Sin duda alguna que el talón de Aquiles de los gobiernos federal, estatal y municipal en este país es la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos. Por mucho esfuerzo y presión ciudadana que se realice es mucho todavía lo que falta para lograr que las cuentas sean claras y transparentes.
De hecho ninguno de los tres poderes se encuentra exento de críticas por la falta de transparencia. A lo largo de la historia se ha documentado la opacidad con la que se manejan los poderes Ejecutivo y Legislativo. Pero tampoco el Poder Judicial es un dechado de virtud y transparencia en el manejo de los recursos que se le destinan por parte del Estado mexicano.
Esta perniciosa opacidad y falta de claridad en el manejo de los dineros también alcanza a los partidos políticos en México. Y en el colmo de los excesos una comisión de legisladores del partido tricolor envió una iniciativa de reforma al IFAI para evitar que los gastos realizados por los partidos con dinero de los contribuyentes sean del escrutinio público.
A pesar de que los institutos políticos funcionan en gran parte con recursos que provienen del erario, se desconoce mucho respecto de las finanzas de los partidos. Por otro lado en el sector público la falta de claridad en los concursos, las licitaciones y en las adjudicaciones de contratos en muchas dependencias oficiales parecen estar simuladas y continúan siendo una práctica constante a pesar de los candados que se pongan.
Tampoco es desconocido que en todas las instancias de gobierno, los costos a los que se adquieren muchos de los bienes e insumos que se requieren están inflados. En otros casos muchos de los proveedores resultan ser empresas fantasmas que solo surgen a la par de nuevas administraciones. Por igual la manera en que se están endeudando muchas entidades federativas y ayuntamientos dista de ser transparente.
Pero también la falta de transparencia alcanza al Poder Legislativo tanto a nivel federal como local. Es cada vez más común que los remanentes del presupuesto anual de los legisladores sean repartidos entre diputados o senadores en una decisión que ninguno objeta y todos están de acuerdo. En cuanto al Poder Judicial ni se diga, ya que es relativamente poco lo que se conoce de las finanzas de quienes imparten la justicia en este país.
En cuanto a Juárez se refiere, la falta de transparencia es algo preocupante. Es un lastre que se viene arrastrando y que no se puede eliminar por más esfuerzos que se hagan. Se tiene la percepción generalizada de que dependencias como la Contraloría y la Sindicatura sólo están de adorno y no realizan a conciencia y con plena independencia su función.
En ese contexto no se ha podido transparentar el gasto ejercido hasta este momento en el fallido proyecto del transporte semimasivo tampoco se sabe con exactitud lo que se ha gastado respecto obras como el inexistente Centro de Convenciones, la polémica X o el Fidop.
En México los gobernantes disponen de los recursos como si fueran de ellos y se olvidan que pertenecen a los ciudadanos. Desafortunadamente muy pocos entienden esto; la mayoría utiliza los recursos a su antojo, privilegiando en muchas ocasiones sus agendas particulares en lugar de los intereses de la ciudadanía.
Pero no sólo disponen de recursos económicos también disponen de los bienes públicos. En muchas partes del país está ampliamente documentado la manera que funcionarios utilizan los vehículos públicos con fines personales, incluso hasta han sido utilizados helicópteros oficiales por familiares de funcionarios para vuelos de esparcimiento.
La discrecionalidad en el manejo de los recursos es una práctica que esta nueva era democrática no ha podido erradicar de los gobiernos. Se habrá avanzado en muchas materias pero en transparencia sigue habiendo un rezago.
En otros países es sumamente penado el uso de los bienes públicos por parte de funcionarios de gobierno o miembros del aparato legislativo. Aquí en México la opacidad en la rendición de cuentas sigue siendo un renglón torcido de la administración pública no sólo en esta ciudad sino en toda la República Mexicana.