De 2018 a la fecha más de una veintena de senadores han pedido licencia para ocupar cargos en la administración pública federal o para postularse a cargos de elección popular. En las semanas que siguen, porque así lo han expresado, otros y otras más se sumarán al frenesí de las campañas electorales aun antes de que inicie formalmente el periodo electoral. Si estuviéramos en un país en el que la rendición de cuentas fuera una rutina, el brinco del escaño al cargo no estaría exento de dificultades.
La legislatura en curso deja mucho qué desear en materia de diálogo y apertura, cumplimiento de obligaciones de transparencia, ejercicio del mandato y calidad de la representación reflejado en la pobreza del contenido argumentativo, muchas veces reducido a la estridencia y al insulto. La mayoría —salvo contadas excepciones— no ha honrado su encargo.
La omisión legislativa ha sido otro de los sellos de esta legislatura. Según los datos del propio Senado, existen más de 100 designaciones pendientes entre magistrados de tribunales electorales y del tribunal federal de justicia administrativa, consejeros y comisionados de órganos constitucionales autónomos, como lo es el órgano garante nacional de transparencia. Para que se configure una omisión se requiere comprobar la falta de desarrollo por parte del poder legislativo, durante un tiempo excesivo, de las normas de cumplimiento obligatorio que terminan por obstaculizar la eficaz aplicación y efectividad del texto constitucional. Es decir, como lo ha señalado el Poder Judicial en su tesis aislada sobre omisión legislativa, “el silencio del legislador altera el contenido normativo o provoca situaciones contrarias a la Constitución”.
La próxima semana, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia analizará el recurso de reclamación interpuesto por el Inai para que el órgano garante pueda sesionar con solamente cuatro de siete comisionados. Esta decisión no es idónea para el funcionamiento de una institución a la que se le otorgó autonomía constitucional para cumplir con su mandato sin sesgos políticos. Sin embargo, con esta decisión se pretende hacer frente a la vulneración de derechos que tutela el órgano garante.
Por la omisión deliberada del Senado, el órgano garante no ha podido sesionar en más de 100 días. Como consecuencia, se acumulan al día de hoy más de ocho mil recursos de revisión presentados por ciudadanos a quienes se les ha negado un derecho reconocido en la Constitución.
Desde antes de esta parálisis y a lo largo de esta administración, hemos dejado de acceder a información relevante sobre compras públicas, uso y destino de recursos públicos, toma de decisiones, financiamiento de partidos políticos y actos vinculados a violaciones graves a derechos humanos. De acuerdo con datos del propio Inai, durante los primeros cuatro años de la actual administración federal, el número de quejas por falta de transparencia se incrementó en 19 por ciento y solo en el primer año de gobierno las quejas aumentaron en 57 por ciento.
Tal y como lo ha señalado el proyecto designaciones públicas, la resolución de la segunda sala de la Corte, podrá mantener el orden constitucional y evitará la vulneración de derechos fundamentales. Sin embargo, esta decisión no exime a la Corte sobre los efectos de la omisión legislativa. Hasta ahora la ciudadanía y el poder judicial, ha echado mano de todas y cada una de las herramientas disponibles para obligar al Senado a que cumpla con su mandato. Después de la Corte lo que nos queda será el voto.
Fuente: El Universal
