El pasado 13 de junio de este 2019 se reunió, en el contexto de la sesión nacional de la Comisión Anticorrupción de la COPARMEX, un grupo notable de fiscales anticorrupción de diversas entidades del país, con el objetivo de exponer algunas experiencias sobre la evolución actual de las fiscalías y algunos de los temas que están abordando como materia de análisis y tratamiento.

Las principales temáticas trabajadas fueron la necesaria autonomía, técnica, política y financiera, que deben de tener estos órganos, su competencia ante ciertos delitos, la responsabilidad penal de las personas morales, en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los whistleblowers (informantes o alertadores) y el derecho premial como posibilidades de innovación legislativa para la política anticorrupción en México.

Por razones de espacio no podría abundar con detalle lo dicho sobre cada uno de estos temas, pero sí veo posible aportar tres reflexiones que pueden ilustrar una parte del avance y los retos actuales de las fiscalías anticorrupción estatales.

  1. Están transitando por una etapa de consolidación y adaptación.

Por un lado, a través de procesos y dinámicas de carácter preponderantemente político, se están consolidando como instituciones. Están sorteando, como pueden, el primer reto de ser encabezadas por titulares razonablemente entendidos e interesados en el tema anticorrupción que, además, sean suficientemente independientes o poco vinculados a los intereses del gobierno local, como para poder tomar decisiones e iniciar investigaciones/acciones verdaderamente técnicas y despolitizadas.

Un segundo reto de consolidación es lograr su autonomía técnica y financiera. Ambas autonomías son cruciales; los fiscales necesitan contar con presupuesto cierto y suficiente cada año, cuyo monto o ministración no esté sujeta al humor, gracia o enojo del gobernador, el Fiscal Estatal o el Congreso local, a la vez que deben tener el control sobre su personal, instalaciones, actos de autoridad y apoyos administrativos para poder operar eficazmente.

Por otro lado, las fiscalías estatales están experimentando una adaptación importante: están aprendiendo a incorporar el tema e incorporarse ellas mismas al entramado ya existente en el mundo de la procuración e impartición de justicia en sus estados. Este tránsito adaptativo es de carácter fundamentalmente técnico y tiene que ver con el mayúsculo reto de atender aspectos de orden organizacional, cultural y de legitimidad.

A nivel organizacional deben convertir el precepto legal de las leyes anticorrupción en políticas, programas, rutinas administrativas y procedimientos eficientes, modificando los ya existentes o creando algunos nuevos. Todo esto para contar con elementos básicos de trabajo como buenos protocolos de investigación y de actuación ministerial, métodos de análisis y obtención de pruebas, criterios para calificar los tipos penales novedosos, estrategias de armonización procedimental con la policía preventiva y mucha coordinación con el poder judicial para que no se “caigan” las carpetas de investigación una vez que se judicialicen los casos.

En los niveles cultural y de legitimidad, los fiscales anticorrupción se están enfrentando a dos públicos igualmente difíciles: los mismos servidores públicos y la población de su estado.

Los empleados públicos y personajes relacionados con la procuración/impartición de la justicia (policías, abogados, empleados de las fiscalías y miembros del poder judicial, entre otros) forman parte de un medio plagado de malas prácticas y vicios arraigados que son incompatibles con los mandatos de las leyes anticorrupción. Se necesitará de una sistemática cruzada cultural que incluya convencimiento, liderazgo, capacitación y, si no hay de otra, sanciones ejemplares.

Respecto a la población, esta se mantiene escéptica sobre el esfuerzo anticorrupción de sus sistemas locales, lo que obliga a que dichos sistemas, incluidas las fiscalías, sean eficaces e imparciales, si lo que quieren es ganarse la legitimidad y el aprecio social.

  • Han optado por una estrategia de sinergia temática.

En función de los retos que está imponiendo la consolidación y la adaptación descrita, los fiscales anticorrupción optaron por una estrategia bastante racional: crear un frente común que los fortaleciera y les permitiera beneficios colectivos.

Hace menos de un año se fundó la Convención Nacional de Fiscales Anticorrupción (CONAFA), con la idea de impulsar la prevención y detección de hechos constitutivos de delitos de corrupción, proponer políticas públicas en la materia y provocar la coordinación entre las instancias de procuración de justicia.

La Convención ya ha ejercido acciones de poder colectivo en apoyo a sus integrantes, como en el caso de la fiscalía anticorrupción de Oaxaca, que fue afectada con la supresión de recursos para este año y ante lo cual la CONAFA protestó como órgano colegiado al inicio de 2019 y expresó el público apoyo al fiscal anticorrupción de esa entidad.

Sin embargo, aunque este organismo puede abonar en la consolidación de las fiscalías como instituciones, la mayor riqueza de la CONAFA está en su capacidad de coordinar acciones, unificar criterios y acelerar la ambientación necesaria para que la ciudadanía empiece a percibir verdadera voluntad y eficacia en el combate a la corrupción, desde el territorio estatal, donde ocurre la corrupción cotidiana; la más sentida y percibida.

Una buena señal de la orientación predominantemente técnica de la CONAFA es el hecho de que su primer presidente es el Fiscal Anticorrupción de Sonora, quien fue el primer fiscal anticorrupción del país, nombrado en septiembre de 2015. Esto es relevante en tanto que es el personaje que puede aportar más experiencia en tiempo respecto a las complicaciones y aciertos para operar una fiscalía estatal anticorrupción y es más sensible a apoyar a los que están asumiendo el cargo de forma tardía.

Será valioso recuperar la práctica de la fiscalía anticorrupción de Sonora, y las de aquellas entidades que nombraron sus titulares correspondientes en 2016 y 2017, pues de ellos pueden derivar buenas prácticas útiles y necesarias para las fiscalías que se han nombrado con posterioridad.

  • Su trabajo coordinado puede ser aprovechado como referencia tractora para motivar a las fiscalías más atrasadas.

Por último, la dinámica sinérgica de las fiscalías, en orden a superar este tránsito de consolidación/adapación, abre diversas posibilidades para homologar el trabajo de las fiscalías en todo el país en un plazo menor que si lo hicieran de forma aislada.

El acompañamiento social a las fiscalías aparece como útil y necesario, desde diversos frentes y dimensiones; para efecto de monitorear su eficacia, vigilar su integridad, legitimar sus acciones con el apoyo social, facilitar la estandarización de las buenas prácticas e, incluso, para procesar su dinámica de normatividad procesal desde el análisis del derecho comparado, entre entidades federativas, pero también en contraste con localidades de otros países que han organizado esfuerzos similares para combatir su corrupción.

Y, por cierto, este efecto tractor que mueva a las fiscalías a no retrasarse y a adoptar buenas prácticas urge hacerlo sentir en la Ciudad de México, pues es la entidad federativa más atrasada en la implementación de su Sistema Anticorrupción, incluyendo su fiscalía anticorrupción. Como con tres años de atraso, apenas en diciembre de 2019 se transformará la Procuraduría General en Fiscalía General. ¿Fecha para que haya un fiscal anticorrupción? Este año no será.

Aunque ya hay algunos espasmos de reactivamiento del tema en la capital, falta ver si la Comisión de Selección y el Comité de Participación Ciudadana son electos con imparcialidad, sin mano negra y eligiendo los mejores perfiles; falta ver si la Procuraduría permite el acompañamiento social en el proceso de transición a ser Fiscalía; falta ver si el Congreso realmente funciona bajo el principio de Parlamento Abierto y acepta la opinión de la sociedad civil. Falta ver. Al tiempo.