Por Elio Villaseñor Gómez*

En México se han llevado a cabo avances significativos en materia de transparencia y rendición de cuentas -como la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la Auditoría Superior de la Federación y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Sin embargo, según el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana (2010), se registraron más de 200 millones de actos de corrupción en el uso de 35 servicios públicos básicos y se pagaron más de 32 mil millones de pesos en sobornos.

La sociedad mexicana vive en una realidad donde predominan la opacidad gubernamental, la impunidad y la convivencia con manifestaciones cotidianas de corrupción que van desde las “mordidas” a los oficiales de tránsito, hasta el soborno a funcionarios públicos. Existen además actitudes regresivas y falta de compromiso en materia de transparencia y rendición de cuentas por parte de muchos actores políticos como los partidos, el Poder Legislativo, los sindicatos y los gobernadores de algunos estados.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Coahuila. Al inicio de la administración de Humberto Moreira, el estado tenía una deuda pública de 196 millones de pesos. Al cierre de 2010 era de 35 mil 641 millones de pesos, es decir 182 veces mayor. Cabe destacar que esta información fue ocultada y la administración estatal falsificó documentos oficiales para obtener más recursos de créditos bancarios con el aval de la Secretaría de Hacienda. Éste, entres otros casos, llevó al Departamento de Estado de Estados Unidos a criticar severamente al gobierno mexicano. El órgano del Ejecutivo estadounidense hizo hincapié en la falta de castigo contra los servidores públicos en México, a pesar de la existencia de penas anticorrupción contempladas en la ley.

Así, el 11 de octubre de 2012 se llevó a cabo en el Woodrow Wilson International Center el foro “Acceso a la Información y Rendición de Cuentas: Perspectivas en un contexto global”. En él, expertos de instituciones gubernamentales y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el Wilson Center, el Banco Mundial (BM), el National Security Archive (NSA), la Oficina de los Servicios Gubernamentales de Información (OGIS), el IFAI, así como de la academia y de organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C., Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALLAC), Center for Public Integrity, Open the Government e International Budget Partnership, nos reunimos en Washington con el objetivo de intercambiar puntos de vista sobre el acceso a la información como un derecho humano exigible y universal más allá de las fronteras nacionales.

El encuentro brindó a los participantes la oportunidad de reflexionar conjuntamente sobre los retos y oportunidades de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestros países. De este modo, su pertinencia se basa no sólo en la importancia del tema, sino en el hecho de que compartimos una frontera de más de tres mil kilómetros, así como una serie de retos y de fenómenos —como la migración indocumentada, el tráfico de drogas y de armas, el lavado de dinero, por mencionar sólo algunos— que afectan a ambos lados de la frontera.

Recientemente fuimos testigos de dos hechos lamentables: la operación Rápido y Furioso impulsada por la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF por sus siglas en inglés) que permitió la entrada de armas a México con el supuesto fin de atrapar a grandes narcotraficantes y que ha cobrado la vida de muchas personas tanto en México como en Estados Unidos; y los escándalos de corrupción y soborno de la empresa norteamericana Wal-Mart en México. Estos hechos, entre muchos otros, nos recuerdan la necesidad de promover una cultura binacional de transparencia y rendición de cuentas, así como de participación ciudadana.

En ese sentido, la Comisionada presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, enfatizó que el reto es convertir el acceso a la información en un derecho universal, en un derecho para todas las personas, sin miramientos sobre su origen, su raza, nacionalidad, religión, estatus migratorio o preferencia política. Dijo también que “considera necesario ajustar las normas nacionales a este sencillo principio universal, a fin de eliminar cualquier taxativa, para que las personas puedan obtener información pública de nuestros gobiernos”.

Por ello, en el marco del encuentro propuse a nombre de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A.C. la creación de un Consejo Binacional de Transparencia y Rendición de Cuentas, en el que participen tanto organismos de gobierno, como académicos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil.

Concluimos que las fuerzas políticas deben entender que la transparencia y la rendición de cuentas son la cimentación de la democracia y el camino para recuperar la credibilidad en la política, tanto en México como en Estados Unidos. Deben entender además que dicha construcción no tendría que verse limitada por las fronteras —especialmente las nuestras que están tan vinculadas—, ni a acciones gubernamentales aisladas, sino que deben construirse de manera coordinada y en colaboración con todos los actores y sectores de ambos países, desde una perspectiva de la participación ciudadana binacional. De no hacerlo, estaríamos ignorando una realidad compartida cada vez más creciente y desperdiciando una gran oportunidad de colaboración para el fortalecimiento de nuestras ciudadanías y para la construcción de soluciones integrales y efectivas para nuestros retos comunes.

* Director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo A. C.