La constitución del nuevo IFAI y las reformas en materia de transparencia son temas importantes que han estado ocupando la atención pública en esta temporada; por supuesto, es algo decisivo para el rumbo que tomará la rendición de cuentas de nuestro país. Sin embargo, la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción es un tema que se ha ido rezagando desde el año pasado y que cambiará a la gestión pública del país. Diversas voces han manifestado sus análisis al respecto y la Red por la Rendición de Cuentas celebró en agosto del 2013 un congreso internacional sobre la materia y convocó en enero de este año a un foro para debatir sobre el futuro órgano anticorrupción, aportando ideas y sugerencias concretas para ser tomadas en cuenta por los legisladores.

Personalmente, no considero -al igual que muchos- que la creación de un órgano anticorrupción sea la mejor solución al problema, pero ante su inminente creación me parece que es importante reflexionar sobre su impacto en las contralorías municipales, esas instancias olvidadas o inexistentes en algunos ayuntamientos que son el espacio primario donde se controla, como su nombre indica mediante auditorías y otros mecanismos de vigilancia, los primeros síntomas de corrupción de los servidores públicos y en general, se observa si la gestión pública municipal es correcta y eficaz.

Sabemos también, que el Municipio y su gobierno es el ámbito más cercano al ciudadano, nadie vive en la federación ni en una entidad federativa, todos habitamos y convivimos en algún espacio municipal o una delegación del D.F. La contraloría municipal es la instancia que debiera explicarnos por qué hay baches en las calles, cuando las hay, si cada año se gasta en pavimentación o a qué se debe la mala o nula prestación de los servicios públicos básicos cuya atención corresponde al gobierno municipal. No olvidemos tampoco, que mucho gasto federalizado se asigna al ámbito municipal y como lo ha reportado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es un gasto público con graves deficiencias en cuanto a su control.

Durante años, se ha centrado la atención en el control externo debido a la muy notable labor de la ASF y sus pares en las entidades federativas mismas que en algunos casos, son poco simétricas en cuanto a sus facultades y capacidades. Pero poco se dijo desde que estos órganos fiscalizadores fueron creados, acerca de la importancia del control interno, el cual se verifica durante el ejercicio de los recursos públicos y con mejores probabilidades de éxito para ser preventivo o corrector oportuno. Se llegaron a hacer críticas severas a la Secretaría de la Función Pública, sin que prosperara una transformación interna que la convirtiera en un auténtico dique previo al desbordamiento del problema de la corrupción y en cambio, hoy desaparece y parte de sus funciones de control interno pasarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En las entidades federativas se tiende a replicar los modelos federales, no siempre idénticos. Algunos Estados ya han cambiado los nombres a las antiguas contralorías estatales o secretarías de gestión pública y hay iniciativas para crear fiscalías o comisiones anticorrupción en este ámbito de gobierno. Pero en los ámbitos municipales las reformas tardan en llegar o implementarse ¿qué va a suceder con las contralorías municipales? ¿Serán mini órganos anticorrupción?

Reiteradamente se ha dicho que la solución no es únicamente vigilar la salida y perseguir corruptos, sino controlar la entrada y prevenir el problema en el espacio que sucede. Las contralorías municipales deben ser un actor clave para la rendición de cuentas al revisar la gestión financiera de los 2,440 municipios que actualmente tiene México; cabe señalar que no todos ellos cuentan con una contraloría interna, otros casos presentan una confusión entre las funciones de la contraloría y la sindicatura, algunos más dependen de comisiones edilicias, lo que puede contaminar su trabajo con intereses político partidistas.

Así como los estados más desarrollados tienen información sistematizada, confiable y actualizada también, las mejores economías tienen fuertes y metódicos controles internos para la gestión de los recursos públicos los cuales se complementan con el control externo y el social. Ni qué decir de las empresas, la mejores aun siendo pequeñas, tienen a esta instancia como uno de sus instrumentos más fuertes para ser eficientes y con base en sus reportes, tomar decisiones de corrección o mejora.

Las contralorías municipales por otra parte, deben estar integradas adecuadamente al Sistema Nacional de Fiscalización tal y como lo pretende esta iniciativa y dejar de ser “oficinas de tapanco” del municipio como me lo dijo un contralor municipal hace unos días; delimitar su naturaleza, dotarlas de una autonomía que les permita un trabajo objetivo e imparcial, fortalecer o generarles capacidades institucionales y humanas, así como obligarlas a una transparencia oportuna y veraz son áreas de oportunidad que no debemos permitir se vuelvan espacios vacíos y oscuros. Celebro por ello, la próxima realización del Cuarto Congreso Interestatal de Contralores Municipales que se llevará a cabo en Morelia en junio próximo, espacio de diálogo que confío logre ser escuchado y visto por los legisladores federales.

Zapopan, Jalisco, 10 de marzo de 2014.