Por: César Astudillo

La reforma electoral 2014 adquiere la totalidad de su sentido cuando se advierte que los congresos de los estados, y en ese sentido los ejecutivos locales y los partidos políticos, dejen de tener la capacidad de designar a los consejeros electorales de los estados. Estamos en presencia, sin lugar a dudas, de uno de los temas que motivaron la reforma.

En los próximos días el INE emitirá la convocatoria correspondiente y se adentrará en la selección de 595 perfiles para integrar una quinteta por cada uno de los siete espacios a renovar en las 17 entidades que tienen elecciones en 2015. El reto no es menor, ya que más allá de verificar quiénes cumplen con los requisitos de elegibilidad, el INE deberá volcarse a determinar quiénes tienen el mejor perfil para integrar a los nuevos OPLEs. La construcción de un acuerdo sobre el particular implicará el compromiso de considerar diversos aspectos. Es evidente que el conocimiento especializado en la materia es uno de ellos, pero sin que signifique priorizar a los abogados sobre quienes tienen una formación profesional distinta, o a quienes ya cuentan con experiencia sobre los que se han mantenido en otras trincheras. El perfil técnico es relevante, pero lo es igualmente la visión política para integrar a aquellos que entienden que su papel no se reduce a la aplicación de reglas sino a la toma de decisiones para abatir los defectos de la democracia. El criterio de género es indispensable; a los consejeros del INE les será sumamente costoso justificar integraciones que no equilibren la presencia de hombres y mujeres; el criterio multicultural debe estar presente, principalmente para aquellos estados de marcada composición indígena; y qué decir del criterio generacional, ausente hasta ahora en los lineamientos del INE, que implica no realizar ningún tipo de exclusión basada en la edad y, en sentido contrario, equilibrar la integración con jóvenes, adultos, y mayores.

Seguramente a la convocatoria concurrirá un nutrido grupo de personas que se irán filtrando en etapas que revisarán el cumplimiento de los requisitos legales, la hoja de vida del aspirante, el grado de conocimientos especializados, la capacidad de afrontar el análisis de un tema en concreto y que valorarán el perfil integral del aspirante mediante una entrevista. Parece un recorrido coherente que busca que a la etapa final arriben los mejores candidatos, pero que toma un sendero muy distinto a aquél bajo el que fueron seleccionados los consejeros del INE, sin que hasta el momento quede completamente claro en donde residen las diferencias entre unos y otros.

Con motivo de lo anterior, se echa de menos la conformación de un Comité Técnico de Evaluación integrado por expertos en la materia y externos al IFE. Todo aquél que conozca a profundidad la naturaleza de los comités sobre los que se apoyó el IFE en sus más de 23 años de vida, coincidirá en que eran necesarios para coadyuvar con la institución en el ejercicio de competencias altamente complejas por su nivel técnico, pero que además constituían herramientas para generar resortes de apertura que permitieran transparentar dichas funciones y acrecentar el nivel de confianza y credibilidad en la actuación del IFE. No debe olvidarse que en este como en otros temas la máxima publicidad no es ex post sino ex ante; es decir, que no se trata de saber cómo tomaron sus decisiones una vez que han pasado, sino de tener la capacidad de conocer, en tiempo real, los parámetros bajo los cuales están tomando decisiones.

Parece acertado blindar el proceso de designación a través de todas las cautelas necesarias; no obstante, debemos estar alertas para que el hermetismo con el que se pretenden llevar a cabo algunas de las facetas de la designación bajo el argumento de la independencia no esconda, en realidad, el deseo de hacer pervivir intereses individuales o de grupo.

No debe perderse de vista que la designación de consejeros por el INE no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para el cumplimiento de objetivos de mayor calado, como la homologación de la calidad con la que ejercemos nuestros derechos políticos a lo largo y ancho del país, y el reforzamiento de la credibilidad y la confianza en la organización de las elecciones estatales.

@AstudilloCesar

Fuente: El Universal