Y estamos en la incertidumbre sin avizorar la luz que nos indique si estamos al final de esta oscuridad. Tiempos de crisis, la sanitaria con un aumento de contagios y muertos cada vez más. Y mientras en América se mantiene récord letal de coronavirus, en Europa los científicos alertan de una segunda ola. Lo cual significa que la pesadilla no acaba de terminar y en consecuencia, hoy en día, es indomable.

Por lo que resulta necesario analizar la afirmación de Andrea Jelinek, presidenta de la Junta Europea de Protección de Datos, “Las reglas de protección de datos no obstaculizan las medidas tomadas en la lucha contra la pandemia del coronavirus” (www.ismsforum.es, 18/03/2020). Es decir, no saber ¿quiénes o dónde están los contagiados y muertos no ha incidido en la lucha contra el covid-19?

La anterior pregunta no aparece como debate principal, al contrario se ha disociado. Dado que por una parte, gobiernos e instituciones sanitarias coinciden acerca del respeto a la privacidad de los individuos al no dar a conocer los datos personales de los contagiados y decesos, más no relacionan que dichas medidas sí están obstaculizando la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Y la otra, manifestaciones en ciudades europeas en contra de restricciones civiles; amparos que se promueven en México ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de medidas del coronavirus adoptadas por gobiernos estatales; indignación en la ciudad de Córdoba en Argentina por la filtración del nombre de un contagiado lo cual amerita una investigación; y, advertencia de la Federación Internacional por los Derechos Humanos al señalar que por la pandemia del covid-19 se ha permitido a los gobiernos aumentar ilegalmente sus prerrogativas mediante el control de su población y violando derechos fundamentales y libertades individuales, por esto afirman “Hoy es más importante que nunca apoyar a las organizaciones de derechos humanos para que aborden estas cuestiones y sostengan una sólida cadena de defensa de los derechos humanos ante el autoritarismo (www.fidh.org, 24/06/2020). Lo cual confirma la premisa de convivencia de observar primeramente las reglas del respeto al prójimo y preceptos legales y desplazar a segundo plano las exigencias de información o veracidad, no obstante el escenario que ha puesto en riesgo el derecho a la vida y ha frenado la economía con efectos aún imprevisibles en lo social.

Más la pandemia del coronavirus ha trastocado no solamente al mundo real sino también al mundo de las ideas. El pasado 19 de marzo el Comité Europeo de Protección de Datos manifestó que las normas de protección de datos permiten a las autoridades sanitarias y empleadores procesar datos personales en el contexto de una pandemia sin que haya necesidad del consentimiento de los individuos, la base jurídica para ello sería el interés público.

Lo cual ha causado gran revuelo e inconformidad de parte de los defensores del derecho a la privacidad e intimidad, dado que si no se cumple con el principio de consentimiento en la protección de datos personales, luego el Estado no garantiza la privacidad de los individuos. Y entonces, “Sacrificar el derecho a la intimidad a cambio de mayores capacidades, reales y percibidas, de los gobiernos para garantizar el derecho a la salud, podría ser una medida que pase sin mayor ruido. Sus consecuencias sin embargo podrían redefinir el orden público” (El derecho a la privacidad en tiempos del covid-19, Palmira Tapia, Forbes México, 16/04/2020).

Y sin mayor ruido el interés privado sometió al interés público en el mundo de la auditoría y fiscalización, al privilegiar la secrecía y confidencialidad; pero tampoco causó ruido que leyes de transparencia y sistemas anticorrupción continuarán defendiendo tal privilegio. Y mucho menos en la aprobación de la armonización contable que representó la instauración de la banalidad de la contabilidad privada en la administración pública. Invasión que no generó manifestaciones, amparos, indignaciones, ni advertencias, al contrario, se aplaudió tal empoderamiento.

Por ello habría que formular la siguiente hipótesis: El aumento de la corrupción y la epidemia del coronavirus se origina por el debilitamiento del interés público a favor del interés privado.

Tesis. El Comité Europeo de Protección de Datos ha ponderado la permisión de procesar datos personales sin necesidad del consentimiento de las personas cuando existe interés público. Y para luchar efectivamente contra la pandemia se requiere no solamente el rastreo sino la identificación de los contagiados para conocer su domicilio particular y del trabajo, rutas y contactos, de otra forma el combate resulta azaroso e inútil. Y en el combate a la corrupción la auditoría y fiscalización han estado limitadas por procedimientos y técnicas inoperantes, supeditadas a una legalidad que prima a lo privado en detrimento del interés público O, ¿cómo prevenir e investigar hechos de corrupción si para auditar archivos, correos o grabar en audio y video se requiere el consentimiento de ex o servidores públicos?

Antítesis. Pero existe la concepción en instituciones y organizaciones civiles que cualquier limitación a la privacidad individual vulnera no sólo la esfera privada sino pone en riesgo a la democracia. Asimismo la auditoría y fiscalización han estado maniatadas para prevenir e investigar la corrupción en aras de la protección a la privacía y confidencialidad.

Conclusión. La excepcionalidad del tiempo en que vivimos debiera dejar atrás concepciones o visiones del mundo que eran válidas, pero ahora no lo son. Y ante el fracaso de las políticas públicas sanitarias, económicas, y ante una crisis en la auditoría y fiscalización que no ha logrado re-conocerse, la sociedad debiera de reconsiderar, sí el aumento de la pandemia, la corrupción y la seguridad (con un aumento evidente en los conflictos y violencia en todas partes del mundo) no confirma la idea de Evan Ellis, asociado al Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, en cuanto a que  “la crisis de salud, economía y seguridad se alimentan mutuamente”. Por lo que habría que preguntarse si no es tiempo de romper este círculo vicioso, anteponiendo el interés público al privado.

Mario Alberto Gómez Maldonado