La solicitud de un periodo de prórroga al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para la plena implementación de los compromisos derivados de la entrada en vigor de la Ley de Contabilidad Gubernamental en los tres órdenes de gobierno ha generado cuestionamientos respecto a la prudencia de dicha medida. Considero que es necesario contribuir a este debate con la aportación de algunos elementos que subyacen a este importante proyecto.
No es infrecuente en nuestro país que el concepto de prórroga esté vinculado a una actitud evasiva o que muestre una falta de compromiso respecto a asumir obligaciones o cumplir con ordenamientos, por parte de quien la solicita. Es entendible que se manifiesten reservas ante esta situación, dada su importancia en cuanto a sentar las bases de una administración pública más responsable y transparente.
Sin embargo, la misma magnitud del proyecto, la diversidad de la problemática en su puesta en marcha en los distintos órdenes de gobierno, la gran cantidad de aspectos técnicos que involucra, la gran disparidad que hay, en cuanto a niveles de institucionalidad, desarrollo, concepción de la normativa y acceso a recursos financieros y humanos entre los 2,457 municipios, sumados a los rezagos administrativos y estructurales existentes para su implementación, prefiguran un panorama complejo.
En su XVI Asamblea General, la Asociación Nacional de Organismos Fiscalizadores Superiores y Control Gubernamental (ASOFIS), en abril de este año, se llevó a cabo un análisis de los avances en materia de armonización contable en estados y municipios. No olvidemos que éste es un elemento clave del proyecto de crear un Sistema Nacional de Fiscalización, y que por lo mismo, representa un compromiso asumido por las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales y la propia Auditoría Superior de la Federación.
Una vez hecho dicho análisis, atendiendo a criterios exclusivamente técnicos, se llegó a la conclusión de que resulta indispensable definir conceptos centrales de la ley y proporcionar lineamientos para su aplicación en temas como tiempo real, momentos contables del ingreso y egreso, integración del presupuesto y la operación contable, emisión y contenido de la Cuenta Pública, registro y valuación del patrimonio, presupuestación basada en resultados y consolidación de la información financiera.
Más aún, una de las bazas de este proyecto es la creación de software especializado que permita un manejo estandarizado, transparente y comparable de las cuentas públicas de los tres órdenes de gobierno; su desarrollo no puede pasar por alto estas carencias, puesto que, simplemente, sería inoperativo y requeriría de constantes actualizaciones, modificaciones y capacitación a quienes se encarguen de su administración. Hacerlo contra reloj, además de utópico, podría resultar contraproducente.
Ante la creación, desde sus cimientos, de un sistema contable uniforme y ordenado para una realidad fáctica tan compleja como la de México, es necesario valorar si el tiempo que supuestamente se pierde en la prórroga, no será ganado en el mediano plazo al contar con un instrumento que no haya que parchar, enmendar y corregir una y otra vez.
Desde mi punto de vista, no se debería caer en el formalismo, constantemente vivido en nuestra nación, de tener leyes avanzadas, pero no disponer de las capacidades y la infraestructura para cumplirlas, con lo que quedan en letra muerta, desilusión de la ciudadanía y pérdida de recursos y esfuerzo. Ir, lento, en este caso, puede garantizar ir lejos.