmente, ambas habrían de discutirse en paralelo para así generar las mayores sinergias posibles. En el contenido hay varios asuntos por definir como: el ejercicio de la facultad de atracción del órgano garante federal sobre las resoluciones de los órganos estatales, la homologación de tiempos y criterios para las resoluciones o las obligaciones de transparencia de los nuevos sujetos obligados, sólo por mencionar algunas.

Otro de los retos que se enfrentarán para que el nuevo órgano garante –ahora con autonomía constitucional y nuevas atribuciones -será el de la selección de sus integrantes. Diversas organizaciones han señalado como buenas prácticas el que los miembros de los órganos garantes deben contar con conocimiento previo del tema, trayectoria reconocida, capacidad de generar consensos y con la legitimidad necesaria para no comprometer la autonomía de sus decisiones. También se ha sugerido que el proceso de selección sea abierto y que tome en cuenta los mejores perfiles. Este reto se extiende a los órganos garantes de los estados. Es bien sabido que las cuotas partidistas o la sumisión política de los comisionados al Gobernador o grupo parlamentario determinado ha sido nocivo para el ejercicio del derecho de acceso a la información. Lo que es más, según el último trabajo hecho por las organizaciones Artículo 19 y México Infórmate el nivel académico y de especialización de los órganos garantes estatales es bastante bajo (en promedio de 43.7 sobre 100). Nada podría ser más nocivo para esta reforma de gran calado que las prisas legislativas. A diferencia de otras reformas que han obedecido a la negociación partidista, ésta en particular merece no ser moneda de cambio.

Corolario: Esta semana Jacqueline Peschard concluyó su periodo de siete años como Comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Durante su gestión como Presidenta del órgano garante (2009-2012), el IFAI se convirtió en socio fundador y en uno de los pilares de la Red por la Rendición de Cuentas. La Comisionada Peschard se distinguió por su profesionalismo, solidaridad y compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas por lo que su labor es digna de aplauso y reconocimiento.