De poco más de 600 autoridades obligadas a transparentar información en el estado, el 20 por ciento serán sancionadas por no contar con un sistema de transparentar, Cynthia Cantero cuenta que las multas serán pagadas del bolsillo de los funcionarios y no de los contribuyentes.
Se escuchaba que vienen sanciones para un buen número de sujetos obligados.
Así es, el pasado miércoles aprobamos el inicio de 106 procedimientos de responsabilidad contra 106 autoridades aquí en Jalisco, por no tener un sistema de información que, de manera electrónica, puedan los ciudadanos hacer solicitudes de información. El pasado miércoles el Itei determinó sancionarlos, iniciarles procedimientos y se van a iniciar tales procedimientos por parte de la secretaría ejecutiva, los cuales ya todos traen de por medio una multa económica.
¿Por qué? ¿Qué fue lo que no cumplieron?
El 13 de enero se venció, todos tenían obligación de implementar en sus instituciones sistemas electrónicos para que cualquier persona pudiera hacer solicitudes de forma electrónica y que no tuviera la necesidad de asistir de manera física a generar cualquier tipo de solicitud. Estoy hablando de ayuntamientos, secretarías, diferentes organismos. Aproximadamente, en Jalisco tenemos más de 600 autoridades; esta bolsa de autoridades tenían que tener sistemas electrónicos para que el ciudadano pudiera hacer desde la comodidad de su casa, en su oficina, teléfonos celulares, en cualquier parte, solicitudes de información.
600 autoridades, estamos hablando de oficinas del gobierno estatal, del gobierno municipal, de los organismos públicos descentralizados…
Así es, tenemos aproximadamente ya 350 autoridades que están en este proceso, que sí cumplieron con el término y ahora los que no cumplieron van a ser sancionados. Las sanciones son económicas, es multa para el titular de la institución y ese recurso sale de la bolsa del funcionario. Esto es muy importante señalarlo y seguido me lo preguntan: ¿quién paga las sanciones que se les impone a los funcionarios en Jalisco? Estas sanciones, estas multas económicas no van para el erario público.
No van a cuenta del contribuyente.
Así es. Salen de la bolsa del funcionario, el sancionado es el funcionario, no la institución, esto es muy importante señalarlo, y en este sentido, las multas que ahora estamos previendo para este tema de los sistemas de información van entre los 700 y 7000 pesos y en los próximos días estaremos informando de qué entidades. Me interesa también señalar que estos procedimientos van sobre organismos descentralizados de municipios, también con algunos municipios y con fideicomisos públicos, que poco conocemos de los fideicomisos públicos, de su tratamiento, poca rendición de cuentas existe de este tipo de instituciones.
De hecho, en estos cambios también quieren sacar otra vez a los fideicomisos.
En estos cambios también quieren sacarlos, quieren sacar también a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, quieren dejarlos completamente fuera de la rendición de cuentas y de la transparencia.
Quitarlos de la lista de sujetos obligados.
Así es.
El derecho de acceso a la información lo siguen ejerciendo muy pocos mexicanos; seis por ciento, dicen. En Jalisco ¿cómo andamos?
Hace algunos días vi el informe. En Jalisco, en estos 10 años, ha ido creciendo el número de ciudadanos que solicitan o que utilizan este derecho. Ha ido creciendo, ha ido en avance, sin embargo todavía se queda en un círculo de personas que lo ejercen. El Itei en este momento está ocupándose de difundir estos derechos, el derecho de acceder a la información pública, entre diferentes sectores de la sociedad. Estamos enfocándonos en niños para que se promueva, desde su corta edad, la cultura de estos derechos para que conozcan que no nada más tienen derecho a la educación, o derecho a tomar decisiones sino que además el derecho a pedir información; con jóvenes también estamos trabajando y con diferentes organizaciones, estamos acercándonos mucho al sector empresarial para que conozcan también. En ocasiones me dicen “yo ni siquiera sabía que podía pedirle un plan de desarrollo urbano al municipio, no sabía que podía obtener las licencias de construcción o los cambios de uso de suelo”. Todo este tipo de información, la autoridad tiene que entregarla. Prácticamente hoy en día hemos estado trabajando mucho en el tema de las versiones públicas aquí en Jalisco. Hay información de seguridad que hace apenas algunos años –dos o tres años- todo el tiempo se reservaba por el simple hecho de tener la etiqueta de seguridad pública: compra de chalecos, compra de patrullas, toda esa información se reservaba porque era delicada. Hoy por hoy te puedo decir que en la información relativa a seguridad, cada vez más se está entregando, se está informando. Algunas cuestiones se tienen que reservar, pero no se reservan generalidad del documento en su totalidad, sino que se reservan aquellos casos en que puede ser sensible la información, pero el documento se tiene que entregar. Hemos estado trabajando mucho en esta parte y hemos estado avanzando. Invito a la ciudadanía a que ejerza este derecho, es necesario que lo utilicemos, de otra manera las autoridades no van a avanzar como quisiéramos, en el ritmo que quisiéramos.
Fuente: Milenio
