¿Cómo puede el proceso electoral de 2018 restituir al ciudadano el valor de la política partidaria como principio de equidad y racionalidad de acceso al poder y fundamento de la soberanía del pueblo?

La partidocracia asemeja, elección tras elección, una construcción histriónica de especuladores e impúdicos, cuya farándula propagandística ha lastimado la virtud política y la calidad de la democracia.

Desde hace décadas, el ciudadano vive en una democracia incompleta y erosionada por el quiebre de la interlocución y conducción social de los partidos políticos, cuyo anquilosamiento provoca la crisis socio-estatal que vivimos.

En el malestar de la ciudadanía subyace el convencimiento de que la clase política es la causante y que dada su praxis elitista enquistada en un laberinto de corruptelas e impunidad, también es culpable de que se haya perdido la horizontalidad y el asociativismo que le otorgan contrapeso y equilibrio a la racionalidad política del Estado.

En consecuencia, el debilitamiento de la dinámica ciudadana no sólo ha causado la pérdida de confianza, credibilidad y legitimidad sobre el Estado y sus instituciones, sino que la incertidumbre social es de tal magnitud, que la esperanza-país se ha diluido y la realidad refleja sólo supervivencia en la ley del más fuerte.

En el contexto del proceso electoral de 2018, también está presente la reestructuración y consolidación de las reformas estructurales que la clase política impulsó con vehemencia inusitada y son irreversibles por constituir un reto para el desarrollo nacional, la construcción de oportunidades sociales y la calidad de la democracia.

Concretarlas, reclama la convicción de que la confianza ciudadana sólo puede ser recuperada si el proceso electoral se expresa como la columna vertebral de la democracia, cuya fuerza horizontal y asociativista, permita al ciudadano ser actor protagónico de planes y programas de gobierno y salvaguardar su participación en la toma de decisiones del quehacer público.

Por ende, el proceso electoral debe constituir el trazo reivindicatorio de la dignidad ciudadana, para que el pueblo se convierta en el partido transversal de todo ejercicio de gobierno, como vector que le da magnitud y sentido a las acciones del Estado.

La dinámica de interacción entre ciudadanos y partidos políticos no puede ser antípoda o constituirse en un permanente desencuentro social, que impida que el tejido social tenga una participación organizada y autocrítica que haga del voto un instrumento de conciencia que escrute la relación política con el Estado.

Mientras los partidos políticos no sean interlocutores de los anhelos de justicia social del ciudadano, claudicarán los principios de respeto y el valor de su poder soberano. Esta es la matriz lógica del poder que sirve al pueblo.

Se requiere desterrar el mesianismo político, la verticalidad partidista, el abuso de poder y la concepción residual del pueblo, ya que hasta ahora ha primado la exclusión, la marginación, la pobreza y la desigualdad; condiciones famélicas que oprimen al tejido social y enuncian la indolencia de las élites políticas.

La reestructuración de la conducta de la clase política y la partidocracia, como fuerzas hegemónicas, deben terminar en este proceso electoral para restituir la calidad de la democracia. Ello requiere tres reglas de oro:

La primera virtud es la imaginación política. Los debates no pueden ser sórdidos ni acartonados, son forma y fondo del voto programático, implican horizontalizar contenidos para que los planes y programas sean planteamientos genuinos y recuperen la voz de abajo hacia arriba, como autentica expresión de una plataforma política que debe prescribirse en la concreción de la tarea pública.

La fuerza del debate no estriba en la promesa o en la prebenda, debe ser la valoración significada de la necesidad social, la interacción de propuestas y respuestas, donde el ciudadano sea el actor protagónico, para que las variables que articulen la planeación del gobierno fortalezcan la estructura democrática que empodere al ciudadano.

La segunda esencia la constituyen la transparencia, la probidad y el respeto al proceso electoral. El financiamiento de los partidos y los topes de campaña deben ir acompañados del fin de la propaganda, de la dádiva y del suvenir electoral; de las gorras, las despensas, los materiales para construcción y del dinero para la compra de votos, no se puede seguir vulnerando las condiciones de legalidad del proceso. Hay que desterrar las prácticas clientelares que juegan con la miseria social y depredan el alma del pueblo.

Es tiempo de que la probidad electoral constituya no sólo un código legal del proceso, sino un acto de honor, en donde lo que prime sea el poder programático del partido, la claridad y fuerza de su propuesta, la capacidad de conducción política y el respeto al ciudadano.

La tercera condición estriba en concretar el voto programático en el ejercicio del quehacer público. Toda fórmula y candidato ganador es expresión irrestricta de la voluntad del pueblo. No puede caer en la pantomima y la simulación del ejercicio de gobierno. Es necesario garantizar el funcionamiento de los pesos y contrapesos políticos en los poderes públicos, pero esta vez, con un elemento indispensable, la corresponsabilidad de la participación ciudadana en la toma de decisiones, la cual como derecho humano, debe oscilar transversalmente en toda acción pública.

El significado del ejercicio de la democracia representativa provine del carácter público y soberano que le confiere la voluntad del ciudadano. El parámetro de su calidad estriba en hacer del ejercicio de gobierno dignidad humana; si no se logra, las dádivas, las gorras y la propaganda panfletera, seguirán quebrantando el mandato del pueblo.

Agenda

  • El presidente Enrique Peña Nieto asistió a la XXV reunión de los 21 líderes del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrado en Da Nang, Vietnam, donde se refrendó el compromiso de impulsar el libre comercio, la integración regional, el desarrollo sustentable e incluyente, la apertura de oportunidades para los distintos sectores de la economía, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, fortalecer la innovación y la capacidad de adaptación y mitigación de las economías ante los efectos del cambio climático.
  • Felicito y le deseo éxito en el desempeño de su responsabilidad al Dr. Armando Roldán Pimentel, quien fue designado por el Congreso del Estado, Auditor Superior del Estado de Hidalgo; institución con un papel fundamental en el Sistema Estatal Anticorrupción.
  • El mejor de los parabienes, igualmente al Lic. José Antonio Alvarado, quien se incorpora como Director de El Sol de Hidalgo. Mi gratitud y reconocimiento al muy destacado trabajo de Don Carlos Sevilla, quien dirigió este importante rotativo hidalguense.

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