En las últimas semanas, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha protagonizado un enfrentamiento con el gobierno federal por el supuesto incumplimiento de convenios de colaboración que le transferirían un total de 900 millones de pesos para enfrentar el desastre financiero que dejó la administración anterior. Por necesidad, por convicción, o ambas, el gobernador decidió romper el pacto de silencio, esta especie de omerta que ha funcionado durante décadas permitiendo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asigne de manera discrecional recursos públicos a gobernadores y presidentes municipales. No es la primera vez que el Ramo 23, mejor conocido como el fondo de los moches, está en entredicho. En 2015, diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo contra la Cámara de Diputados por exceder sus facultades a la hora de reasignar recursos del presupuesto de 2016 para incluirlos en ese apartado. El recurso no prosperó, pero la Auditoría Superior de la Federación e integrantes del Colectivo Peso han hecho recomendaciones puntuales sobre la necesidad de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de programas contenidos en ese fondo, cuyas reglas de operación son inexistentes y cuya justificación, monto y distribución, obedece más a la lógica del garrote y la zanahoria que al de la eficiencia, pertinencia y desarrollo. Todos los partidos son corresponsables y quizás por eso no hay, hasta el momento, acciones concretas para desmantelar la discrecionalidad con la que se manejan programas del Ramo 23 que en el presupuesto de este año contempla un monto por 107 mil 189 millones 207 mil 512 pesos. Nadie está dispuesto a perder su guardadito y menos en tiempos electorales.
El caso Chihuahua puede nutrir significativamente la agenda del combate a la corrupción a nivel nacional. En primer lugar, se trata de la relación entre estados y Federación. Las instituciones integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción pueden incluir recomendaciones vinculantes sobre las reglas, criterios y publicidad de los convenios que validan estas transferencias, así como parámetros y mecanismos de rendición de cuentas en la distribución de recursos a los estados. Tienen las facultades y atribuciones para hacerlo a pesar de las previsibles resistencias. En segundo lugar, los principios que han guiado designaciones clave del Sistema Estatal Anticorrupción han fomentado el fortalecimiento de contrapesos y han permitido que a pesar de no contar con las leyes y el sistema completo, se avancen en acciones e investigaciones. El nombramiento de un fiscal general con conocimiento, experiencia y sin vínculos partidistas, el acompañamiento activo de académicos y de un grupo de organizaciones de la sociedad civil, la profesionalización de áreas clave de la administración pública y el veto sobre un auditor con claros vínculos partidistas han permitido crear mecanismos de información y de investigación que rompen con los esquemas tradicionales de sanción. Aunque sobre la cabeza del ex gobernador César Duarte pesan al menos 10 órdenes de aprehensión local y una federal, esto no ha evitado que se detecte una extensa red de corrupción y que en consecuencia se emitan 34 denuncias penales, 41 inhabilitaciones, 14 sanciones económicas, cinco suspensiones y una destitución.
Lo que públicamente se conoce hasta ahora es apenas la punta del iceberg de la corrupción sistémica. Las acciones que fomenten la transformación de la administración pública local evitando el abuso o el manejo feudal del estado será la mejor prueba de que regresó la dignidad para Chihuahua.
Fuente: El Universal
