Como si los resultados del pasado proceso electoral no bastaran para que los partidos políticos revisaran sus propuestas, el costo-beneficio de los recursos invertidos en campañas o la forma en la que se vinculan con la ciudadanía, recientemente se ha optado por cerrar la puerta, todavía más, a los candidatos independientes. En los últimos dos meses, al menos ocho acciones de inconstitucionalidad han sido presentadas por separado, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por casi todos los partidos políticos con registro (PAN, PRD, PANAL. MORENA, Movimiento Ciudadano) a excepción del PRI y el PVEM. Las acciones tratan de eliminar las llamadas ”Leyes anti-bronco” es decir, nuevos candados que las reformas electorales locales han establecido para el registro de candidaturas independientes.
Las entidades que están bajo la mira son: Chihuahua, Veracruz, Durango, Baja California y Tamaulipas.
La mayoría se centran en dos cuestiones: en primer lugar, la eliminación de liderazgos políticos a través de la experiencia partidista o el ejercicio de cargos de representación. En segundo lugar, que el registro de la candidatura sea una labor tan compleja y titánica que casi nadie pueda lograrlo.
Así, en Chihuahua, quienes quieran lanzarse como independientes habrán de surgir de filas ajenas a la política ya que se les obliga a renunciar a su militancia al menos tres años antes a la elección. También, quienes hayan participado en algún proceso de selección interna en la elección previa (local y federal) o en el proceso en curso no pueden postularse como independientes.
En Veracruz, el recién aprobado Código Electoral obliga a aquéllos que opten por obtener una candidatura independiente a Gobernador a recabar la firma del 3% de los inscritos en la lista nominal además de incluir a 2% de los ciudadanos de cada distrito o ayuntamiento. Los umbrales también aumentan para los candidatos a diputados locales (2% de cada uno de los municipios que integran el distrito) y la mitad de las secciones electorales para los candidatos a ayuntamiento.
Algo similar sucede en Durango: para ser candidato independiente no puede haber sido registrado como candidato por parte de algún partido, desempeñado cargos de elección popular y no haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún organismo político en los tres años inmediatos anteriores a la postulación.
En Baja California, se obliga a obtener las firmas del 2% de las personas inscritas en el padrón electoral del estado, es decir, se exige el mismo porcentaje del padrón nominal que se pide a los partidos para no perder su registro. Y mientras tanto, en Tamaulipas el umbral es de hasta el 3% de los electores registrados en el padrón nominal, algo mucho más elevado que lo establecido a nivel federal.
Con estas reformas, los partidos dan un muy mal mensaje a la ciudadanía: ante la competencia de actores no partidistas en condiciones de por sí claramente inequitativas, repliéguese y excluya. Cuánto miedo le tienen los partidos a los ciudadanos, lástima que dependan de ellos para poder sobrevivir.
Corolario: El cruel asesinato del fotoperiodista de Proceso, Rubén Espinosa y de las activistas Yesenia Quiroz, Nadia Vera y otras dos mujeres aún no identificadas en la Ciudad de México, es una bofetada a la eficiencia institucional y a la supuesta libertad de expresión que se tiene en el país. El caso es alarmante puesto que ante las amenazas y hostigamiento recibidos en Veracruz por el fotoperiodista éste huyó de la entidad buscando la protección que nadie pudo darle. Según Artículo 19, cada 26 horas es agredido un periodista y la mayoría de las agresiones provienen de funcionarios. Con el asesinato a Rubén Espinosa suman 13 los homicidios a periodistas en Veracruz. A más de 48 horas del asesinato, el gobierno ha sido incapaz de dar con la identidad de todas las víctimas. ¿Cuánto tiempo más habrá de pasar antes de tener respuestas?
