Por Eduardo Bohórquez*
Ante el exhorto de la Cámara de Diputados de publicar una nueva versión de la declaración patrimonial del presidente y su gabinete, la respuesta de la Secretaría de Gobernación fue directa: el presidente y su gabinete presentaron en tiempo y forma su declaración patrimonial. Nada que agregar.
La posición de la Secretaría de Gobernación es rigurosa tan sólo en términos legales, porque fue el propio candidato Peña Nieto quien estableció el compromiso de hacer pública su declaración patrimonial . Y aunque en términos de ley ha cumplido con la obligación de entregarla a los órganos de control del Ejecutivo Federal, publicando incluso información adicional de forma voluntaria, el tema de la declaración patrimonial regresará cada vez que tenga que presentarla. La respuesta de fondo es avanzar en un nuevo marco de responsabilidades que conduzca a una versión pública de la declaración patrimonial obligatoria para todos los poderes y todos los órdenes de gobierno.
La declaración patrimonial es una figura que busca recuperar algo de la confianza que los ciudadanos tuvieron alguna vez en la clase política. Expresa, legal y simbólicamente, la oferta sincera de un funcionario de mantenerse honesto durante su gestión. La declaración patrimonial es preventiva: el funcionario notifica al comenzar su gestión su patrimonio y el de sus familiares directos, y año con año la actualiza bajo la premisa simple de que no puede tener más de lo que haya percibido o de lo que sus inversiones han generado. En México, la declaración patrimonial antecedió por mucho a las leyes de transparencia, y es por eso que su publicación es voluntaria. El funcionario está obligado a presentarla ante la contraloría interna, pero no a hacerla pública a los ciudadanos.
Tal vez por eso, solo 8 de los 32 ejecutivos estatales publican alguna versión de su declaración patrimonial. Entre quienes han tomado la decisión política de hacerlo, existe una variedad de formatos y tantos niveles en el detalle que hace imposible una comparación efectiva. Algunos gobernadores por ejemplo, convocan a ruedas de prensa en las que se habla de algunos de los bienes de su propiedad, pero no existe forma de encontrar esa declaración patrimonial en alguna de las páginas de internet del gobierno del estado.
Algo similar ocurre con el legislativo. Sólo ciertos legisladores publican en su página web alguna versión de su declaración patrimonial. Y lejos, muy lejos de esta práctica se encuentran los congresos estatales y los gobiernos municipales.
En un gobierno que se ha propuesto transformar, más que administrar, entrar por completo a la discusión de la declaración patrimonial y a la también inexistente declaración de intereses, es asunto obligado.
México debe incorporarse a la lista de países que, como Chile, tienen tanto declaración patrimonial como declaración de intereses, ambas públicas. Es cierto que al momento de hacer pública la declaración patrimonial México deberá tener presentes las obligaciones sobre privacía y datos personales, y ser sensibles a los riesgos de seguridad para los funcionarios públicos. Pero si hemos aprendido algo de las leyes de transparencia que se aprobaron al iniciar el siglo XXI, es que la publicación de los salarios de los servidores públicos federales y estatales no ha incrementado el riesgo de secuestro o el riesgo personal para los mismos.
Si bien la forma en la que hizo publica su declaración patrimonial el Presidente Peña Nieto fue una oportunidad perdida, el hecho de proponer una nueva y mejor declaración patrimonial y de intereses puede hacer que el traspié se convierta en fuente de reconocimiento público. La figura de la declaración patrimonial y de intereses puede y debe actualizarse, pues su formato actual ha quedado rezagado en las sombras de un régimen político que por fortuna ha concluido. En el modelo de gobierno que ha propuesto el Presidente, publicar la declaración patrimonial e incorporar la declaración de intereses sería una señal clara de compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en la construcción de una presidencia democrática.
*Eduardo Bohórquez (@ebohorquez) es director de Transparencia Mexicana (@IntegridadMx), capítulo México de Transparencia Internacional (@anticorruption), un organismo de la sociedad civil que promueve políticas públicas y actitudes privadas en contra de la corrupción y en favor de la cultura de integridad, promoción de la legalidad y rendición de cuentas.