Cumplieron con la palabra empeñada en los medios y, después de darle varias vueltas, los diputados federales aprobaron la reforma constitucional en materia de transparencia que, en su primera versión, retuvieron durante ocho meses. Pero fue en el Senado donde, tras las iniciativas presentadas por el entonces presidente electo, se abrió la deliberación sobre los contenidos de esa reforma y donde también, afortunadamente, se forjaron los consensos necesarios para suponer que estamos en las vísperas de un cambio de fondo en las normas y en las prácticas de la producción y el derecho de acceso a la información pública en México.
En el ir y venir del contento a la frustración, cabe suponer que ya no habrá más argumentos para torturar en las legislaturas estatales el desenlace de este cambio, que ha sido el más moroso de todos los proyectos presentados en esta legislatura —pues se ha tomado ya 14 meses— aunque sea, también, uno de los más prometedores de los últimos años. Cuando concluyan el largo trayecto que todavía les espera en las entidades, las mudanzas a la Constitución habrán establecido nuevas obligaciones de transparencia a los tres poderes y a los tres órdenes de gobierno en el país, y habrán incluido a los partidos, a los sindicatos, a los fideicomisos y a cualquier persona que maneje dineros públicos o que ejerza actos de autoridad. Es decir, el derecho a saber se habrá ampliado a todos los espacios en los que se manifiesta el ejercicio del poder público.
Para garantizarlo, el IFAI se habrá convertido en un órgano autónomo del Estado mexicano, con capacidad para decir la última palabra en esta materia, incluyendo las competencias constitucionales necesarias para revocar, en su caso, la denegación del acceso a la información que determinen los órganos garantes de los estados. Y para evitar que el propio IFAI se exceda en el ejercicio de sus competencias, la reforma habrá creado un recurso especial que le permitirá al Poder Ejecutivo apelar sus decisiones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre que consiga demostrar que la apertura de un dato o de un documento pondría en riesgo la seguridad nacional; y habrá convertido al propio IFAI en sujeto activo y pasivo del sistema de controversias constitucionales, cuando otro órgano autónomo o algún poder del Estado considere y pruebe que efectivamente se ha vulnerado su ámbito de competencias. Ningún otro recurso podrá oponerse a las decisiones definitivas del órgano de dirección del IFAI.
Al aprobarse por completo, se habrá convertido en la primera reforma constitucional destinada a garantizar la más completa apertura del ejercicio de la autoridad pública, con plenas garantías de cumplimiento, desde que comenzó la transición política en México. Será una reforma con antecedentes sólidos: la propia creación del IFAI, su réplica en los estados de la Federación y las reformas constitucionales del 2007, que sin embargo nunca llegaron a su culminación. Se trata de una breve pero muy exitosa cadena de conquistas, que han venido abriendo la concha de las decisiones de las autoridades y del origen y el destino de los dineros públicos. Y que sentarán los precedentes y las normas indispensables para avanzar, así sea paso a pasito, hacia la construcción de un verdadero sistema de rendición de cuentas en todo el país.
Tras la reforma, vendrán los debates sobre la futura integración del IFAI renovado y vendrán, también, la deliberación y la disputa singulares por los contenidos de las leyes generales de Transparencia y de Archivos que ordenará la Constitución. El trayecto hacia el final de la ruta todavía puede estar lleno de resistencias e intentos de regresión. Pero, por el momento, vale la pena celebrar el desempeño del Congreso de la República en esta materia y confiar —una vez más— en que ya nadie intentará pasar a la historia por su intransigencia y su obstinación. Muy pocas noticias merecen un brindis. Esta es una de ellas.
Fuente: El Universal
