A nombre de la bancada de Movimiento Ciudadano, el coordinador de los diputados, Ricardo Monreal, presentó esta semana, una solicitud de juicio político contra los nueve consejeros del IFE, argumentando que actuaron de forma “omisa” durante la pasada elección presidencial al no responder a las quejas sobre presuntas violaciones por parte del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
El ex coordinador de campaña del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, entregó el documento a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, que deberá enviarla a comisiones, en donde se determinará si el juicio es procedente. En caso de serlo, se turnará a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales para que éstas ordenen la formación de una Sección Instructora que analizará el caso. Ahí, se elaborará un dictamen que se llevará al pleno de la Cámara baja para analizar y votar posibles sanciones contra los funcionarios denunciados.
La Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos establece que los funcionarios serán sometidos a juicio político cuando atenten contra los intereses públicos fundamentales, como son el ataque a las instituciones democráticas, ataques a la forma de gobierno, violaciones a garantías individuales o a la libertad de sufragio. De igual forma, el artículo 110 de la Constitución establece que los consejeros electorales podrán ser sujetos a juicio político y entre las sanciones están la destitución o la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Esta solicitud surge a pesar de la calificación hecha por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la cual declaró la validez del proceso electoral.
De igual forma, en la IX Semana Nacional de la Transparencia organizada por el IFAI, consejeros y magistrados electorales manifestaron que la elección de este año había sido exitosa gracias a la transparencia con la que se rigió el proceso. Aún así, se determinó que uno de los grandes pendientes a incorporar en la reforma política es la necesidad de una regulación más eficaz para los partidos políticos que incluya, entre otras cosas, una Ley de Partidos que garantice el acceso a la información y la reducción de los plazos de fiscalización de los mismos.
A lo largo del evento se abordaron diversos aspectos como las iniciativas sobre transparencia que se discuten actualmente en el Congreso. Una vez más, diversos participantes señalaron los riesgos de la captura política del IFAI en caso de no modificar la forma de designación de los Comisionados, la necesidad de incorporar a partidos y sindicatos como sujetos obligados, la urgencia de definir el sistema y alcance de las sanciones y el marco que definiría la relación que tendría el IFAI con los órganos garantes estatales.
