El Ranking 2019 World Press Fredom index ubica a México en el lugar 144 de 180. Artículo 19 ha titulado su Informe Anual 2018 sobre el tema así: Ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva. Y el próximo 15 de mayo se cumplen dos años del vil asesinato de Javier Valdés.
Aún con el Presidente Andrés Manuel López Obrador tenemos un panorama terrible, en términos generales de la violencia incubada y desatada en los últimos tres sexenios. Y no puede cesar por arte de magia con su llegada a Palacio Nacional como ahora sí muy dignos panistas y priistas exigen.
Particularmente el ranking mencionado arriba nos recuerda que van tres periodistas muertos durante estos casi cinco meses del año y que subimos tres escalones del año pasado a este. Reporteros sin Fronteras, la organización que elabora el índice, titula el apartado sobre nuestro país como “Violencia constante y miedo”, coincide con Artículo 19 quien destaca en la introducción de su informe que “El miedo que provoca la violencia trajo el silencio.” Y aquellos, dejan claro que “Los mandatos presidenciales de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) registraron un número récord de asesinatos y desapariciones de periodistas (un total de 112 casos)…” Y particularmente, dice nuevamente el informe de Artículo 19, “El país que dejó Peña Nieto es el más peligroso para ejercer el periodismo en el continente. A lo largo de su sexenio se cometieron 47 asesinatos, 4 desapariciones y un total de 2,502 agresiones y, aun cuando los números son suficientes para causar indignación, no reflejan por sí mismos el terror al que se enfrenta la prensa en este país.”
Por eso es que bajo estas reflexiones, he planteado en el Programa Analítico de la Unidad de Aprendizaje “Estado y Sociedad” que imparto en cuarto semestre de la licenciatura en sociología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala realizar un sencillo homenaje al periodista Javier Valdés, sociólogo de formación egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el próximo miércoles 15 de mayo, exactamente cuando se cumplen dos años de su asesinato.
Porque es necesario exigirle al presidente de la república y al Fiscal General que en este y los cientos de lamentables casos de asesinatos, desaparecidos y agresiones a la prensa no continúe la impunidad. Porque efectivamente como señala Artículo 19 en su informe, el primer elemento del silenciamiento de la prensa es “La criminalización y restricción de la libertad de expresión.”
En tal sentido López Obrador puede ser, como señala Reporteros sin Fronteras, “… la esperanza de que México finalmente pueda liberarse de la espiral de violencia.”
No se trata, o no podemos verlo como simple acto de fe. El actual presidente, desde nuestro modesto mirador, parece estar dando señales importantes, para conseguirlo. Por ejemplo el pragmatismo político suficiente para lograr que, no sin dificultades, es decir luego de procesos arduos de negociación, su propuesta de creación de la Guardia Nacional haya sido aprobada por todos los partidos en el poder legislativo.
Y es que si no es ahora, el panorama sería francamente desolador.
Tienen que revisarse, y hacer eficaces, a corto plazo, políticas como, enumera Artículo 19: “el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos (el Mecanismo), la Fiscalía Especial de Atención a delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en cumplimiento de las distintas recomendaciones de los Relatores para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas.”
En la relación Estado y sociedad, tal cual la estudiamos ahora nosotros desde la sociología el Derecho de Acceso a la Información Pública es el punto de partida del ejercicio de nuestro derecho a la Libertad de Expresión. Tenemos derecho a conocer lo que las entidades públicas, no sólo el gobierno, deciden en nuestro nombre y exigir rendición de cuentas, es decir que además de informar tengamos la capacidad de sancionar.
La política de comunicación social de la presidencia de la república, considero, es un elemento importante a analizar, para entender si con ello se puede, no hacer borrón y cuenta nueva, sino romper de tajo con la corrupción que ha imperado y aspirar a una sociedad decente.
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