El dictamen que perfila las bases normativas e institucionales para crear un Sistema Nacional Anticorrupción votado la semana pasada en la Cámara de Diputados, es apenas el bastidor de la enorme maquinaria que se requiere para efectivamente erradicar el problema de la corrupción. Esto significa que la ruta es adecuada y que hay avances significativos que merecen atención y reconocimiento, sin embargo, aún falta un buen tramo de paciencia y ajustes para llegar a obtener resultados concretos que generen la legitimación social necesaria.

Dentro de los aspectos positivos destacan el que los principales partidos políticos con representación en el Congreso hayan llegado a un consenso y a un diagnóstico compartido: se reconoce la necesidad de contar con un sistema orientado a la detección, prevención y sanción de actos de corrupción y se elimina la propuesta de contar con un solo órgano dedicado a la inútil tarea de la cacería de brujas. Desde esta perspectiva, se acepta la necesidad de reforzar el sistema de pesos y contrapesos de cualquier régimen democrático por lo que a partir de instituciones ya existentes se dota de mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública y se detallan funciones tanto para la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción como para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se contempla la emisión de una nueva Ley General de Responsabilidades y de una Ley Anticorrupción que serán claves tanto para la tipificación de actos de corrupción como para la coordinación y funcionamiento del sistema. Existirá además una instancia de coordinación en la que participarán estas cuatro instituciones, el presidente del IFAI, el presidente del Consejo de la Judicatura Federal y un Consejo de Participación Ciudadana integrado por cinco ciudadanos. Esto sustituye la polémica idea de crear un Consejo Nacional de Ética Pública en el cual los gobernadores encabezados por el Presidente determinarían los lineamientos de conducta de los funcionarios del país.

En este nuevo diseño se eliminan los principios de anualidad y de posterioridad por lo que la ASF podrá revisar el ejercicio fiscal en curso y anteriores, además de que podrá iniciar la fiscalización el primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente. También, se reducirán algunas áreas de opacidad al poder fiscalizar los recursos federales destinados a estados y municipios. Por otro lado, en el dictamen se estipula que se entreguen informes individuales de auditoría en el año que se presenta la cuenta pública con lo cual se podrán conocer resultados antes del informe completo de la cuenta pública.

En el sistema de responsabilidades se aumenta de tres a siete años el tiempo de prescripción de la responsabilidad administrativa por actos u omisiones graves, se establece la obligación de los funcionarios de presentar su declaración patrimonial y de intereses y se prevén sanciones por corrupción.

Los titulares de los órganos internos de control, es decir las instancias encargadas de supervisar el desempeño, gestión, evaluación y cumplimiento de las dependencias, serán nombrados por la Cámara de Diputados otorgándoles mayores facultades y evitando las evaluaciones a modo, derivadas del nombramiento hecho por los titulares de las dependencias. Finalmente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa podrá sancionar tanto a particulares como a servidores públicos por actos de corrupción.

Preocupan las 35 reservas con las que fue aprobado este dictamen. Ya que no es mañana que veremos la autocontención de funcionarios, la modificación de comportamientos o la indemnización de particulares que sean dañados por faltas cometidas por funcionarios corruptos, sin embargo, es el inicio de un cambio que requiere el máximo de exigencia y escrutinio público para que la maquinaria anticorrupción se ponga en marcha y pueda dar a futuro algunos resultados.

Hoy y mañana en el Senado inician las audiencias públicas para llegar a un acuerdo sobre los 10 puntos que no lograron el consenso de los partidos políticos y que por lo tanto, evitaron que el dictamen correspondiente a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, producto de la reforma constitucional realizada el año pasado, quedara votado en tiempo y forma. Los cambios de última hora, atribuidos en su mayoría al Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, generaron una oleada de críticas por parte de órganos garantes, académicos y organizaciones promotoras del DAI. En estas definiciones se juega el futuro del anhelado Sistema Nacional de Transparencia. (Vea aquí detalle de audiencias)