La Secretaría de la Función Pública (SFP) puso en operación cuatro de las ocho medidas encomendadas por el titular del Ejecutivo federal para prevenir la corrupción y evitar conflictos de interés.

La primera de las cuatro medidas es la aplicación de nuevas reglas para la declaración patrimonial del presidente de la República, secretarios de Estado, Procuradora General de la República, el Consejero Jurídico, titulares de entidades paraestatales y de órganos desconcentrados.

Todos los funcionarios, estarán obligados a reportar el nombre del último vendedor de los inmuebles que declaren, lo que también aplicará en su caso, al cónyuge o dependientes económicos de los funcionarios. Los nuevos formatos fueron publicados hoy en el Diario Oficial.

El formato estará disponible a partir del 1 de mayo, para que los servidores públicos cumplan con su obligación a más tardar el 31 del mismo mes, a través del sistema Declaranet…

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