Por: Fernando Aguilera

Toda la República está esperando lo que se ha convertido, estos días, en una de las cosas públicas de mayor relevancia, sobre todo para los interesados en construir democracia y fortalecer el Estado de derecho en México; me refiero a la Ley General de Transparencia.

Si partimos de la idea de que a través de la participación ciudadana se han logrado grandes avances en nuestro país en todas las materias, a lo que no escapa el orden público en general y su correlativa rendición de cuentas, no podremos negar que las herramientas que nos brinda el derecho a saber, a través de la transparencia y el acceso a la información, son de lo más valioso y productivas; hay una cantidad respetable de casos de éxito a todo lo largo y ancho del territorio nacional; herramientas que vienen a complementar, el incipiente esquema anticorrupción existente, esto es, conjuntamente con las contralorías internas y los organismos fiscalizadores.

En ese sentido, los avances que ha experimentado este derecho humano han sido significativos y de muy alto nivel, incluso superando metodologías y estándares internacionales; la última reforma de febrero de 2014 al artículo 6º de la Constitución federal, confirma esta afirmación, reforma en la que se establece de manera muy puntual que: “Toda la información en posesión de cualquier autoridad, … es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones y la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.”

Con esto, se pretende acabar con las asimetrías que hacían de cada entidad, un experimento diferente, provocando distintas formas de tratar un mismo caso, y por lo tanto, en algunos casos lo que era público para un estado era algo que se podía reservar en otro, de ahí la urgencia de la ley general que termine con tal disparidad.

Sin embargo, la tan esperada ley todavía no llega. El retraso se debe a que se están discutiendo diversas posturas. Lo que podría ser el más puro ejercicio democrático, se convierte en un peligro para los avances obtenidos en la Constitución. El IFAI y el presidente de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (Comaip), han sido claros sobre los puntos medulares de lo que se considera una regresión; resalto, por mi parte, que las propuestas de cambio atentan contra temas como el de que los sujetos obligados documenten todo acto que derive del ejercicio de sus funciones; el deber de que la ley determine los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información, temas que la ley ya dispuso y que el legislador ordinario no puede pasar por alto, incluso contra el deber de fundamentar y motivar los actos de autoridad, deber que se relaciona directamente con la obligación de realizar la prueba del daño al momento de clasificar información.

Esperamos en todos los órganos garantes de la transparencia que el gran avance logrado con la reforma antes apuntada, culmine a favor de México, en una Ley General de Transparencia que realmente se inscriba en los anales de la historia internacional, como la mejor aliada del derecho a saber.

Fuente: El Universal