Desde su creación en 2003, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), ha ganado paulatinamente el respeto de sectores de la sociedad, la academia, el gobierno e incluso múltiples distinciones en el plano internacional. Este reconocimiento ha venido acompañado de la dotación de nuevas facultades. En 2011, el Congreso le dio atribuciones sobre la protección de datos en posesión de los particulares y en 2012 comenzó un proceso para dotarle de autonomía constitucional y ampliar su ámbito jurisdiccional hacia los tres poderes de la Unión – hoy únicamente lo tiene sobre el Ejecutivo federal – y los órganos autónomos, además de poder resolver los recursos de revisión e inconformidad sobre los órganos de transparencia y acceso a la información de los estados de la República.

Y es justo cuando el proceso de reforma ha transitado ya por el Senado y se encuentra en manos de la Cámara de Diputados, que se desató la peor crisis institucional que ha tenido el Instituto. La tormenta comenzó cuando la calma parecía más profunda: el 18 de enero, tras cuatro rondas de votación, todas con el mismo resultado: tres contra dos votos a favor del comisionado Gerardo Laveaga para desempeñarse como Comisionado Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Laveaga quedó al frente del Instituto con el reto de suceder la exitosa y reconocida gestión de la doctora Jacqueline Peschard al frente del órgano garante de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública. La cerrada elección ubicó en el segundo lugar al otro aspirante, el también comisionado, Ángel Trinidad Zaldívar, quien se salió del guión y comenzó la ofensiva.

Tras conocer el resultado, el comisionado Trinidad Zaldívar fustigó a sus pares con dos graves acusaciones: en primer término, a los que apoyaron al recién electo Gerardo Laveaga, les reprochó que, aún cuando en privado criticaran su pereza y desconocimiento de la materia de transparencia, le hubiesen apoyado para ocupar el máximo cargo del IFAI. Al mismo Laveaga le recriminó de manera directa el rezago de asuntos sin atender con que cuenta y la falta de compromiso con el encargo de transparencia. Finalmente – y esto es lo más grave – dio el primer adelanto de un caso que después se conocería ampliamente, trascendiendo en la prensa, al revelar la investigación a la que estaba sujeta la también comisionada Sigrid Arzt por conflicto de intereses.

La investigación en contra de la comisionada Arzt comenzó tras ser anónimamente acusada de presentar personalmente solicitudes de información y recursos de revisión bajo un seudónimo; mismas que posteriormente ella misma retomaba, llevaba ante el Pleno del Instituto y votaba. La gravedad de la situación empeora al conocer la naturaleza de las solicitudes: requerimientos para conocer itinerario, remuneraciones, agenda y relaciones de sus pares comisionados, académicos y funcionarios gubernamentales; solicitudes en busca de información que, de trascender a los medios, pudiera bien generar escándalos y minar la trayectoria de sus adversarios.

Entre las solicitudes controvertidas destacan los nombres de los comisionados María Elena Pérez Jaén y Ángel Trinidad, así como del ex secretario general del IFAI, Mauricio Farah; asimismo, sobresalen los nombres de los funcionarios Enrique de la Madrid, Maximiliano Cortázar, Rafael Giménez y Roberto Campa, entre otros. Además, Arzt presentó solicitudes para conocer información de los académicos Ana Laura Magaloni, Fernando Escalante, Ernesto López Portillo, Macario Schettino, Alfonso Zárate, Eduardo Guerrero, Ugo Pipitone y Carlos Heredia, entre otros.

Es preocupante que justo en un momento clave para el futuro del IFAI, se ponga en entredicho su credibilidad por el actuar de dos de sus titulares. Si bien el Congreso no se ha pronunciado por detener el proceso de crecimiento en las atribuciones del Instituto, sí se ha mencionado en múltiples ocasiones la posibilidad de remover a todos los comisionados cuando concluya la reforma. Bajo este escenario, se corre el riesgo de partidizar su integración, como ha ocurrido con el Instituto Federal Electoral. Hacer pagar a todos los comisionados por la conducta de algunos de ellos no sólo es un error por sacrificar a excelentes comisionados que le han dado prestigio y fortaleza al IFAI, además se estaría minando la curva de aprendizaje por la que obligadamente tendrán que atravesar los nuevos comisionados, cuando la mejor práctica probada en la materia es el escalonamiento en la sustitución de los integrantes de un órgano colegiado de ésta naturaleza. El borrón y cuenta nueva podrá ser una estrategia hacendaria provechosa pero no lo es al momento de aplicarla sobre los titulares de instituciones colegiadas como el IFAI.

Es inminente que los diputados y senadores encuentren una salida alterna, quizá solicitando la renuncia temporal de la comisionada Arzt, al menos hasta que se aclare su situación jurídica y sí se le libera de los cargos de conflicto de intereses. Mientras tanto no caigamos en el falso argumento de que los comisionados deben “llevarse bien”, son un órgano colegiado pero ello no significa que sus relaciones personales tengan que ser las mejores, más bien corresponde al profesionalismo de sus integrantes –que en reiteradas ocasiones ha probado tener la mayoría de ellos – y al diseño institucional que fomente los acuerdos con independencia de su aprecio o la falta de él entre las cabezas del IFAI.