La Corporación Financiera Internacional (CFI – el brazo del sector privado del Banco Mundial), se encuentra bajo escrutinio interno debido a dos de sus proyectos en Albania. Las denuncias presentadas por dos ONGs locales en enero y marzo de 2013, plantean cuestiones importantes sobre el cumplimiento de la CFI de sus propios mandatos y salvaguardias, como actor clave del desarrollo global internacional. Las denuncias también proporcionan una rara visión de la eficacia del Defensor del Pueblo y Asesor en Materia de Observancia (CAO), el mecanismo de rendición de cuentas de la CFI. La primera denuncia se centra en el proyecto de servicios de asesoría de la CFI que guio al gobierno de Albania hacia la privatización de cuatro pequeñas, y rentables centrales hidroeléctricas (HPP – profitable hydropower plants). El segundo caso llamó la atención del Defensor del Pueblo sobre inquietantes denuncias de perjuicios producidos a las comunidades locales en Albania central relacionadas con Bankers Petroleum, una compañía petrolera canadiense.
La prohibición del uso de proyectos de desarrollo para beneficio de la política interna de los prestatarios, es un principio sagrado de las instituciones para el desarrollo internacional. Sin embargo, esto fue precisamente lo que sucedió en este caso de esta privatización. El asunto ha producido un gran debate en Albania, incluyendo denuncias penales y problemas constitucionales.
Corto de dinero en efectivo durante un año decisivo de las elecciones, el gobierno de Albania obviamente quiso bombear unos cuantos millones de euros en la economía antes de las elecciones de junio de 2013. De hecho, la venta fue concluida en mayo de 2013 en medio de la campaña electoral. Las consecuencias políticas de esa, aparentemente inocente transacción del libre funcionamiento del mercado, fueron muy obvias para la mayoría del público. Sin embargo, estas consecuencias fueron ignoradas por el equipo asesor de la CFI contratado por el gobierno de Albania para preparar y gestionar la venta. Según entendemos, esta es la primera vez que el Defensor del Pueblo ha visto este tipo de denuncia.
La denuncia sobre las centrales hidroeléctricas rentables también alega que la venta viola el marco de sostenibilidad de la CFI, uno de los elementos clave del compromiso de la CFI para “luchar apasionadamente contra la pobreza y en forma profesional para obtener resultados duraderos”. Sin embargo los demandantes afirman que “el único resultado duradero de esta privatización es un hueco todavía más grande de la deuda pública y un aumento de la pobreza”. El comprador, Karum, una planta turca de acero, básicamente está tomando cuatro represas rentables de la red nacional para utilizarlas en la planta de acero Elbasan, hoy en día, uno de los mayores contaminadores en los Balcanes. Para colmo de males, la CFI espera una ganancia de aproximadamente US$1 millón de la venta, según el contrato no público de la CFI. Evidentemente, todo esto representa una gran burla del objetivo de la CFI de: “luchar apasionadamente contra la pobreza”.
Más importante aún, este caso muestra una de las principales debilidades en el mandato del Defensor del Pueblo: éste no tiene un poder verdadero. El caso fue registrado en enero de 2013, o sea aproximadamente cuatro meses antes de que la venta de las centrales hidroeléctricas fuera completada. Los autores de la queja pidieron al Defensor del Pueblo que detuviera el proyecto hasta que éste hubiera sido investigado a fondo. El Defensor del Pueblo respondió diciendo que no tenía esos poderes. Sin embargo, según el marco del principio fundamental del Banco Mundial de “no hacer daño”, el Defensor del Pueblo debería haber podido recomendar al presidente del Banco que suspendiera el proyecto, dadas las circunstancias. En vez de ello, la denuncia fue pasada a la etapa de cumplimiento y el daño es irreversible.
El caso Bankers Petroleum plantea todavía más preguntas sobre el papel y la eficacia del Defensor del Pueblo. Las denuncias contra Bankers Petroleum fueron graves, públicas y persistentes en la prensa local en 2011 y 2012. Estas incluyeron: el vertimiento de residuos de aceite en las redes de riego, la falta de atención a la salud y seguridad en el trabajo, y la creación de temblores y terremotos inducidos por “técnicas cuestionables de extracción del petróleo”. Las denuncias en la prensa también afirman que los temblores causaron que una mujer en un pueblo cercano tuviera un aborto. La denuncia fue presentada al Defensor del Pueblo en marzo de 2013, pero ésta todavía está clasificada como de investigación.
La gran y muy descentralizada estructura de la CFI, evidentemente presenta dificultades para las operaciones pequeñas y centralizadas del Defensor del Pueblo en Washington. El Defensor del Pueblo parece estar abrumado y no contar con muchos recursos. Tal parece que es incapaz de responder en forma eficaz y oportuna, a los diversos problemas de los proyectos de la CFI en todo el mundo, debido a su actual estructura y limitados recursos. A la oficina del Defensor del Pueblo se le deberían dar más poderes y recursos para iniciar investigaciones de carácter preventivo y para poder recomendar la suspensión de los proyectos de la CFI, cuando fuere necesario.
