En esta era incierta, prima en la sociedad civil un amplio consenso sobre la erosión que vive el sistema político y la democracia, por lo que el ejercicio de gobierno debe fortalecer la probidad y recobrar la confianza que ha perdido el Estado.
Corrupción e impunidad ponen de manifiesto el abuso de la función pública, que aprovechando los problemas endogámicos de interoperatividad del aparato público y el uso parcial y discrecional de la administración, crea un campo fértil donde la oscuridad gubernamental y la impunidad imperante, propician la formación de redes delictivas y la comisión de actos de corrupción.
El análisis de la burocracia y su funcionamiento operativo plasmado en la propuesta de Política Nacional Anticorrupción de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), escudriña aspectos centrales de la llamada Corrupción de Ventanilla que se da en los puntos de contacto del ciudadano con el Estado; pandemia que hasta ahora no ha podido erradicarse.
Previo a desentrañar estos puntos de inflexión, formulo dos consideraciones fundamentales: en primer término, debemos derribar el enfoque fatalista-cultural de la corrupción, que puntualiza su origen en las tradiciones y costumbres arraigadas en el pueblo; análisis debatible ante el advenimiento del aparato público occidental que marca protocolos claros que no tienen que ver con las condiciones culturales, precisamente, porque los protocolos administrativos y su eficiencia (Accountability), no se construyen por condiciones tradicionales, sino operativas, que le dan certidumbre programática al ejercicio de gobierno y no atienden a lógicas costumbristas o tradicionales.
En este sentido, la propuesta de la RRC enfoca como áreas de oportunidad: facilitar la participación, la transparencia y la certidumbre; implementar sistemas que permitan conocer, registrar y evaluar casos, criterios y sanciones; crear herramientas y mecanismos que identifiquen y generen bancos de información y estadísticas; desarrollar mapas de riesgos; gestionar procesos de aprendizajes; establecer patrones de conducta preventiva; formular recomendaciones para modificar rutinas administrativas; y operar mecanismos para coordinar y hacer operativas y eficientes sanciones administrativas y penales.
El segundo aspecto refiere el hecho que el aparato público suele presentar mayores niveles de corrupción, cuando el régimen político se sustenta en precarios índices de libertad y escasa apertura democrática, lo que se traduce en una insuficiente participación ciudadana en la construcción y toma de decisiones del Estado.
Por ende, los puntos ciegos del encuentro de la ciudadanía con el Estado donde surge la Corrupción de Ventanilla, indican zonas de erosión administrativa provocada precisamente por un régimen político cuya actuación vertical, autoritaria y discrecional, escondía a élites del poder que utilizaron al Estado como un instrumento que hizo de la democracia un escenario fallido en la toma de decisiones corresponsables sociedad-Estado.
La Transformación de la Vida Política de la Nación debe construirse a partir de una reforma del Estado no sólo económica, sino sobre todo política, porque cuando únicamente se trazan reformas en el orden económico, difícilmente se pueden enfrentar las anomias de corrupción e impunidad, razón por la que una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones del Estado, propiciará un mayor control de la corrupción e impunidad.
En este contexto, la pregunta de fondo estriba en determinar, ¿qué acciones, herramientas y mecanismos se pueden implementar para garantizar el control sobre la corrupción de ventanilla y el fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos?
Sin duda alguna, la respuesta contundente es reconocer explícitamente en la Constitución Política el Derecho Humano a la participación ciudadana, para que los protocolos de la función pública, adquieran una dimensión eficaz en apoyo a las tareas del control de la corrupción y garanticen la horizontalidad y la legalidad de la actuación de la administración pública.
Asimismo, deberá impulsarse la construcción de herramientas y mecanismos que permitan al ciudadano coadyuvar a prevenir, investigar y denunciar omisiones y actos de corrupción ante autoridades o tribunales; velar que se respete el debido proceso; y obtener una pertinente reparación del daño de los derechos que hayan sido violentados.
La corrupción de ventanilla se ha convertido en un espacio oscuro y discrecional que deja en indefensión al ciudadano, quien por desconocer el trayecto administrativo de argumentos deshonestos o inciertos, está predispuesto a cometer prácticas de corrupción e impunidad.
En estos casos, la defensa del ciudadano requiere ser atendida implementando programas de pedagogía política que brinden a la sociedad elementos de conocimiento público; generen mayor horizontalidad en el diálogo entre sociedad civil y servidores públicos; y eviten los abusos al tejido social al amparo del desconocimiento de las acciones gubernamentales.
Este eje sustantivo de la Propuesta de Política Nacional Anticorrupción de la RRC, exige el arqueo o audición de la responsabilidad pública para extirpar la corrupción de ventanilla; crear espacios para su control; e impedir conductas regresionistas donde la discrecionalidad y el arbitrio autoritario estén presentes.
Desde esta óptica, la Política Nacional Anticorrupción no atiende a un modelo lineal o único, sino a un diagnóstico prescriptivo, cuyo valor científico y social no debe pasar inadvertido en la construcción perfeccionadora que lleve a cabo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El escenario es claro: la construcción de esta Política Nacional deberá gestarse desde una cultura cívica, que en el trazo de la participación ciudadana encuentre los argumentos de una nueva conciencia social, cuya fuerza política derrote a los “efectos placebos”, que han hecho circo y pantomima de la corrupción e impunidad, realidad que hoy amenaza con inhibir toda razón de Estado.
Agenda
- La Consulta Popular es una herramienta democrática, cuyo propósito es reconocer la importancia de la participación ciudadana en los asuntos del quehacer público y obtener valiosa información para la toma de decisiones. En el caso de la consulta sobre la ubicación del NAICM, su errónea planeación, inadecuada organización y tendenciosa ejecución, provocaron una pésima imagen por su parcialidad y falta de certeza, creando desconfianza para futuras consultas que sean oficiales y puedan surtir efectos jurídicos, desperdiciando la utilidad de esta valiosa herramienta democrática, incluso antes de su primera realización oficial, de acuerdo a la Constitución y la Ley de la materia.
- Se presentó la iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Su aprobación deberá garantizar la funcionalidad; la calidad del servicio público; la integración de las instituciones en función de la profesionalización y el mérito y capacidades de los servidores públicos; y ser el punto de arranque para instaurar el Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño y el Servicio Civil de Carrera, compromiso realizado por la futura Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
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