En días pasados desde México Evalúa liberamos un análisis sobre el gasto en seguridad pública, a propósito de la presentación del Paquete Económico 2023. El Presupuesto planteado para el próximo año, como los que se han presentado en años anteriores, tienen una inclinación fuerte por la inversión en instituciones federales de seguridad y justicia, una de ellas la Guardia Nacional, ahora militar. Esta ha sido la historia desde que los mexicanos nos comenzamos a percatar de que teníamos un grave problema de violencia e inseguridad. En efecto, en materia de seguridad ha existido siempre un sesgo centralista tan petulante como inefectivo. Es herencia de gobiernos que controlaban todo desde Los Pinos –como hoy se hace desde Palacio Nacional–, en una visión claramente distorsionada del modelo de gobernanza que el país necesita.

El análisis realizado por el programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa es bien duro, porque refleja cómo ese patrón de antaño se recrudece. Hay un abandono de lo local y de la construcción de capacidades civiles. Desde el Presupuesto se está debilitado al Estado en su función esencial, que es proveer seguridad a las personas. El Estado mexicano se debilita a sí mismo. O quizá sea más justo ponerlo en estos términos: las mayorías legislativas, en connivencia con el Ejecutivo federal, debilitan al Estado mexicano. Porque es necesario aclararlo: la militarización de los asuntos públicos del país no es fortaleza, es todo lo contrario, debilidad. El uso de la fuerza que detenta el Ejército es ejercicio de poder, pero no es capacidad de Estado para resolver problemas públicos.

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