Juan Manuel Portal Martínez, titular de la ASF, presentó esta semana ante la Cámara de Diputados los resultados de fiscalización realizada a los gastos erogados en el quinto año del gobierno de Felipe Calderón por los tres Poderes de la Unión, los órganos constitucionalmente autónomos y las entidades y los municipios. Como parte de su “Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2011” la ASF realizó 1,111 auditorías, de las cuales 610 fueron financieras y de cumplimiento normativo, 287 de desempeño, 141 de inversiones físicas, 54 especiales, 11 forenses y ocho evaluaciones de políticas públicas.

A raíz de estas revisiones, se iniciaron 1,633 procesos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos y 134 denuncias penales a las que habrá de dar seguimiento dado que en años anteriores la mayoría de las acciones son absueltas por el órgano interno de control. Entre los temas relevantes del informe, destacan por su importancia en la gestión gubernamental los que corresponden a: i) la ficción hacendaría, ii) funciones de gobierno, iii) funciones de desarrollo social, iv) desarrollo económico y v) el gasto federalizado. En cada uno de estos rubros destacan las omisiones e irregularidades que debieran generar consecuencias y ser asumidas por los responsables. Sin embargo, muchas de ellas son similares a las que se detectaron en el ejercicio de 2010 por lo cual hace falta analizar medidas correctivas eficaces. Debido al marco normativo vigente es hasta el  2012 que se puede conocer  de un solo tajo toda la información correspondiente a 2011 lo cual limita mucho la posibilidad de una buena planeación y por lo tanto corrección. Un ejemplo de ello, es en lo que respecta a la opacidad en el gasto de las entidades federativas ya que, según el informe, las entidades y los municipios no registraron ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deuda pública por 8,994.1 millones de pesos en 2011.

Este panorama muestra la urgente necesidad de tomar medidas para fortalecer el marco regulatorio para el registro de deuda así como la necesidad de transparentar el monto real del endeudamiento en Estado y municipios. De esta manera, el Estado que más deuda omitió de sus registros ante Hacienda fue Coahuila ya que no reportó obligaciones con acreedores por más de 23,643 millones de pesos. 
La relevancia de la fiscalización, como pieza clave de la rendición de cuentas, deja claro la pertinencia de las propuestas de la RRC en cuanto a la modificación del ciclo presupuestario, el acceso a la información y la necesidad de contar con datos actualizados y pertinentes que permitan correcciones o racionalizaciones sobre la ruta, en el ejercicio del gasto público.