Hace unos días, en Francia se hicieron públicas las declaraciones de intereses de los parlamentarios en el sitio de internet de la Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública, institución creada por la ley de transparencia de finales de 2013. Esta difusión permitirá conocer si los legisladores tienen acciones en empresas, o inversiones en ciertos despachos, o si mantienen actividades profesionales en paralelo a su función de representantes políticos. Es decir, se trata de transparentar sus intereses económicos, financieros o profesionales que van más allá de los intereses políticos asociados a su encargo parlamentario.
El objeto de esta política es prevenir “conflictos de interés”, es decir, evitar que sus decisiones al debatir y aprobar leyes puedan estar influenciadas por sus intereses personales, que si bien son legales, al vincularse con sus responsabilidades públicas puede introducir sesgos indebidos en sus posicionamientos.
Estas novedades en la política de transparencia francesa se explican por los recientes escándalos político-financieros que llevaron al actual Presidente Hollande a promoverla para combatir la corrupción y “moralizar” la vida pública. Así, la novel Alta Autoridad para la Transparencia está dotada de facultades para vigilar la veracidad tanto de las declaraciones de intereses de los parlamentarios, como de las patrimoniales de ministros y altos funcionarios gubernamentales -que ahora ya también son públicas- y para sancionar con multas, o años de cárcel, e incluso la inegibilidad a quienes declaren con falsedad.
Estas normas francesas para la promoción de las declaraciones patrimoniales y de intereses extra políticos sientan una ruta obligada en nuestro trayecto de transparencia y el derecho de los ciudadanos a ejercer un control sobre sus autoridades y representantes por la vía de la información.
Sin duda, la reciente reforma constitucional en transparencia significó una ampliación en el ejercicio de este derecho al incorporar como sujetos obligados bajo vigilancia del IFAI a todos los poderes públicos, partidos y sindicatos y a quienes reciban recursos públicos, pero la legislación secundaria que habrá de emitirse no abarca específicamente estos temas de control sobre la integridad de la vida política. Se requieren reformas en materia de responsabilidades de los servidores públicos y concretamente en la de los legisladores para darle visibilidad a los intereses de funcionarios y representantes.
Es cierto que en nuestro país desde hace tiempo está abierto el debate sobre la necesidad de abrir las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que actualmente depende de la voluntad de los mismos. En cambio, falta impulsar la discusión sobre cómo difundir proactivamente los intereses extra políticos de los legisladores y ya tenemos varios ejemplos de cómo estos pueden incidir indebidamente en el ejercicio de su función parlamentaria.
Los casos de la popularmente llamada “telebancada”, o más recientemente de la diputada Purificación Carpinteyro, dan cuenta de cómo conocer los intereses personales ayudaría a exigir la excusa en la deliberación y votación de leyes sobre telecomunicaciones y, desde luego que ésta no es la única zona de relevancia para atajar el conflicto de intereses. El proceso de reforma energética abrió la discusión sobre los posibles intereses personales del secretario de Energía en la apertura a la inversión privada en el sector petrolero. El conocimiento de estos casos ha resultado de rastreos sobre todo de periodistas interesados en identificar posibles vínculos entre intereses privados y determinaciones políticas. Regular las declaraciones de intereses de políticos y parlamentarios es una puerta ya obligada para avanzar en una mayor transparencia pública.
Fuente: El Universal
