Las bancadas del PAN y PRD en el Senado presentarán una iniciativa para poner fin a la corrupción y la discrecionalidad en la otorgamiento de contratos de obras públicas.
Los legisladores de oposición llevarán hasta la tribuna un proyecto para expedir una nueva Ley de Contrataciones de Obras Públicas, elaborado tras una consulta con organizaciones especializadas y de la sociedad civil.
En la propuesta, los senadores toman en cuenta algunas de las aportaciones realizadas por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), Transparencia Mexicana, México Evalúa, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Colegio de Ingenieros Civiles, la Academia de Ingeniería y el Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, así como consultores y académicos independientes.
El proyecto incluye mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que buscan garantizar procedimientos competitivos e imparciales y anular espacios de discrecionalidad y opacidad.
Se incluye un apartado para fincar responsabilidades a los servidores públicos cuando modifiquen, cancelen o adicionen contratos.
Esos funcionarios también incurrirán en responsabilidad cuando deleguen funciones a sus subordinados con respecto a los contratos.
En las consideraciones de la iniciativa se asegura que uno de los objetivos es eliminar los requisitos que limitan la libre competencia y concurrencia en los procesos de licitación pública.
Se afirma que la nueva ley pretende garantizar la igualdad de condiciones entre los licitantes al restringir y separar las adjudicaciones directas y las licitaciones restringida.
Además de establecer obligaciones en materia de transparencia, se contempla un mecanismo de cooperación entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para inhibir prácticas desleales y de colusión.
Según la iniciativa, se busca eliminar la discrecionalidad que hoy dificulta la fiscalización de recursos a través del escrutinio público por parte de terceros.
También se reduce el monto de la inversión para los proyectos de magnitud o alcance relevante para tener mayor control y supervisión de las obras.
En este apartado, el objetivo es evitar pérdidas económicas y corrupción durante la ejecución de los proyectos.
Tal y como lo han demandado organizaciones civiles, se incluyen las figuras del testigo social y el Comité de Participación Ciudadana.
Con la nueva ley se busca crear un padrón de proveedores para mejorar la contratación de obras en precio, calidad y oportunidad.
Este mecanismo de transparencia operará con los principios de máxima publicidad de acceso al información, y deberá abarcar la pre contratación, la contratación y post contratación.
Se establece la obligación de que todos los contratos y sus modificaciones queden registrados en un Sistema de Obras Públicas.
Una vez que esta información quede publicada, los cambios no podrán ser eliminados.
A través de un formato de datos abiertos, cualquier ciudadano podrá realizar consultas lo que también ayudará a realizar una evaluación integral de la planeación, programación y presupuesto acción en materia de obras públicas.
Se refiere que todos los procedimientos de contrataciones estarán sujetos a rendición de cuentas a través de auditorías y evaluaciones periódicas del SNA.
“Esta propuesta busca dar certeza jurídica al Estado y los gobernados eliminando la corrupción en sus múltiples formas”, exponen los legisladores proponentes.
La iniciativa busca expedir una ley de 238 artículos y ocho transitorios.
Fuente: Reforma
