En días pasados se publicó la versión más actual del Informe Sobre el Combate a la Corrupción en México, el país y las entidades federativas, elaborado por la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA) y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

El propósito del Informe radica en presentar los avances con que cuenta nuestro país en el combate a la corrupción, para lo cual se sustenta en un marco teórico y metodológico que mide y evalúa los logros y retrocesos de las diversas instituciones que componen el Sistema Nacional Anticorrupción.

Como en su edición anterior, el Informe parte de revisar y analizar un amplio caudal de información relacionada con el cumplimiento de los mandatos que tienen las distintas instancias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), incluyendo bases de datos, portales electrónicos y cientos de solicitudes de acceso a la información, lo cual garantiza que los resultados que se proporcionan cuenten con evidencia basada en fuentes oficiales y que cualquier persona pueda consultar y contrastar la investigación que le dio origen, así como emprender nuevos estudios a partir de los datos recopilados, los cuales constituyen -hoy en día- el mayor repositorio universitario del país con información pública especializada en la materia.

Para esta edición, los resultados del Informe muestran con preocupación que no hubo cambios sustantivos entre los hallazgos documentados en el Informe País 2020 y este nuevo ejercicio de revisión, por lo que las observaciones que se hicieron en el Informe País 2020 siguen siendo válidas, particularmente por cuanto corresponde a:

1. La designación discrecional de la mayoría de los cargos públicos.
2. La distribución y transferencia discrecional del gasto público.
3. El uso discrecional y opaco de ahorros y gastos indirectos de la administración pública federal.
4. La adjudicación directa de contratos para la adquisición de bienes y servicios, así como para la construcción de obras.
5. La opacidad de una parte sustantiva de la información pública.
6. La burocratización, la oscuridad y la demora en los procesos de sanción de las conductas tipificadas como faltas y delitos de corrupción.
7. La ausencia de cumplimiento en las tareas asignadas al Sistema Nacional Anticorrupción.

A nivel de las entidades federativas, el Informe señala que aunque hay excepciones notables y plausibles, la regla general es la ausencia de coordinación y resultados conjuntos entre las instituciones públicas que conforman los sistemas estatales anticorrupción. Además, los avances locales no responden a las prácticas y las rutinas establecidas, sino a los liderazgos personales de quienes participan en las dependencias públicas o en los comités de participación social y ciudadana de cada entidad.

Como consecuencia de lo anterior, tampoco es posible identificar cursos de acción estables y comunes a todos los sistemas estatales, sino que las políticas locales son más bien réplicas de la nacional, lo cual, a todas luces, demerita los resultados de los sistemas estatales.

En ese sentido y de conformidad con los datos obtenidos, es posible determinar que la implementación de las políticas locales anticorrupción no se han asumido como una responsabilidad compartida de las dependencias que participan en los sistemas, ni tampoco se ha entendido esto como una tarea prioritaria que reclama acciones especiales para contrarrestar la captura, la desviación o la malversación de los recursos públicos.

Bajo ese orden de ideas, el Informe destaca que los comités de participación ciudadana siguen siendo vistos como una agencia ajena y aún extraña a las administraciones públicas locales e incluso dentro de los sistemas estatales. Dichos comités carecen de facultades claramente establecidas y no cuentan con espacios de acción que sean inequívocamente institucionales. En muchos casos, lamentablemente, las personas que los integran han sido excluidas, descalificadas o atacadas por los gobiernos de las entidades, pues son vistas como enemigas políticas y no como aliadas en el combate a la corrupción local, todo lo cual pone en riesgo la participación ciudadana y la voluntad de colaboración entre la sociedad y los gobiernos locales en esta materia.

A pesar del contexto adverso antes reseñado, el Informe concluye destacando 4 puntos:

1. En primer lugar se resalta la existencia de todo el andamiaje normativo que regula y posibilita la operación de los sistemas anticorrupción en todo el país.
2. En segundo sitio está la constatación de que, a pesar de su reciente creación, en la mayor parte de las entidades del país ya operan con regularidad las secretarías ejecutivas (o técnicas) de los sistemas estatales anticorrupción, las cuales vienen construyendo rutinas que, con el tiempo, podrían afirmar el arraigo y la continuidad institucional de los sistemas.
3. Un tercer aspecto es el trabajo y el compromiso personal de quienes han decidido integrar los comités de participación ciudadana y que se han mantenido como pivotes de la vigilancia, el monitoreo y la generación de iniciativas para combatir la corrupción.
4. Por último, las dependencias que integran los sistemas anticorrupción han ido aprendiendo de sus propias experiencias compartidas y, a la vez, la existencia de esos sistemas ha auspiciado que un número creciente de organizaciones de la sociedad civil, de universidades y de instituciones de educación superior, promuevan más y mejor investigación sobre las condiciones operativas, los procesos y los resultados exigibles en el diseño original del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual ha promovido un nuevo espacio de acción pública y social que no existía en el pasado reciente del país.

En consecuencia, nos parece que a través de sus resultados el “INFORME SOBRE EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO. EL PAÍS Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2021”, contribuye como una herramienta informativa esencial para conocer el contexto, los avances y retos recientes que afronta la lucha contra la corrupción en toda la república.

De igual forma, -lejos de constituir un puerto de llegada- el Informe reseñado constituye un punto de partida desde el cual la ciudadanía, el periodismo, la academia, el gobierno mismo y la sociedad civil organizada pueden emprender nuevos estudios, investigaciones y trabajos (encuestas, ensayos, propuestas y planteamientos) que posibiliten -en el mediano y largo plazo- demandar el acceso a un servicio público íntegro mediante la superación paulatina de los déficits y desafíos que en las páginas del Informe se han identificado.