La Defensoría de los Habitantes autoridad de derechos humanos- de Costa Rica, se apresta a elaborar un índice para medir la transparencia de las instituciones del sector público, dijo hoy aquí la titular de la entidad, Ofelia Taitelbaum.
La aplicación de la medición iniciaría con medio centenar de instituciones en las áreas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de gobiernos municipales, indicó la funcionaria.
Se trata del Índice de Transparencia en el Sector Público, que será incorporado a la Red de Transparencia Interinstitucional, promovida por la defensoría en su sitio en Internet, señaló.
La iniciativa debe acompañarse con legislación en materia de acceso a información, aseguró Taitelbaum.
La defensoría “medirá el nivel de transparencia de las instituciones”, como parte de “acciones de rendición de cuentas hacia los y las habitantes, e iniciará este plan en una primera fase, con un grupo de 50 entidades del sector público”, dijo.
“Este proyecto será una prioridad institucional, pues será un instrumento que permitirá fomentar una cultura de probidad en el país, para la lucha contra la corrupción y para que los habitantes sepan cómo se está invirtiendo el erario”, explicó.
“El dinero es de todos y es responsabilidad de todos conocer cómo se está invirtiendo”, por lo que “debemos dar el paso para su cuidado, y de la responsabilidad que significa en la credibilidad de nuestro sistema democrático”, reflexionó.
“La defensoría quiere aportar con este plan en esa dirección”, subrayó Taitelbaum, una ex legisladora por el gobernante y socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN).
Según la funcionaria, “este esfuerzo debe ir acompañado de una Ley de Acceso a la Información -que se encuentra pendiente de aprobación- y de una participación ciudadana activa”.
A ello es necesario sumar “una rendición constante de cuentas por parte de los administradores de la cosa pública”, aseguró.
El índice se sumará a la red “para determinar el apego de las instituciones al ordenamiento en términos de accesibilidad a la información y rendición de cuentas”, dijo.
Asimismo, para “promover la gestión de mecanismos que faciliten el control ciudadano de los asuntos públicos, y que este Índice se convierta en una herramienta de incidencia política para la toma de decisiones”, explicó.
En opinión de la defensora, “hay que cimentar una cultura de transparencia y apertura al escrutinio, observación y auditoría, tanto desde la ciudadanía como a lo interno de la administración pública”.
“Y rescatar el concepto frente a la realidad del país, específicamente en cuanto a la discrecionalidad en que se maneja, muchas veces la información pública”, aseguró.
Se prevé que el índice cubra aspectos tales como la información disponible a la población en los respectivos sitios institucionales en Internet, explicó la funcionaria.
Asimismo, datos sobre acuerdos, contratos de obra pública, licitaciones, planificación de compras públicas, salarios, entre otros rubros.
Al dar a conocer en junio del año pasado en conferencia de prensa aspectos de su Informe Anual de Labores 2011-2012, Taitelbaum advirtió que el Estado debe reorganizarse, sin crear más burocracia, para superar debilidades en la tutela de los derechos humanos.
El Estado ha, gradualmente, perdido capacidad de dirección, regulación y fiscalización de los servicios ofrecidos a los habitantes de esta nación centroamericana, advirtió.
También carece de claridad en materia de fijación de políticas en general, aseguró.
