El proyecto de Transparencia Fiscal y Participación Ciudadana, que lleva a cabo desde hace varios meses la Red por la Rendición de Cuentas, con el apoyo de lo Fondo Conjunto México-Alemania y de la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo (GIZ), estructuró una evaluación diagnóstica de los instrumentos legales, institucionales y los resultados de las entidades de fiscalización superior (EFS) en los estados del país. Los primeros resultados de esa revisión han permitido conocer la situación de las EFS y, por supuesto, identificar algunos problemas. Como se sabe, las entidades de fiscalización superior están llamadas, desde el diseño de los sistemas anticorrupción y las nuevas leyes de fiscalización, a ser un engrane importante del combate a la corrupción, pero también a contribuir con su labor al fortalecimiento técnico de otros sistemas nacionales, por ejemplo, el de transparencia y sin duda el de fiscalización. Para que la labor de las EFS se ajuste en términos reales a lo que se espera de ellas, es fundamental que se reconozcan las rutas de mejora institucional que deben plantearse en los 32 casos. No se puede ignorar que buena parte de las entidades de fiscalización adolecen de problemas técnicos, es decir, no existen esquemas de profesionalización que garanticen que el trabajo de auditoría se lleva a cabo con los recursos óptimos, desde el ámbito técnico. Esto ha sido uno de los elementos más destacados en los resultados arrojados por el diagnóstico del proyecto sobre transparencia fiscal y participación ciudadana. Y el tema de la profesionalización se vincula, por lo que se ha hallado, con la compleja circunstancia institucional en que se encuentran algunas EFS. A mediados de 2018, por ejemplo, poco más de la mitad de las EFS en el país tenían o habían tenido durante ese año encargados de despacho dirigiéndolas. Es decir, carecían de titulares con nombramiento vigente. Estos procesos de impasse institucional no son de ayuda para la construcción de un modelo profesional-técnico adecuado a lo que se exige y requiere de las EFS. Otro de los hallazgos de gran relevancia que se vinculan con este tema es el de aquellos casos en que las EFS se encuentran bajo asedio de los poderes legislativos. Por vías diferentes, en algunos casos, este poder ha considerado que los órganos de fiscalización son brazos ejecutores de sus directivas, algunas de las cuales se plantean como órdenes que vulneran la autonomía técnica y de gestión que tienen esos órganos en todos los estados. Pero no sólo eso, en otros casos, los legislativos han considerado que pueden solicitar trabajos de auditoría para servir a intereses políticos de sus integrantes, llegando incluso a solicitar de las EFS llevar a cabo acciones que se encuentran al margen de la legislación vigente. En otros casos, los poderes legislativos se han entrometido en los trabajos de los órganos de fiscalización al utilizarlos como agencias de colocación laboral para individuos que no cumplen con los perfiles técnicos necesarios. Esta situación no sólo se ha dado en los nombramientos de mandos altos y medios, sino incluso en los niveles bajos de la estructura de algunas EFS. De tal suerte que a las grandes expectativas que se tienen de las EFS se debe añadir la casi nula profesionalización (en algunos casos) y el asedio de los poderes legislativos que no comprenden la naturaleza de la relación institucional que debe existir con las entidades de fiscalización, en el contexto de las leyes vigentes. Todos esos elementos han contribuido a una narrativa en la que parece que los problemas de las EFS son irresolubles. Pero la realidad de la que nos alerta el diagnóstico que próximamente presentará la Red por la Rendición de Cuentas es de claroscuros y deja ver que sí es posible fortalecer a las EFS para solucionar las áreas problemáticas que tienen en la actualidad. Efectivamente, los problemas son identificables, pero permiten diseñar alternativas de solución que fortalezcan a las entidades de fiscalización y, sobre todo, que garanticen el mantenimiento de la lógica del federalismo en las labores de auditoría. No todas las soluciones pasan por la centralización y en el caso de la fiscalización y los problemas que se mencionan brevemente arriba, hay certeza de que no se resolverán con una estrategia centralista. Sencillamente porque los orígenes de esos problemas quedarían intactos si se pensara en un modelo central de fiscalización. Los problemas de los que nos alerta el diagnóstico mencionado, más que ofrecer un panorama oscuro, permiten prefigurar cuáles son las vías para fortalecer a las EFS como instituciones de todas y todos, pues el trabajo que hacen es fundamental para que los ciudadanos conozcamos los pormenores de las decisiones públicas, su implementación y sus resultados. La ruta para hacer mejores y más fuertes a las EFS y con ellas al modelo mexicano de combate a la corrupción, sin duda se centrará en tres pilares: profesionalización, autonomía y participación ciudadana. Todo ello en el contexto del respeto más irrestricto al federalismo, teniendo en cuenta que la lógica de la centralización en años recientes ha ofrecido, en todos los casos, soluciones ficticias; ha sido la salida fácil —siempre falsa— a problemas cuya complejidad era mayor que lo que se ha querido admitir por comodidad. 

Por: Jaime Hernández Colorado.