Esta semana esperamos que el Congreso convoque de nuevo a un periodo extraordinario que permita procesar el veto del titular del Poder Ejecutivo al Artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Si se logra enmendar este artículo en el sentido adecuado, es decir, eliminando la exigencia de que toda persona física o moral que reciba o ejerza recursos públicos o sea contratada bajo cualquier modalidad, deba presentar declaración patrimonial, de intereses y fiscal, se estaría evitando dejar abierto un espacio que podría hacer inoperante al Sistema Nacional Anticorrupción. Habrá que esperar lo que decida el Legislativo en los próximos días sobre este artículo.

El caso del Artículo 29 de la misma ley no corrió con la misma suerte. A pesar de las más de 630 mil firmas que respaldaron la iniciativa ciudadana, la definición de los formatos para las declaraciones y la ambigüedad que deja este artículo sobre la posible afectación de la vida privada, seguirán quedando como pendientes, pues deberán adecuarse y buscar introducir los ajustes por otras vías, para garantizar que la esencia de esta ley refleje la exigencia ciudadana que se plasmó en la movilización por la #Ley3de3. Legisladores y dirigentes partidistas han manifestado la necesidad de también corregir el Artículo 29 con la finalidad de brindar mayor certeza a la aplicación de la norma. Una de las vías para lograrlo es la acción de inconstitucionalidad, la cual puede ser promovida por el 33% del Congreso (42 Senadores o 165 diputados) para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien declare la invalidez de la norma; sin embargo, este pronunciamiento que dotaría de certeza jurídica, requiere de una votación no menor de ocho de los once ministros que integran el pleno.

En medio de esta polémica, no debemos dejar de lado que estamos a punto de iniciar una nueva etapa en el combate y prevención a la corrupción en México. El seguimiento e impulso a mecanismos de verificación que podrán realizar las organizaciones que conforman la Red por la Rendición de Cuentas, será determinante para medir los resultados del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Para construir una agenda de implementación será necesario llevar a cabo ejercicios de reflexión y debate sobre mecanismos de gobierno abierto, información proactiva, seguimiento al gasto público, garantía de derechos, fiscalización, además del seguimiento a la materialización del SNA. Esta agenda será determinante para el éxito de todas las acciones de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.