Permitir que sea la Secretaria de Gobernación la que encabece el Sistema Nacional de Archivos, sólo responde a una razón: el poder político, afirma el académico Mauricio Merino.

Si la iniciativa de la Ley General de Archivos que fue presentada en el Senado de la República el pasado 17 de noviembre se aprueba sin matices ni reservas, representaría una de las graves amenazas de regresión política para el país y para el sistema de transparencia y combate a la corrupción, aseveró Mauricio Merino.

El profesor-investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas y coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas expuso que permitir que sea la Secretaria de Gobernación la que encabece el Sistema Nacional de Archivos, sólo responde a una razón: el poder político.

En ese sentido, refirió que la única respuesta que han recibido a la petición de otorgar autonomía técnica al Archivo General de la Nación para que deje de depender de la Segob, es que esta Secretaría es poderosa y por su poder podría exigir a las demás dependencias y a los gobiernos estatales que respeten los archivos.

“No permitamos que al final de este enorme esfuerzo en el país que se ha hecho para darle un sistema de transparencia y de combate a la corrupción dignos, nos tropecemos con la pieza maestra de todos estos temas que son los archivos, poniéndolos en las manos de quienes los van a controlar con el único propósito de ejercer su poder político y justificando esa presencia de gobernación por el poder político que ejerce”.

El especialista agregó que la discusión que ha generado la iniciativa en la materia, no responde a criterios técnicos, sino a la insistencia del Ejecutivo­ Federal para mantener a la Secretaria de Gobernación con el control de todos los archivos del país.

“Responde a la voluntad de cancelar los avances que se han tenido en materia del sistema nacional y combate a la corrupción”.

Merino Huerta llamó a los senadores a no aprobar el atropello que representaría tener una Ley General De Archivos como está planteada en la iniciativa que se analiza en el Senado.

Archivos, base de acceso a la información

El investigador del CIDE advirtió que los archivos son la base del sistema de transparencia y a partir de éstos se construye el acceso a la información.

“Los archivos son la base del combate a la corrupción porque es en éstos donde se conserva la memoria de la actuación de cada uno de los servidores públicos del país y en donde se conserva la evidencia que en caso debe ser usada por el Sistema Nacional Anticorrupción, para poder atajar el fenómeno de la corrupción”.

Asimismo, dijo que otro de los problemas que presenta la iniciativa es que establece que la Federación, en un plazo máximo de tres años, revisará todos los archivos y acervos históricos en su poder para testar aquella información que pudiera ser considerada como datos personales; darlos de baja o reclasificarlos como confidenciales.

Mauricio Merino rechazó que para purgar los archivos históricos, en manos de la Secretaría de Gobernación, se den hasta tres años considerando la entrada en vigencia de la ley general en el gobierno federal y cuatro en los estados de la República.

“Es inaceptable que se considere que en nombre de la protección de los datos personales, se testen documentos cuyo valor histórico, cuyo valor probatorio para los tiempos actuales y cuyo valor de dignidad, no pueden ser sometidos a ese tipo de criterios políticos”, enfatizó.

Mauricio Merino Huerta

  • Es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, España.

Se ha desempeñado como:

  • Profesor investigador titular de la División de Administración Pública del CIDE.
  • Pertenece al Nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores.
  • Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias.
  • Coordinador de la Red por la Rendición de Cuentas.

FUENTE: El Economista