El pasado miércoles 29 de septiembre, fueron presentados los resultados del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa, el primer ejercicio en su tipo en la región latinoamericana. Entre sus objetivos se encuentra la creación de un piso de comparación homogéneo para evaluar el grado de apertura de los Congresos y la transparencia de su funcionamiento. El estudio fue realizado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, asociación internacional que agrupa a 18 organizaciones en ocho países de la región, creada con el propósito de generar mecanismos para acercar a la ciudadanía a sus representantes por medio de la transparencia, tarea para la cual definió en 2010 la creación de un índice que permitiera crear estándares en el acceso a la información de los Poderes Legislativos y así documentar el avance en la materia.

El Índice se conformó por el análisis de cuatro dimensiones:
1) La normativa, que incluye una revisión de las normas que rigen la transparencia y el acceso a la información.
2) La labor legislativa, criterio que agrupa la esencia funcional del Congreso, desde el trabajo individual hasta las practicas en comisiones, grupos parlamentarios y en el propio Pleno.
3) La gestión administrativa, donde se aborda el conocimiento de cómo se ejercen los recursos por el Poder Legislativo.
4) Atención y participación ciudadana, criterio que integra los medios de atención, vinculación y participación con la ciudadanía.

El procedimiento de evaluación de cada una de las partes que integran al estudio fue llevado a cabo por una miembro de la Red de cada país, especializada en el seguimiento legislativo y la transparencia (en el caso de México lo hizo Impacto Legislativo) y que fue corroborado por el resto de las organizaciones en el país evaluado y posteriormente avalado por el la Red en su conjunto.

Los resultados para México demuestran importantes carencias en los cuatro rubros antes mencionados, pues en ningún caso se alcanzó un nivel aceptable en la evaluación. Comenzando por el criterio normativo, se encontró que la ausencia de un órgano garante, autónomo y especializado abre la posibilidad a que los legisladores sean juez y parte en la determinación de criterios para publicar la información sobre su trabajo u otorgar acceso por medio de solicitudes. Si bien en la Cámara de Diputados existe un Consejo de Transparencia, nombrado el 27 de marzo de este año, a casi seis meses de su integración, hasta hoy no existen teléfonos, oficinas ni documentación de alguna reunión de los consejeros, suponiendo que hubiera ocurrido alguna.

El panorama en el Senado es mucho peor pues ahí se opera con un acuerdo parlamentario, que debía ser temporal mientras se reglamentaba el acceso a la información de la cámara baja, y que tiene casi una década aplicándose. Por lo que se puede decir que el Congreso mexicano carece de un marco normativo adecuado para cumplir con los mínimos requerimientos establecidos en el artículo 6º constitucional. Otro importante rubro a destacar es la falta de regulación sobre el cabildeo, los intereses extraparlamentarios y el registro de obsequios dados por particulares a los legisladores, como sí lo hace Argentina, para vigilar posibles conflictos de interés.

En lo que se refiere a la labor legislativa, es donde nuestro país obtiene los puntajes más bajos. Destacan la publicación tardía de asistencias al Pleno y las votaciones nominales, que en algunos casos es hasta de tres semanas de retraso. Sin embargo, la falla mayor se encuentra en el trabajo de comisiones, aquí no se hace público un registro constante de las asistencias a las sesiones de trabajo, la forma en la que votan dentro de ellas, y no existen versiones estenográficas. En resumen, el trabajo en comisiones ocurre en completa opacidad ante la falta de documentación sobre su operación.

En la gestión administrativa el área de mayor preocupación es la fiscalización de los recursos manejados por los grupos parlamentarios, que se estiman en más de 2,500 millones de pesos. Recursos de estas proporciones reciben poca atención en su ejecución, práctica inadecuada que abre ventanas a la corrupción.

Finalmente, la dimensión de atención y participación ciudadana muestra un claro descuido en la vinculación entre representantes y representados. Las plataformas de información en Internet y el propio Canal del Congreso, sólo son asequibles a menos del 35% de la sociedad. Los mecanismos de vinculación están enfocados a un mal concepto de informar y no de comunicar a toda la población. Los legisladores parecen olvidar a sus representados cuando no es tiempo de elecciones, pues por lo regular no vuelven a su distrito, ni cuentan con una oficina u otro medio efectivo de atención a la ciudadanía, pese a recibir recursos destinados para ese propósito.
Si bien los resultados no son nada alentadores, los importantes hallazgos de espacios de opacidad abren áreas de oportunidad para que la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, que tan sólo lleva un par de semanas en funciones, recoja las observaciones proyectadas por el Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa inicie la corrección de las prácticas opacas.