Por: Mercurio Cadena
En mayo de este año surgió a nivel constitucional el Sistema Nacional Anticorrupción. A partir de entonces los heraldos del poder, en medio del cinismo y la indolencia institucional, han esparcido sin miramientos la idea el optimismo nacional, de la responsable corrección institucional que modifica y redobla esfuerzos, pero no castiga a nadie más que a uno que otro chivito expiatorio, y que a través de la modificación y promulgación de nuevas leyes corregirá, qué duda queda, los rumbos del adolorido país.
En medio de esta fiesta nacional, la “oposición” ha empezado ya a asir la bandera anticorrupción con una convicción formal que inspiraría en otro contexto, y comienzan a enlistarse ya los elementos necesarios para la estadista corrección: una ley general distribuidora de competencia en la materia; otra que defina las bases del Sistema Nacional Corrupción; todas las leyes necesarias para regularizar la organización y las facultades de la Auditoría Superior de la Federación en materia de gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; la instauración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; adecuaciones institucionales a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para eliminar un arreglo proclive a la simulación, y la adecuación de la normatividad local a todos estos cambios.
El plazo para estas modificaciones es en mayo de 2016. O lo sería si el Congreso se tomara en serio sus términos. Digamos, por ahora, que como mandan los usos y costumbres de un país sin Estado de Derecho como el nuestro, esa es, más que fecha final, deseable parámetro temporal.
El problema aquí es que ese son ya lo han tarareado antes: un profundo esfuerzo legislativo que moverá a México y nos permitirá cacarear que se trabaja por el país, independientemente de los efectos que la chamba tenga. Poco importa si se logra una política pública completa, articulada, eficiente y coherente; lo relevante es hacer como que se hace; la indiferencia práctica profesionalizada de una partidocracia que cobra por venderse humo a sí misma, pues nadie más parece ya otorgarle algún atisbo de credibilidad.
Nos enfrentamos a una crisis política de autenticidad que ha hecho de la simulación el pilar del ejercicio político tradicional; que ha convertido al oficio en una burda maniobra de reconfiguraciones supuestamente complejas, pero que en el fondo no son más que composiciones sutiles que permiten cambiarlo todo para no cambiar nada.
Es por esto que un grupo de organizaciones y colectivos hemos decidido darle seguimiento a estas propuestas, y nos hemos pronunciado en contra de que la hechura de esas leyes reproduzca la fragmentación de normas y de instituciones que ha sido, precisamente, una de las causas centrales de la impunidad y de un combate ineficaz de la corrupción en México. Nos pronunciamos en contra de que el gobierno mexicano o las fracciones parlamentarias del Congreso utilicen este tema como argumento político de coyuntura y de que promuevan iniciativas aisladas sobre ese conjunto de leyes que, de no responder a un diseño coherente de política pública, perderá eficacia y podría conducirnos a nuevo escenario de simulación[1].
Para ello, desarrollaremos y defenderemos algunos puntos que toda propuesta debe tener para no caer en gatopardismos tradicionales[2]. Algunos de estos puntos a reconocer son:
- Deberá reconocerse que la corrupción sucede (salvo en muy contadas excepciones) a través de redes integradas por servidores públicos por sí mismos o con particulares -no sólo empresas y empresarios deshonestos, sino sindicatos, partidos políticos y poderes fácticos-. Las reformas deberán permitir, por tanto, la actuación eficiente en contra de estas redes en su totalidad, evitando caer en sanciones individuales que sólo sirvan para consolidar chivos expiatorios y difuminar escándalos más que como soluciones de fondo.
- Las redes se organizan para obtener, de manera deshonesta, provechos personales de fuentes comunes. Es decir: son redes que, fuera de esquemas legales de concesión, aprovechan influencias, posiciones y facultades para apropiarse para sí mismos de bienes y recursos cuyo destino debería ser común.
- La evidencia de estos actos debe ir más allá de formalismos, y abarcar hechos notorios como el enriquecimiento inexplicable, la desviación de recursos o la alienación de atribuciones públicas.
- Actualmente no existen incentivos suficientes ni mecanismos de protección que favorezcan la vigilancia social activa sobre la actuación de servidores públicos y privados corruptos que actúan contra la ley.
La crisis política es de calado profundo. Vivimos en un país en el que el Presidente considera simpático y prudente aclarar la orientación de sus calcetas, pero que aparenta dormir tranquilo tras graves acusaciones de corrupción sobre él y gran parte de su gabinete; múltiples homicidios y desapariciones a lo largo y ando de México; crisis económicas inatajadas; una oposición hecha jirones y una impunidad generalizada que fatiga; que abruma; que invita, altanera, a habitar la desesperanza de manera cotidiana.
En el aniversario de la desaparición de los 43, con una verdad histórica que se transforma ante nuestros ojos en una mentira histórica, es prudente reconocer la importancia de enfrentar con responsabilidad, sensibilidad y contundencia a la corrupción y la impunidad; temas que nutren los problemas más graves de una nación cansada. Estaremos vigilando. Estaremos criticando. Exigiremos siempre.
* Mercurio Cadena (@Hache_g) es abogado, ciclista y aspiró a contender como candidato independiente para una diputación local por el distrito XVII del DF.
[1] Obtenido del Manifiesto sobre el Sistema Nacional Anticorrupción.
[2] Puntos del Manifiesto Sobre el Sistema Nacional Anticorrupción elaborado por el grupo de organizaciones y colectivos que daremos seguimiento a las iniciativas.
Fuente: Animal Político
