La propuesta de reforma a 11 artículos constitucionales en materia de Guardia Nacional constituye el último eslabón del proyecto político de la 4T. Se trata de permitir que la seguridad pública se inscriba en el ámbito militar y con ello formalizar el nuevo papel del Ejército y la Marina en la vida de la nación.

Las relaciones entre el poder civil y el militar son complejas y han evolucionado en el tiempo. Hacia 1950 se estabilizaron bajo la premisa de la subordinación de los militares a las autoridades civiles federales. El proceso de militarización de la seguridad pública, que comenzó por lo menos hace dos décadas, rompió este equilibrio.

En un libro reciente que escribí con mis colegas Tito Garza Onofre, Javier Martín Reyes, María Marván, Guadalupe Salmorán y Pedro Salazar (Érase un país verde olivo, Grano de Sal, 2024) damos cuenta de este proceso y mostramos que, lejos de ser el resultado de circunstancias fortuitas es, por el contrario, el resultado de muchas decisiones tomadas desde el poder civil (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Pero durante esta administración, la participación militar en actividades propias de las autoridades civiles se ha expandido a una velocidad sin precedentes y al margen de la Constitución, mucho más allá de la seguridad pública. La presencia militar en los puertos, los aeropuertos, las aduanas, el control de la migración y múltiples obras de infraestructura generan un escenario totalmente nuevo de la relación entre el poder militar y el civil. Esto es lo que llamamos militarización.

Por eso no es casualidad que, por tercera ocasión, el presidente López Obrador proponga modificar la Constitución para establecer que la Guardia Nacional será una institución de carácter militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero las modificaciones propuestas son más profundas. Actualmente, la investigación de los delitos corresponde al ministerio público y las policías, que actúan bajo la conducción y mando del primero. Con la reforma, las policías y la Guardia Nacional podrán investigar sin estar subordinadas al ministerio público. Esto quiere decir que los militares podrán realizar lícitamente y por sí mismos actividades de investigación del delito. Con ello se modifica radicalmente todo el proceso penal y la relación entre el poder civil y militar, que ya no estará subordinado al primero.

Con esta entrega concluyo el análisis de las reformas propuestas por el presidente López Obrador. Se trata de una apretada síntesis que marca lo que, en mi opinión, son los principales trazos de una nueva arquitectura constitucional. Sin duda hay una apuesta electoral, pero también el despliegue del proyecto político de la 4T que, como todos los populismos, concentra una enorme cantidad de poder discrecional en una persona. Es una lección que no podemos desconocer.

Fuente: Milenio