La identificación y la construcción conceptual de un problema público son etapas esenciales para la prefiguración de alternativas viables de atención. Este momento de la política pública vincula al problema con las causas que lo originan. En circunstancias regulares, la configuración de las políticas y el análisis de información para cada una de las etapas del ciclo requieren períodos de tiempo suficientes, con la finalidad de evaluar diversas posibilidades de intervención antes de iniciar la instrumentación de la alternativa seleccionada.

En circunstancias de crisis, los gobiernos deben dar respuestas de política pública acordes con las exigencias de inmediatez que requieren las personas. A pesar de la celeridad, ese tipo de situaciones no impiden que el diseño de respuestas se ajuste a criterios de racionalidad. En la lógica de planeación, las respuestas a una emergencia deben distinguirse en dos tipos. El primero, aquellas respuestas que son inmediatas: las intervenciones del Estado que deberán resolver en un período muy corto las consecuencias negativas generadas por un problema público. El segundo tipo tiene que ver con el proceso racional de las políticas públicas. Se entiende que las inmediatas requieren inversión urgente de recursos del Estado, pero la reacción gubernamental no puede limitarse a ese tipo de respuestas, a riesgo de permitir la reproducción de los efectos negativos del problema original y a la sola intervención paliativa. De ahí la importancia de las “de mediano plazo”. Éstas se deben articular en torno de un plan rector y responder a objetivos generales y específicos, todos ellos vinculados con la forma en que un gobierno pretende hacer frente a una emergencia.