Bajo la luz de todos los reflectores, la semana pasada se consumó un acto indigno de corrupción entre los poderes Ejecutivo y Legislativo: se entregaron 10 mil millones de pesos a 500 diputados para que ellos gasten esta cantidad como les venga en gana, a cambio de sancionar sin mayor modificación el presupuesto presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En 2015 el país tendrá el presupuesto federal más grande de su historia: 4.7 billones de pesos. Esa fue la iniciativa que el Ejecutivo llevó ante el Congreso para solicitar su aprobación. La Cámara Baja reasignó solamente 65 mil millones de pesos; es decir, que modificó apenas el 1.3% de la propuesta.

Lo anterior implica que el 98.7% del proyecto federal quedó intacto; en cualquier parte del mundo este comportamiento de los legisladores sería extraño, por no decir sospechoso.

¿De plano fue tan perfecto el proyecto de presupuesto presentado por Hacienda que el Legislativo no encontró un mayor cuestionamiento?

México es un país donde la desigualdad es grande y donde el Estado es incapaz de corregirla. A diferencia de la gran mayoría de las naciones, la desigualdad mexicana es igual antes y después de que el gobierno cobre impuestos, transfiera dinero a la población y ejerza recursos públicos.

Mientras naciones como Austria, Finlandia o Eslovenia experimentan una corrección de su desigualdad, una vez que interviene el Estado, en alrededor de un 44%, la rectificación que logra hacer el gobierno mexicano no es mayor al 1.8%.

Este argumento habría de ser suficiente para que los legisladores defendieran a una ciudadanía mayoritariamente pobre, contra la ineficiencia del gasto público. La economía mexicana es tan desigual que se esperaría del Congreso una oposición grave, razonada y razonable frente a la inercia que año con año define al presupuesto federal.

Los diputados no sólo cobran por hacer leyes, su nómina también implica como principal responsabilidad vigilar el origen y el destino de los recursos públicos federales. Así lo dice la Constitución.

Sin embargo, este año los diputados volvieron a abdicar de su obligación y lo hicieron prácticamente a cambio de unas cuantas nueces: de 10 mil millones de pesos, esto es el 0.2% del presupuesto global; si esta cantidad se dividiera en partes iguales, a cada legislador le tocarían 20 millones de pesos.

os representantes populares pelearon con uñas y dientes para que sobreviviera el ofensivo vehículo denominado “Fondo para la Cultura y la Infraestructura Urbana y Deportiva”; una caja famosa porque ya ha servido para hacer negocios muy turbios, entre ellos los que la opinión pública conoce como “Los Moches”.

Se trata de un recurso que los diputados pueden ejercer prácticamente sin restricciones; lo distribuyen las fracciones parlamentarias en función de los asientos con que cuentan los partidos en la Cámara de diputados y se reclaman ante la SHCP, por los gobiernos municipales —asesorados por compañías consultoras cuyos propietarios suelen ser los mismos dirigentes políticos— supuestamente para hacer caminos, kioscos, canchas deportivas, casas de cultura y otras obras de relumbrón.

Sin embargo, a diferencia del resto de los trabajos públicos financiados por el gobierno federal, en este caso no es necesario celebrar un concurso, presentar un proyecto de ingeniería, tampoco un cálculo presupuestal, ni lo es rendir cuentas sobre el uso que se dio al dinero, una vez que éste fue gastado.

Por la confección de este fondo es que resulta posible que los diputados se sirvan con la cuchara grande; está diseñado explícitamente para la corrupción.

Al día de hoy la SHCP no tiene idea sobre las obras que han sido celebradas con estos dineros, no lleva en orden el padrón, tampoco sabe de su avance, ni conoce sobre la honestidad con que fueron asignados los fondos.

Hacienda deliberadamente entrega este recurso mientras se coloca una venda sobre los ojos, porque a cambio de su ceguera obtiene anualmente la aprobación casi sin remiendos de su proyecto federal de presupuesto.

ZOOM: Cuando en un país el Ejecutivo soborna al Legislativo por tan pocos centavos, ¿qué comportamiento puede esperarse en el resto de la sociedad? Mientras no se comprenda que en el edificio la corrupción se barre de arriba hacia abajo, la deshonestidad seguirá siendo la regla y no la excepción de la política mexicana.

Fuente: El Universal