Más allá del esgrima político entre el Gobierno Federal panista y la dirigencia nacional de su principal adversario, el PRI, encuadrado en el escenario de una sucesión presidencial bastante adelantada, el asunto de la Deuda Pública que los Estados y Municipios del país han contratado y que se disparó de manara significativa durante los últimos años, podemos encontrar sin tanto escarbar el tema de la rendición de cuentas de los gobernantes a sus gobernados.
¿En que se gastaron los 363 mil o 315 mil millones de pesos, que los informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reporta? ¿Cuál fue su impacto medido en el bienestar de los habitantes de los estados y municipios? Hasta el momento son interrogantes que no tienen respuesta, pues la batalla mediática entre los ejércitos azules y tricolores, ha privilegiado la lógica electoral: ganar o perder votos potenciales rumbo a julio de 2012.
También el Gobierno Federal tiene pendiente una explicación: ¿Por qué razón el monto de la deuda interna pública se incrementó de 2 billones 749 mil 200 millones en enero, a 2 billones 941 mil 259 millones al segundo trimestre? Casi 132 mil millones en seis meses. Apuesto doble contra sencillo: los ciudadanos ni siquiera conocen los montos, mucho menos el motivo del aumento.
La contratación de deuda pública está permitida y regulada por leyes estatales y federales. Las Leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos, contienen las cantidades provenientes del financiamiento y el pago destinado a cubrir su costo, que los Gobiernos aplicarán en un ejercicio fiscal. Son documentos que se publican en el Diario Oficial de la Federación y en los Periódicos Oficiales de los Estados, así como en los respectivos portales.
Se trata de información pública de oficio. La misma SHCP publica en su portal con periodicidad, el monto de la deuda pública estatal y municipal. Me consta, porque soy lector asiduo de la estadística financiera. Pero no podemos dejarle toda la carga al ciudadano, que hoy en día vive preocupado por los problemas del empleo y en consecuencia de cómo asegurar el gasto familiar, así como en la ola de violencia generada por el crimen organizado.
Nuestra clase política y sus gobiernos, tienen una deuda con Juan Pueblo que aún no cubren: rendirle cuentas todos los días de sus acciones. Aquí se incluye a los legisladores: pues una gran proporción de los billones y millones llegaron a las arcas de los Poderes Ejecutivos y de los Presidentes Municipales, con la autorización de sus respectivos Congresos locales. Acaso es demasiado pedir a nuestros políticos que rindan cuentas sobre el dinero público. Los dictámenes se localizan en cada una de las Legislaturas, es información pública.
Pero no basta, insisto, en dejarle la responsabilidad de enterarse por si mismo al gobernado: es necesario diseñar, implantar y aplicar una verdadera política de transparencia y rendición de cuentas. La obligación, como señala Andreas Schedler, del “accountability” y del “answerability”. Es decir, que el funcionario explique y justifique sus actos (por qué y para qué la deuda pública) ante los ciudadanos, y quede sujeto a una sanción.
Por encima de los obuses y la metralla política, que ha utilizado como munición los billones y millones contratados, queda al descubierto esa inmensa deuda que los gobernantes han acumulado en el disfrute de la opacidad: la rendición de cuentas. Tenemos la obligación y el compromiso, de terquear lo suficiente para construir ese contexto de exigencia social necesario, para que suceda lo anterior. Desde la academia y los medios de comunicación, así como desde los Órganos Garantes de la Transparencia y de la Fiscalización, unamos nuestro esfuerzo para enfrentar el desafío y alcanzar el objetivo.
En este empeño se inscribe el Seminario Internacional organizado por la RRC y su singular temario: analizar desde los principales ángulos (político, social, conceptual, institucional y sistemas de gestión) la fragmentación de esfuerzos que en buena medida explican y ayudan a entender, por qué no se instala en nuestra juvenil democracia, una verdadera política de rendición de cuentas.
Junto con pegado, el Seminario tiene un reto no menos importante: atraer la atención de una clase política con graves síntomas de autismo, para lograr que en las Plataformas Electorales rumbo al 2012, se incorpore a la rendición de cuentas, en la agenda no solamente del próximo Presidente de la República, sino también del entrante Congreso de la Unión.