Por Lourdes Morales y Daniel Manchinelly
Después de meses de haber presentado la iniciativa al Congreso, el Presidente Felipe Calderón pudo firmar el decreto de la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas la cual sanciona con hasta dos millones de salarios mínimos a las personas físicas y morales, nacionales o extranjeras, que incurran en actos de corrupción como: soborno, extorsión, colusión, simulación, tráfico de influencias y presentación de información falsa en contrataciones públicas.
Esta ley se aprueba apenas unos meses después de que la OCDE advirtiera que las adquisiciones por parte de entidades gubernamentales han sido un elemento crítico en la reforma del sector público en México. En el“Estudio Sobre la Contratación Pública: Aumentar la Eficiencia e Integridad para una Mejor Asistencia Médica” el organismo precisa que el 40% de las compras de gobierno se hacen en el sector salud y energía ambos sectores con recientes escándalos documentados de corrupción.
El tema de la corrupción ha sido una constante tanto en los señalamientos de organizaciones de la sociedad civil, como en los movimientos por la Paz con Justicia y Dignidad y el #yosoy132. En los medios de comunicación, los escándalos sobre desvíos de fondos sin consecuencias, principalmente en las entidades del país, son ya una constante. En las campañas electorales, se ha diagnosticado como uno de los principales males que aquejan al país y sin embargo, pocas soluciones se han formulado al respecto. En el segundo debate presidencial, uno de los subtemas sobre Política y Gobierno era el de Transparencia y Rendición de cuentas. Sin embargo, solo Peña esbozó apenas tres propuestas: homologación contable, refuerzo a la transparencia, fiscalía anticorrupción y testigos sociales para asegurar la participación ciudadana. Los candidatos llegaron al segundo debate no para confrontar, sino para tratar de persuadir a los indecisos. Al final terminaron por dirigirse a su electorado de base. Así, Enrique Peña Nieto, titubeante y dubitativo, logró delinear algunas propuestas formuladas más con demagogia que con sustento. Andrés Manuel López Obrador trató de ser conciliador y propositivo aunque eliminó la meritocracia del acceso universitario y propuso la utilización de unos recursos públicos, en base a un supuesto ahorro, cuyos fondos son inexistentes. Sólo Josefina Vázquez Mota, quien se coloca desde hace semanas en el tercer lugar de la contienda, confrontó, cuestionó y marcó el ritmo del debate aunque sus propuestas se contradicen en sí mismas: cambio con continuidad, liderazgo sin equipo, gobierno de y para mujeres. La conclusión de la mayoría de los analistas es que no fue el segundo debate, mucho mejor en formato que el primero, el factor que definirá el voto de los indecisos. Con todo, las encuestas siguen manteniendo a Enrique Peña en el primer lugar de las preferencias, esto sin contar que habrá 15 elecciones coincidentes en los estados del país dentro de las cuales se renuevan 6 gobernadores.
Finalmente, el Presidente Felipe Calderón presentó el Centro de Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina (CLEAR) cuya sede es el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El CIDE se une a la red global de centros CLEAR. Fue seleccionado competitivamente entre 22 instituciones de América Latina para ser la sede del centro. Con esto, el CIDE se une a la red global de centros ubicados en China, India, Sudáfrica y Senegal.