Por: CIDAC
En el contexto del reporte del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos que sitúa a México como el tercer país más violento en el mundo, así como del anuncio del (nuevo) recorte en la previsión de crecimiento económico para 2015, vuelve a ser evidente la completa desconexión entre las narrativas de crecimiento económico y seguridad del gobierno federal. Si bien existe cierto reconocimiento público sobre los problemas de violencia e inseguridad que vive el país, el gobierno federal minimiza el carácter inhibidor de dicha problemática en las metas del –todavía– mediocre desempeño económico. Lo anterior, ha llevado a la administración de Peña Nieto a ignorar los altos costos que representan la inseguridad y la violencia para los sectores productivos estratégicos del país. De esta forma, persiste la defensa estoica del argumento que la implementación de las reformas estructurales (notoriamente la reforma energética) detonará por sí sola el crecimiento económico del país. Sin embargo, ¿cómo se desarrollarán estas reformas en entidades federativas potencialmente muy productivas pero con índices delictivos altos y que carecen de las condiciones mínimas de seguridad? ¿Cómo puede nuestro país ofrecer una imagen atractiva para los inversionistas cuando el Foro Económico Mundial nos sitúa en el lugar 135 de 144 países en materia de impacto de la violencia en la economía y los negocios?
Los problemas de inseguridad tienen un impacto real en la rentabilidad y, por lo tanto, en la competitividad de diversos sectores estratégicos de nuestro país. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), publicada por el INEGI, el costo promedio anual del delito para las empresas es de $55,738. Además, las empresas destinan en promedio $30,450 pesos como medida de protección ante la delincuencia y el crimen. Estas pérdidas se traducen en una disminución de las utilidades del sector privado y representan gastos improductivos que, en el largo plazo, podrían significar una erogación incosteable para algunas empresas; especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales concentran hasta el 75 por ciento del empleo en el país.
El impacto de la violencia en la estructura de costos de las empresas varía a nivel estatal y también tiene un impacto diferenciado en los sectores productivos del país. El caso del estado de Veracruz es paradigmático para ilustrar la disyuntiva entre inseguridad y crecimiento económico. Por un lado, es uno de los estados con mayor potencial para el desarrollo del sector energético –la apuesta sine qua non del crecimiento para el gobierno- y, por otro, enfrenta condiciones de inseguridad y violencia que desafían ese potencial. Como muestra la gráfica anterior, las empresas de Veracruz enfrentan uno de los costos del delito más altos en el país. El escenario estatal no es alentador; según cifras de la Procuraduría General de la República, es uno de los ocho estados en donde se concentra el 70 por ciento de los fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial. La incidencia delictiva aumentó en 20 por ciento de 2013 a 2014, al pasar de 23,411 delitos a 28,101 por cada 100 mil habitantes y, además, presenta niveles superiores a la media nacional en delitos como la extorsión y el robo en la calle o en el transporte público.
Veracruz es uno de los estados más importantes para el sector energético. De hecho, en esta entidad se concentra más del 80 por ciento de la industria petroquímica nacional y, de acuerdo con cifras del último censo económico, el sector energético de Veracruz genera más de 47 mil empleos y crea un valor agregado de aproximadamente 146 mil millones de pesos al año –casi el 11 por ciento del total del sector a nivel nacional. Asimismo, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cuenca de Veracruz es la segunda de mayor importancia en la producción de gas no asociado del país, además de ser una de las más productivas. Dicha cuenca está conformada por 172 pozos exploratorios y alrededor de 300 en fase de desarrollo, con un factor de recuperación de hidrocarburos del 46 por ciento (y con capacidad de aumentar hasta el 76 por ciento). En suma, se trata de una cuenca sumamente rentable para la cadena de valor de hidrocarburos de nuestro país.
Debido a este potencial, y considerando las oportunidades de negocio que la reforma energética implica, se prevé que Veracruz sea uno de los estados más atractivos para la inversión. De acuerdo a cifras oficiales, se estima que ésta podría ascender a 12 mil millones de dólares al año. Aunado a estos beneficios, Veracruz también recibirá más recursos federales gracias al aumento de su participación dentro de los ingresos del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, el cual pasó de ser del 0.5 al 0.9 por ciento (en 2015 los ingresos provenientes de este Fondo aumentaron casi un 39% con respecto a 2014, lo cual equivale a poco más de 161 mil millones de pesos[1]).
La oportunidad de crecimiento económico para Veracruz es evidente. No obstante, el impacto y los costos significativos de la violencia y los delitos en los sectores productivos de la entidad la colocan en una posición endeble. Como puede observarse en la gráfica, los costos del delito por el total de establecimientos económicos es uno de los más elevados del país. Las empresas en Veracruz erogan, en promedio, más de 34 mil pesos por costos asociados a delitos. Si se considera únicamente a aquellos establecimientos que tuvieron durante 2013 alguna erogación derivada de una medida de protección o por algún delito, la cifra asciende a 71 mil pesos por empresa. La situación de esta entidad pone en duda la estrategia de crecimiento del gobierno federal, ya que en un escenario de alta violencia e inseguridad, la apertura de mercados –como lo representa la reforma energética– se convierte en caldo de cultivo para la captura de rentas económicas y el fortalecimiento de la estructura delictiva del crimen organizado, diluyendo así los beneficios para la población del nuevo arreglo institucional.
La creencia de que el ciclo de reformas estructurales detonará de forma automática el crecimiento económico de México es cuestionable al observar cómo las condiciones de inseguridad generan costos hundidos que disminuyen la utilidad operativa de las empresas. A pesar de que se atraigan grandes flujos de inversión (a niveles históricos inclusive), estos no necesariamente se materializarán en crecimiento ni en inversión productiva, ya que una parte de dichos flujos será destinada a la contratación de cuerpos de seguridad, la reposición de equipo y mercancía robada o al pago por los derechos de vía y de piso. Sin medidas dirigidas a atacar los problemas de seguridad que afectan la operación diaria de los sectores productivos del país, las nuevas inversiones producto de las reformas estructurales serán redituables para la clase política en turno y para la estructura delictiva, pero no podrán traducirse completamente en beneficios palpables para la población. Así, sin un respaldo efectivo de las garantías mínimas de seguridad para las inversiones productivas, México no podrá mantener de forma creíble ante el escrutinio internacional las expectativas de desarrollo a las que aspira y, por el contrario, sentará las bases para perpetuar su estancamiento económico.
[1] Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), disponible en: http://ciep.mx/entrada-
