En días pasados, la organización social Artículo 19 promovió un amparo directo para obtener el expediente clínico del presidente Enrique Peña Nieto. Desde meses pasados, la organización había hecho una solicitud de información a la Presidencia de la República para que el mandatario consintiera en hacer pública la información sobre su estado de salud, sin embargo, esta información siempre ha sido considerada como confidencial.
El hecho tomó relevancia en el contexto de la intervención quirúrgica a la que fue sometido el presidente Peña Nieto. Quizás motivados por la presión mediática, la información sobre la fecha, tipo de padecimiento y tiempo de recuperación fue dada a conocer por la oficina de la Presidencia con una semana de anticipación. Este caso, así como el del gobernador de Michoacán Fausto Vallejo —quien en dos ocasiones ha pedido licencia por motivos de salud sin que a la fecha se sepa cuál es el mal que lo aqueja—, animó el viejo debate sobre la publicidad de la salud de los gobernantes.
El dilema no es novedoso ni tampoco es nacional. La tensión entre el derecho de todo ser humano, incluyendo a los gobernantes, a la privacidad y el derecho a saber en aras del interés público, ha sido motivo de sólidas argumentaciones en uno y otro sentido. En su libro El último tabú. Revelaciones sobre la salud de los presidentes, los periodistas franceses Laurent Léger y Denis Demonpion documentaron que por acción u omisión, casi todos los presidentes de la V República habían mentido sobre su salud. Aunque en ese libro se habla de la posible eutanasia a la que se habría sometido el presidente François Mitterrand, aquejado de un cáncer terminal, del accidente cardiovascular que sufrió Jacques Chirac y de las pastillas —no autorizadas en el mercado— que ingería Nicolás Sarkozy no se puede saber hasta qué grado estos malestares afectaron la capacidad de decisión de esos gobernantes.
En Estados Unidos se ha tratado de documentar la salud de los presidentes y se ha vuelto una práctica común el revelar un certificado de salud, sin detallar todo el expediente clínico, de candidatos y gobernantes, tal y como lo hizo el presidente Barack Obama antes de su última reelección.
En México, el IFAI desarrolló un criterio sobre expedientes clínicos a partir del cual la confidencialidad no se le niega ni al titular de los datos personales ni a su representante legal. Este criterio va acorde con el juramento de Hipócrates que realiza todo graduado en Medicina y con el principio de protección de datos personales establecido en la ley y fue desarrollado luego de las diversas solicitudes de información sobre la salud de los presidentes, siendo las más polémicas, la correspondiente al dictamen médico sobre la salud mental del presidente Vicente Fox y la referente al supuesto alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Inclusive una iniciativa de ley fue presentada en el Senado en diciembre del 2008, sin que se lograra avanzar mucho en el tema. Ante la regulación existente, tanto a nivel internacional como nacional, el criterio que ha prevalecido es el del respeto a la intimidad de las personas. A partir de ahí, algunos gobernantes han dado a conocer dictámenes de salud de manera voluntaria. Quizás el debate debiera entonces centrarse en la evaluación de las aptitudes y responsabilidades para gobernar y en los mecanismos para garantizarlo lo cual sin duda es asunto de interés público.
