El jueves pasado, como seguramente ya habrán escuchado o leído, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió no avalar un proyecto que proponía la inconstitucionalidad del párrafo 3 del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Este párrafo establece que la publicación de la información sobre el patrimonio de los servidores se hará siempre y cuando el servidor público lo autorice.
Para Fundar se trataba de una oportunidad de oro para que la SCJN se pronunciara a favor de la transparencia y diera un paso más en la creación de bases sólidas para combatir la corrupción. Así de claro: perdimos la posibilidad de conocer el patrimonio de aquellos que ejercen el poder y de quienes en muchos casos lo hacen de forma incorrecta y/o corrupta.
Todos saben que el ejercicio de rendición de cuentas de nuestros gobernantes y representantes no es el más practicado. Esta ausencia de respuestas, sumada a la corrupción y a la opacidad, nos demuestran que no hay voluntad ni congruencia en la forma en la que se está ejerciendo el poder y que, por el contrario, se siguen cometiendo abusos y excesos. No hay más que ver el caso de algunos ex gobernadores.
El contexto social y político que hoy vivimos demuestra que la sociedad está cansada ya de simulaciones y ahora demanda que se defienda el interés público —el mismo que perdió el jueves pasado en la Corte—. Y, como ciudadanas y ciudadanos, perdimos la oportunidad de generar controles sociales de fiscalización.
Esta aventura inició hace ya más de dos años cuando desde Fundar solicitamos a los diputados de la LXI legislatura que divulgaran una versión pública de sus declaraciones patrimoniales. Convencidos de que la variación del patrimonio de los legisladores —y en todo caso, de los servidores públicos en general— debe ser de interés público porque es importante saber que efectivamente su patrimonio corresponde a sus actividades y que tiene una relación lícita con los bienes que posee.
Lamentablemente, como todos y todas ya sabemos, la mayoría de los ministros de la SCJN pensaron de forma diferente: seis ministros se manifestaron en contra del proyecto y de abrir esta información a la ciudadanía. Pero hay que ser claros, no todo es responsabilidad de la Corte: ¿por qué los legisladores se escudaron bajo el argumento del artículo 40? Y, ¿por qué no vemos, como un verdadero ejercicio de rendición de cuentas, la voluntad de los servidores públicos de publicar sus declaraciones patrimoniales?
Por un lado vemos un gobierno que llegó, con bombo y platillo, anunciando reformas estructurales en materia de transparencia, acceso a la información y anticorrupción, pero, por el otro, seguimos teniendo leyes que parecen fomentan lo contrario y, sobre todo, servidores públicos que se escudan tras ellas.
México se ha comprometido con movimientos de transformación, como la Alianza para el Gobierno Abierto. Si bien este fue un esfuerzo del gobierno pasado, el actual ha asumido como propio ese compromiso. ¿Cómo empatar políticas de opacidad como la ya descrita con este movimiento? ¿Cómo homologar una política anticorrupción cuando los servidores públicos ocultan su patrimonio? ¿Cómo avanzar en transparencia cuando ésta se deja a discreción de los servidores públicos?
La Corte perdió una oportunidad histórica, pero ello no impide que podamos avanzar. Ahora es el turno del Poder Legislativo: podría reivindicarse y poner el ejemplo al dar a conocer sus declaraciones patrimoniales de manera voluntaria y modificar el párrafo 3 del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
A nosotros, la sociedad, nos queda también seguir luchando y exigiendo que nuestros representantes y gobernantes rindan cuentas. Esto no se acaba hasta que se acaba.
