Este 7 de febrero se cumplió el plazo constitucional para aprobar las leyes secundarias en materia de transparencia y acceso a la información producto de la aplaudida Reforma constitucional del año pasado. No es la primera vez que los tiempos políticos dan con el traste a los plazos jurídicos, sin embargo, en esta ocasión, la caducidad no es producto de la indolencia legislativa sino de la pugna de intereses de quienes prefieren la cómoda opacidad que el necesario escrutinio de los ciudadanos.

El proceso que se había caracterizado por la pluralidad de la discusión ha derivado en discusiones a puerta cerrada, con escasa información sobre el proceso y sobre todo en la filtración de un pre-dictamen cuyo contenido preocupa por contravenir uno de los mayores logros de la actual administración.

En esta versión hay al menos seis cuestiones inquietantes: i) se trata de amordazar a los órganos de transparencia incluyendo sanciones a servidores públicos de estos institutos que revelen información que afecte el cumplimiento de funciones u ocasione daños y perjuicios a los sujetos obligados; ii) se justifica la reserva de información por algo tan ambiguo como aquélla que dañe “la estabilidad financiera, económica o monetaria” con lo cual se podrían reservar datos sobre el ejercicio presupuestario o contratación de deuda lo cual es claramente de interés público; iii) se busca eliminar la obligación de que los funcionarios públicos documenten la información relacionada con el desempeño de sus funciones; iv) se busca que los consejos consultivos de los órganos garantes sean decorativos al eliminar la facultad de opinar sobre el tratamiento de casos que estimen relevantes aunque sus opiniones no sean vinculantes; v) se busca crear un régimen de excepción al excluir a ciertas instituciones del Estado del cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Transparencia como PEMEX, CFE así como exentar a varias instancias federales de contar con Comités de Transparencia como el CISEN, el Estado Mayor Presidencial y otras instancias dedicadas a la seguridad pública y a la procuración de justicia; y vi) se busca eliminar varias obligaciones de transparencia que en el contexto actual de crisis de credibilidad serían muy necesarias como la publicidad de la declaración patrimonial y el resultado de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios públicos.

Todos estos cambios no solo van en contra del principio de máxima publicidad establecido en la Constitución sino que además formalizarían las trabas que diversos análisis han diagnosticado en el acceso a la información como lo es, por ejemplo, la tan evocada inexistencia de información frente a la cual se topa el ciudadano cuando busca acceder a información pública.

Afortunadamente dentro del grupo de Senadores que encabeza el proceso hay quienes han demostrado que están dispuestos a dar la batalla por la transparencia y a honrar la palabra y su mandato. Con ellos hay que exigir que se consolide y no se tumbe de un plumazo uno de los pilares fundamentales de la rendición de cuentas.