El 13 de septiembre de 2012, a menos de dos meses de asumir la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto envió una iniciativa por conducto de los grupos parlamentarios del PRI y del PVEM en la Cámara de Diputados. El proyecto presidencial tenía como objetivo fundamental dotar de autonomía constitucional al Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Aunado a ello, la propuesta busca fortalecer y ampliar la independencia y el margen de maniobra del Instituto, con el objeto de consolidarlo como el máximo órgano garante del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en todo el territorio nacional.

Esta iniciativa, además, responde al anhelo de extender la jurisdicción del IFAI a todos los poderes federales (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos autónomos) a excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con dichas modificaciones, terminaría una era donde los esfuerzos de transparencia sólo se focalizaban a las dependencias del Ejecutivo federal, para pasar a una nueva etapa donde podrá ahondarse en la transparencia legislativa, judicial, y de las dependencias como el Instituto Federal Electoral (IFE), el Banco de México (Banxico), Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre otros. Asimismo, la iniciativa propone otorgarle la facultad de revisión de las decisiones que los comités de acceso a la información de otros poderes y que los fallos de los órganos garantes estatales puedan ser revisados y rectificados por el IFAI cuando la resolución del primero no sea satisfactoria para el solicitante.

Hasta aquí todo parece marchar muy bien; sin embargo, la iniciativa también plantea un incremento tanto en el número de comisionados de cinco a siete, como en el número de funciones del Instituto, que le llevarán naturalmente a un ampliación significativa en el personal que en él labora. Para su eventual implementación, la iniciativa establece que de ser aprobada por el Congreso y las legislaturas estatales existirá un período de un año para realizar las modificaciones legales para ajustarse al nuevo órgano autónomo. Sin embargo, existe una máxima sobre la prioridades gubernamentales: si ésta no está reflejada en el presupuesto, no es prioridad. Y es aquí donde comienzan las contradicciones. El proyecto de Presupuesto de Egresos para 2013 plantea un aumento de 90 millones de pesos en los recursos asignados al IFAI, llevándolos a 573 millones 079 mil 976 pesos. Mismos que a todas luces resultarían insuficientes para acoplarlo a sus nuevas atribuciones, a la reconfiguración del sistema Infomex, a los estudios que deben realizarse para adecuar las normas secundarias como la Ley Orgánica del Instituto, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. Además, desde luego, a los marcos internos del Congreso de la Unión, del Poder Judicial, del IFE, el Banxico, la CNDH y el INEGI.

Si el fortalecimiento del IFAI en sus instrumentos, autonomía y atribuciones son de tal importancia para la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, ¿porqué no asignó mayores recursos para que tenga la posibilidad real de llevar a cabo con plenitud sus nuevas labores con la eficacia con lo que lo ha hecho hasta ahora?

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