La historia de Carlos Martínez Varela ex edil del municipio de Emiliano Zapata en el Estado de Morelos es una de las muchas que han generado que ocho de cada diez mexicanos aseguren hoy en día que un político no renunciaría a su puesto para enfrentar cargos de corrupción (Parametría, 2015).
El municipio de Emiliano Zapata colinda con Cuernavaca y Yautepec, cuenta con poco más de 85 mil habitantes y poco más de la mitad de la población cuenta sólo con escolaridad básica. En 2014, su presupuesto fue de 332.8 millones de pesos y basta con ver el portal para constatar las graves deficiencias que el municipio presenta en materia de transparencia y rendición de cuentas. Según el índice de información presupuestal municipal realizado por el IMCO, el municipio no publica el presupuesto de egresos en el portal, los ciudadanos no pueden conocer el estado de las finanzas públicas municipales, no existe un desglose de las aportaciones y cuotas de seguridad social ni tampoco se mencionan cuestiones de interés como las plazas municipales, los ingresos por transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, sólo por mencionar algunas.
A pesar de estas deficiencias, hace unos meses, 11 amparos por el cobro indebido de impuestos interpuestos por un grupo de ciudadanos de Emiliano Zapata en contra de diversas autoridades locales lograron cambiar, al menos momentáneamente, la inercia de la impunidad.
Como lo marca la ley, el presidente municipal y la tesorera de este municipio morelense fueron requeridas en diversas ocasiones para cumplir una sentencia favorable a los agraviados. Sin embargo, los funcionarios decidieron ignorar los tribunales y ni siquiera hicieron el esfuerzo por justificar su omisión. Con el paso del tiempo, el caso que podría haberse resuelto con la devolución del dinero injustamente cobrado terminó por escalar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la cual en agosto pasado emitió una resolución por inejecución de sentencia que derivó en la renuncia de la tesorera municipal y la destitución del entonces presidente.
En la lógica madisoniana, el sistema de pesos y contrapesos pareció ser efectivo, el abuso fue acotado y los responsables sancionados.
Sin embargo, entre la resolución de la SCJN y la notificación a los responsables transcurrieron 15 días, tiempo suficiente para que el ex edil perredista dispusiera, con ayuda de su secretario, del fondo de seguridad del municipio y dejara a más de 50 trabajadores con quincenas pendientes.
Por si fuera poco, hace un mes, el ex edil solicitó el amparo y protección de la justicia federal para evitar ser aprehendido e ir a la cárcel ya que fue girada una orden por el delito de desacato.
El caso nos muestra bien cómo a pesar de los avances institucionales aún no estamos suficientemente blindados contra la impunidad y es en esta lógica que deberá construirse cualquier propuesta de exigencia de responsabilidades que pretenda dar resultados y ser algo más que otra dosis de demagogia.
