Indispensable la participación ciudadana para
la correcta operación de la política social y de los programas sociales
Documento de trabajo
Eduardo Bohórquez
Paola Palacios
Marzo 2013
Hace dos décadas, México fue pionero en la construcción de uno de los primeros modelos de contraloría social del mundo. Se trataba de un modelo basado en la corresponsabilidad que instalaba comités locales para el acompañamiento y vigilancia de la política social por los derechohabientes. El modelo de vanguardia fue incorporándose gradualmente a distintos aspectos de la política pública, extendiéndose a programas y acciones de carácter estatal y municipal.
No obstante, la figura de la contraloría social no ha sido suficiente para cubrir de manera más amplia el gasto social federal o federalizado. Como señala un análisis del Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática y del Centro de Fusión de Inteligencia de la Fundación Este País, la figura de la contraloría social ha ido perdiendo terreno ante figuras orientadas a una visión más integral que incluyen intervenciones que van desde el ejercicio de los derechos de petición y acceso a la información, hasta formas de control público relacionadas con la evaluación del impacto social de las políticas o los subsidios. Estas figuras están englobadas dentro del control democrático. Y aunque todos los años surgen nuevas e interesantes experiencias en materia de contraloría social, es necesario repensar esta figura y ampliar sus horizontes. Muchas de las innovaciones en materia de participación social son justamente eso: buenas prácticas que no han conseguido generalizarse. Lo que hace veinte años fue un modelo pionero, hoy debe revisarse para incorporar nuevos mecanismos de control democrático.
Participación social y programas sociales
En 2002, la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) incorporó mecanismos como la contraloría social y la participación ciudadana en los programas sociales. La LGDS define a la participación ciudadana como el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de las políticas, programas y acciones del desarrollo social. Sin embargo, la realidad indica que la participación ciudadana en la política social es una de las tareas pendientes a nivel nacional.
En 2012, sólo 36% de los 1,548 programas sociales en operación registrados por IPRO reportaron mecanismos de participación social.1 De ese mismo universo, sólo presentaban mecanismos de contraloría social un número similar: 38.1%. Donde se agudizan las diferencias es entre los programas federales y los estatales. Mientras que 83.3% de los programas sociales federales tenía incorporada la contraloría social a su operación, sólo 35.9% de los programas estatales había considerado este mecanismo de control democrático.
Por lo que toca a la participación cívica en otras etapas de la vida de un programa social (planeación, diseño, operación y evaluación), los resultados siguen mostrando amplios rezagos. De los 1,548 programas sociales analizados, la participación ciudadana en la formulación de programas sociales ocurre sólo en uno de cada tres (33.3%), y las brechas entre los programas federales y estatale, aunque menos pronunciada, sigue siendo significativa. Uno de cada dos programas sociales federales (54.2%) incorpora al ciudadano en su formulación, mientras que uno de cada tres (32.2%) hace lo mismo a nivel estatal.
En la evaluación de programas sociales, los mecanismos de participación ciudadana permiten encontrar áreas de mejora o detectar la necesidad de cambios sustanciales. Sin embargo, la participación ciudadana en la evaluación de los programas de desarrollo social es la más baja: sólo se presenta en uno de cada tres (31.1%) programas sociales del país. Una nueva brecha entre programas federales y estatales se plantea: la participación social ocurre en la mitad (50%) de los programas sociales federales y en una tercera parte (30.2%) de los programas estatales.
Hacia un ejercicio efectivo de los derechos constitucionales
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga derechos y obligaciones para que la sociedad se involucre e intervenga en los asuntos públicos. La LGDS y el Sistema Nacional de Desarrollo Social regulan, garantizan y fomentan la participación de la ciudadanía en la prestación de bienes y servicios de los programas sociales. Este marco legal, y el creado para el acceso a la información pública a partir de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, han permitido la identificación de deficiencias de la política social, la denuncia, la presentación de quejas, la corrección de procedimientos administrativos y la sanción de conductas ilícitas en el manejo de los programas sociales, entre otros. Pero como indican las cifras antes descritas, la participación ciudadana en la supervisión y en la vigilancia de los programas sociales todavía no es integral.
El fortalecimiento del control, la vigilancia y la evaluación de los programas sociales por parte de la ciudadanía, facilitará que la política social se cumpla de acuerdo a sus objetivos, se ejecute de forma transparente, se rinda cuentas y se protejan los derechos ciudadanos.
Entre los retos del control democrático en México, está la necesidad de incrementar y mejorar la participación ciudadana en los programas sociales. Derivado de la descentralización del gasto público, surgieron en el país un número importante de programas estatales y municipales que no cuentan con mecanismos de control social distintos a los relacionados con la cuenta pública de los Estados. En la medida en que se incremente la participación ciudadana en los programas sociales, y de manera más amplia, en la política social, crecerá la probabilidad de éxito de los programas y acciones para el desarrollo social. Los ciudadanos, desde la posición que ocupan en la sociedad, serán cada vez más corresponsables del desarrollo y bienestar de México.
1.
La Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO), es desarrollada en el marco de cooperación entre Transparencia Mexicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México. IPRO integra y sistematiza información de programas sociales en operación registrados voluntariamente por dependencias federales y entidades federativas. IPRO ha permitido obtener información de más de 2,000 programas sociales a partir de convocatorias anuales desde el año 2009 www.programassociales.org.mx .
