Por instrucciones del presidente de la República, el Grupo Parlamentario de Morena anunció que en septiembre realizará foros a nivel nacional para reformar al Poder Judicial. Una parte del diagnóstico es adecuada: en México no hay justicia pronta, expedita y gratuita para la mayoría de la población. Lo que es más, los niveles de impunidad, es decir, la ausencia de sanciones frente a actos que violan la ley, no ha hecho más que agravarse en lo que va de esta administración. Otros argumentos que animan esta reforma son inquietantes porque no garantizan un mayor o mejor acceso a la justicia y si en cambio propician el control político de las instituciones que imparten justicia. De ahí que se cuestione la autonomía del poder judicial, la forma de designar jueces y ministros proponiendo que esto se haga mediante voto popular, el monto del presupuesto que se asigna o el sustento normativo de las resoluciones emitidas.
Una discusión de fondo tendría que empezar con el nivel de apertura de las instituciones encargadas de la procuración, administración, impartición de justicia, así como de aquellas a cargo de velar sobre el ejercicio de derechos humanos tanto a nivel federal como estatal.
Para ello, hace unos días se presentó la Métrica de Justicia Abierta (justiciaabierta.mx) un ejercicio de co-creación realizado por el World Justice Project, el Inai y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. El objetivo de este trabajo fue analizar qué tan abiertas a la ciudadanía están 233 instituciones que conforman el ecosistema de justicia a partir de información pública, disponible y verificable. Pensar en una “justicia abierta” implica no solamente cumplir con las obligaciones normativas de transparencia sino con mecanismos de participación, colaboración ciudadanas y con parámetros de rendición de cuentas que permitan conocer cómo y por qué se toman las decisiones, cómo se utilizan los recursos públicos y cómo se cumple con estándares de integridad y responsabilidad públicas.
Los hallazgos muestran que después de más de veinte años de ejercicio del derecho a saber en México, la mayoría de las instituciones cumplen con sus obligaciones de transparencia. También, existen mecanismos institucionalizados de rendición de cuentas. Sin embargo, hay deficiencias importantes en materia de gestión documental y archivos, así como en lo referente a los mecanismos institucionales de colaboración y participación ciudadanas. En este rubro, hay experiencias y buenas prácticas en Coahuila, Tlaxcala y Sinaloa, así como ejercicios de apertura en Quintana Roo, Querétaro y a nivel Federal. Sin embargo, muchas de estas prácticas no están plenamente institucionalizadas y su permanencia enfrentan el reto de trascender la presidencia de sus titulares.
Una de las variables consideradas tiene que ver con la designación de las personas titulares de las instituciones jurisdiccionales. La ponderación arrojó un puntaje deficiente de 0.27 sobre 1.00 lo cual confirma que pocas veces se tiene información sobre cómo fue el proceso, cuál fue la evolución de las etapas y a partir de qué criterios se consideró si las personas designadas eran o no idóneas para ejercer el cargo más allá de los requerimientos de ley. Antes de pensar en una reforma profunda al poder judicial con una selección “popular” de jueces y ministros, habría entonces que revisar los datos para que el remedio no termine siendo todavía peor que la enfermedad.
Fuente: El Universal
