¿Y si mejor me callo, y dejo pasar de largo actos de corrupción? Este es el mensaje que estamos viendo a quien se atreva a denunciar un acto de corrupción, a quien le ponga nombre y apellido, a quien le ponga números en moneda nacional, a quien le ponga dirección y cuenta predial, a quien dé a conocer contratos con sobreprecio, a quien haga una investigación con evidencias. En la Red por la Rendición de Cuentas, este tema dio mucho de qué hablar. Se señaló que “la casa blanca” puso de cabeza al gobierno, que lo desacredito, que los saco de sus casillas, que perdió legitimidad, que lo puso a repensar el sistema anticorrupción y varios calificativos más.
Hoy vemos que no hay incentivos para denunciar la corrupción, hoy vemos que optar por la honestidad significa traernos problemas, significa perder nuestros bienes, significa perder nuestro empleo, significa ser contrarios; en concreto, la honestidad nos trae más problemas que beneficios, viene acompañada de frustración, aunque sea mordiéndose los labios, muchos prefieren permanecer en la zona común o de confort, viendo diversos actos de corrupción.
El caso de MVS manda un mensaje claro, denunciar un acto de corrupción implica que te corran del trabajo, para qué nos metemos en problemas, para qué nos ponemos con “Sansón a las patadas”, mejor optar por “agua que no has de beber, déjala correr”.
Luis Escobar de la Serna apunta que: la facultad de difundir significa la posibilidad de expresar ideas, ya sea manifestándolas de manera oral, escrita o por cualquier otro mecanismo; consiste en la clásica libertad de expresión. La facultad de difundir presupone que el Estado ha de eliminar todas las trabas que impidan al ciudadano “la libre difusión de opiniones e informaciones”, y, en un ámbito más reducido, posibilite al profesional de la información, al sujeto cualificado, el libre ejercicio de la actividad periodística para que se generen las condiciones de la formación de una autentica opinión pública. Hoy vemos este Derecho ninguneado tan solo por poner a la vista de los ciudadanos, un supuesto acto de corrupción; el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos ha sido socavado.
Nuevamente los intereses mercantilistas, privatistas y clientelares de las empresas dedicadas a la comunicación han vuelto a trastocar el derecho a la información, como en los buenos tiempos del viejo régimen. Héctor Pérez Pintor señala que: la obligación de una empresa informativa de carácter privado es informar observando la objetividad, la veracidad, la eticidad y la imparcialidad, principios todos, que le corresponde ejercer el sujeto organizado de la información. Hoy están en entredicho.
Es tiempo de poner los andamios en la arquitectura del Sistema Nacional Anticorrupción, es tiempo de dejar de trivializar la corrupción, es tiempo de reforzar nuestro Derecho a ser informados, es tiempo de preferir la honestidad, es tiempo de crear los incentivos para denunciar actos de corrupción, es tiempo de disminuir los riesgos y aumentar los beneficios de la denuncia, es tiempo de no claudicar en la lucha contra la corrupción sistémica, es tiempo de retomar principios sólidos que orienten el desempeño de los servidores públicos, es tiempo de devolver la probidad en la función pública, es tiempo que la denuncia forme parte de la política anticorrupción, es tiempo de una política de integridad,
En caso contrario, seguiremos estancados en este gran lago de impunidad; seguiremos viendo pasar raudales de dinero producto de la corrupción, seguiremos abonando en nuestro imaginario colectivo que la corrupción sí es cultural. Y seguiremos teniendo un país atrapado en el círculo vicioso de la corrupción. La situación y el escenario actual lo demanda.
@acruzpi
